La multinacional realizó la presentación judicial el jueves, antes de reunirse con los trabajadores. Es claro el apriete para que los obreros acepten la turbia propuesta que les realizaron.
Lunes 31 de julio de 2017 11:49
En el día de la fecha la Justicia provincial podría dar curso a una orden de desalojo presentada por cervecería y maltería Quilmes contra los obreros despedidos de Pepsi, que se encuentran acampando en los portones de la planta desde el 20 de julio para evitar su vaciamiento.
Según pudo averiguar La Izquierda Diario, en diálogo con los trabajadores, hace minutos fueron comunicados por una fuente de confianza que en la jornada de hoy se le daría curso en la Justicia provincial a la orden de desalojo. Los propios trabajadores, además afirmaron que en la reunión del viernes pasado en Buenos Aires, el intendente de Trelew y Adrián Maderna y el ministro de Producción Pablo Mamet fueron advertidos por representantes de la empresa que el día anterior habían realizado la presentación.
Si bien la empresa de palabra habría aclarado que no proseguirían con la presentación hasta tanto los trabajadores respondan a la propuesta realizada, es indudable el apriete para que la misma sea aceptada. La multinacional, propiedad de AB InBev, no solo despidió sin previo aviso a 48 familias el 29 de mayo pasado, en complicidad con la conducción del Sutiaga, sino que ahora los chantajea con desalojarlos mediante represión por reclamar por sus fuentes de trabajo.
La propuesta de Quilmes, según comunicó que el Gobierno provincial y municipal, es supuestamente financiar la compra de maquinaria para la cooperativa, que debería instalarse en otro local y no en la actual planta. Se desconoce los detalles del financiamiento y si los trabajadores deberán devolver el monto del mismo. Existen ciertos y serios riesgos que, de aceptar la propuesta, se endeuden de por vida.
Los obreros se encuentran desde el 20 de junio acampando exigiendo el cobro total de las indemnizaciones y la concreción del proyecto de una cooperativa de envasado de agua y soda en la planta. El Gobierno provincial de Mario das Neves debe garantizar la integridad física de los trabajadores y evitar cualquier resolución violenta contra quienes luchan por las fuentes laborales.
Recordemos que el 8 de julio más de 800 personas marcharon por las calles de la ciudad en solidaridad con la lucha y que el 22 de julio más de 600 personas se hicieron presentes en los portones de la planta ante un festival organizado por los propios obreros. Toda la comunidad trelewense y de alrededores se ha solidarizado desde un primer momento con los trabajadores que ven como un ejemplo ante la avanzada de miles despidos y suspensiones en la provincia.
