Las muertes de Carlos Galián (genocida de la ESMA), de Jorge Olivera Róvere, a quien se esperaba juzgar en cuatro causas, y de Antonio Mocellini, uno de los marinos que iba a ser juzgado en la causa Fuerza de Tareas 5, juicio a punto de empezar en La Plata, se suman a la lista de la impunidad.
Sábado 25 de abril de 2015
Acusado de ser coautor de 133 casos de secuestros con violencia, de privación ilegítima de la libertad por más de un mes en 462 casos, de 607 casos de imposición de tormentos para obtener información, de 3 casos de imposición de tormentos con resultado muerte, 28 de sustracción-retención y ocultamiento de menores, 50 homicidios agravados por alevosía, entre otros delitos Carlos Galían falleció el 18 de abril como consecuencia de un cáncer a los 69 años.
Suboficial identificado por seis sobrevivientes con una foto que tardó años en salir de los expedientes de la Armada, forma parte de los 66 imputados en el tercer tramo de la megacausa ESMA aún en trámite. Uno de los tantos genocidas beneficiados por una justicia a cuanta gota que los premia con prisiones domiciliarias y medidas prohibidas. Galían fue llevado luego de certificarse las reiteradas violaciones a la prisión domiciliaria al Hospital Naval “Pedro Mallo”. Después de la fuga de los condenados Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central el Ministerio de Defensa en el 2013 prohibió medidas como estas pero igualmente el TOF 5 dictó una medida cautelar para que una docena de represores de la ESMA que dicen tener problemas de salud se atiendan en el Hospital Naval.
El marino Antonio Ángel Mocellini, de 78 años, iba a ser juzgado recién este año en La Plata en el proceso FT 5 que incluye solo una parte de los crímenes de la Armada y Prefectura en la zona de La Plata, Berisso y Ensenada pero mientras miles marchábamos a 39 años del Golpe genocida este 24 de Marzo exigiendo juicio y castigo a todos los genocidas Mocellini recibía su sepelio en un cementerio privado del Gran Buenos Aires. Con su muerte sólo 8 marineros podrán ser llevados al juicio. Siete de ellos gozan ya del beneficio de la detención domiciliaria y sólo uno está en prisión efectiva.
Esta semana en un comunicado público de HIJOS La Plata se dio a conocer que el lunes 20 de abril el Juzgado N° 3 de La Plata notificó a las querellas de los organismos de DD.HH una cédula notificando el fallecimiento el 14 de febrero pasado del genocida Jorge Carlos Olivera Róvere el 14 de febrero de este año. Como General de Brigada del Ejército y Subjefe del Comando del Primer Cuerpo de la Armada sólo afrontó un juicio ante el TOF 5 de la Ciudad de Buenos Aires, del que salió condenado a perpetua en octubre del 2009 por 120 casos de secuestros y torturas, junto Bernardo Menéndez. Y, como reconocimiento, la justicia le permitió pasar sus últimos años en un departamento de avenida Callao al 1460 en Recoleta. En ese mismo proceso fueron absueltos el general de brigada Teófilo Saá y los coroneles Felipe Alespeiti y Humbreto Lobaiza, jefes del Regimiento de Infantería 1 Patricios y del Area II de la subzona Capital Federal, entre 1975 y 1979.
Su responsabilidad se juzga en tres de las grandes causas que se instruyen en La Plata por delitos de lesa humanidad, en la zona del Circuito Camps, por 9 casos de desapariciones en la Brigada de San Justo, por 46 casos del Pozo de Quilmes y, por 33 casos del Pozo de Banfield. Implicado además desde 2013 en los primeros tramos de la causa por el Plan Cóndor.
Nosotros continuaremos denunciando el retardo en las investigaciones judiciales, la fragmentación de las causas y la no apertura de los archivos que permite que después de más 39 años cientos de genocidas se mantengan en la impunidad. Seguiremos peleando por juicio y castigo efectivo.
