La ley 23.511 que creó el BNDG cumple treinta años. Pero su labor comenzó mucho antes, cuando no tenía nombre ni ley. Y desde hace tiempo se restringió el derecho a la identidad de todos.
Jueves 1ro de junio de 2017 12:56
Inició sus actividades en 1984, en la que fuera su sede por más de treinta años: la Unidad de Inmunología del Hospital Durand. Allí el banco cumplió, con excelencia, sus funciones hasta septiembre de 2015 cuando fue “trasladado” en una controvertida mudanza a la que muchos de quienes tenemos muestras biológicas y esperanzas depositadas allí nos opusimos.
En 1984, de mano de quien fuera su primera directora y quien estuvo en dicho cargo hasta 2006, la primera persona en ser identificada por el que se convertiría años más tarde en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) fue Paula Logares.
Poco después, y antes de la sanción de la ley en 1987, también fueron identificadas ocho personas más: Liliana y Marina Bau Delgado, Amaral García Hernández, Carla Rutila Artes, María Eugenia Gatica Caracoche, Laura Scaccheri, Ximena Vicario y Elena Gallinari.
Es por todas las muestras que ingresaron desde 1984 y hasta su sanción que el artículo 7 de la ley 23.511 contempla “los datos registrados hasta la fecha en la Unidad de Inmunología del Hospital Carlos A. Durand integrarán el BNDG”.
La importancia de esta ley, de la que hoy se cumplen treinta años de su promulgación, trasciende la de identificar a los hijos de personas desaparecidas. Por 22 años, hasta noviembre de 2009 y tal como lo establece su artículo 1, su labor era más amplia: “Créase el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) a fin de obtener y almacenar información genética que facilite la determinación y esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación”.
A pesar de ser conocido casi exclusivamente por sus pericias vinculadas a los hijos de desaparecidos, la realidad es que hasta noviembre de 2009 la mayoría de las miles de muestras del BNDG no estaban vinculadas a temas de lesa humanidad sino a otros casos.
Con la excusa de que estas otras pericias “demoraban” los análisis de los familiares de desaparecidos se sancionó en noviembre de 2009 la ley 26.548 que restringió el objeto fundacional del BNDG. Los casi ocho años que transcurrieron desde dicha restricción mostraron lo falso de esa afirmación. Los tiempos no mejoraron sino, por el contrario, desde el “traslado” del BNDG en septiembre de 2015 los tiempos de los análisis se duplicaron.
Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que en nombre del derecho a la identidad (de unos pocos) se restringió el derecho a la identidad de todos.
En 2013, al reglamentarse esta nueva ley a la cual intentó llamarse “de creación del BNDG” y conocerse que desde 2009, por resolución del Ministerio de Ciencia y Tecnología que preside Lino Barañao, se restringió el acceso al BNDG a la mayoría de la población, un colectivo formado por varias personas, entre ellas las abuelas Chicha Mariani, Elsa Pavon y Mirta Baravalle iniciaron una causa judicial para pedir por la inconstitucionalidad de los artículos de la ley 26.548 que limitaron el objetivo fundacional del BNDG.
A casi cuatro años de iniciado dicho expediente, el juez Luis Marinelli aún no se expidió al respecto.
