En la conferencia presidencial el presidente se refirió al decreto presidencial para declarar obras como el Tren Maya como asuntos de seguridad nacional
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 19 de mayo de 2023
Durante la conferencia mañanera de este viernes, López Obrador hizo referencia a la disputa que mantiene con la Suprema Corte respecto a la invalidación de su decreto por medio del cual se declararían obras “emblema” de su administración como asuntos de seguridad nacional.
El mandatario descartó que el nuevo decreto para declarar estas obras como de seguridad nacional obedezca a contratos externos o actos de corrupción, pues insistió en que “no somos iguales” a las administraciones anteriores.
“Por eso ayer se tomó una decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta (…) en una zona de seguridad nacional y de interés público. ¿Por qué? Dicen, es que el presidente no quiere que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya, porque hay negocios, hay corrupción, nosotros no somos iguales, no somos corruptos”, agregó.
Más allá de la corrupción o no que pueda haber detrás de estas obras, lo cierto es que, en el caso del Tren Maya o del Corredor Transístmico, el impacto ambiental y el despojo de comunidades son factores que han sido fuertemente cuestionados por organizaciones ambientales, científicos o representantes de pueblos originarios y comunidades campesinas. El problema no es la realización de obras de infraestructura, sino la lógica del capital que tiene fuertes inversiones e intereses de por medio y que busca maximizar sus ganancias y abaratar sus costos.
Otro tema que atravesó la mañanera fue la acusación del presidente da la presidenta de la Suprema Corte de justicia, Norma Piña, de contratar a Sonia Vargas Terrero como Coordinadora de Administración del Consejo de la Judicatura pese a que trabajó en la Policía Federal como directora de recursos materiales en tiempos de García Luna. Aseguró que Vargas Terrero está involucrada en las investigaciones de entrega de contratos ilegales e inmorales de la Policía Federal.
“Firmó contratos relacionados con la adquisición, mantenimiento, prestación de servicios… con empresas que se encuentran en investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Con fecha 1 de abril de 2023 la ministra presidenta la contrató como directora de la coordinación de administración del Consejo de la Judicatura”, expresó.
De esta manera, se demuestra una vez más, como los grupos de narcotraficantes tienen vínculos directos con funcionarios y políticos del más alto nivel, siendo quienes los encubren y protegen mientras los consumidores son tratados como delincuentes y estigmatizados.
