GOBIERNO PEDRO SÁNCHEZ. Tres grandes demandas sociales que Pedro Sánchez no piensa atender

La semana pasada analizaba en esta nota la clara continuidad del gobierno Sánchez respecto a la escalada represiva puesta en marcha por el Rajoy de la Mordaza. Detengámonos esta semana en lo que ha sido el centro de la acción de gobierno de estos días: algunas de las principales reivindicaciones sociales que han estado en el centro de las movilizaciones contra el gobierno del PP ¿Qué pretende hacer con ellas el nuevo ejecutivo?

No hay vuelta atrás: las pensiones seguirán perdiendo poder adquisitivo en los próximos años

Uno de los sectores más movilizados en este 2018 sigue siendo el de los pensionistas. Desde 2013 la vinculación de sus pensiones con el IPC desapareció, una reforma estructural a propuesta e insistencia de la Troika, que ha permitido una pérdida de poder adquisitivo acumulado de al menos 4 puntos. De continuarse con las subidas del 0,25% en pocos años el Estado español lograría una bajada como la que ya han conseguido los gobiernos del PASOK, Nueva Democracia y ahora Syriza en Grecia.

Sánchez ha querido dar prioridad al problema de las pensiones ¿Asumiendo la principal demanda de las mareas y plataformas? No. Ha reunido al opaco Pacto de Toledo y, según han filtrado desde Unidos Podemos, lo que habría sobre la mesa es recuperar algún mecanismo de subida que incluyera el IPC pero no como única variante. Las subidas estarían pues sujetas a otros índices como el IPC o el déficit público, y limitadas a los años de bonanza. Es decir, a medio plazo se mantiene la bajada aunque puede que a un ritmo más lento.

La liquidación -o reforma estructural si atendemos a los eufemismos oficiales- del sistema público de pensiones, es una de las grandes contrarreformas exigidas por la Troika y necesarias para cumplir el artículo 135 de la Constitución – sí, el que modificó Zapatero en 2011- que obliga a priorizar sobre cualquier otro gasto el pago de la deuda y los intereses.

Es posible que aprovechando la coyuntura favorable de la economía se quiera proponer un nuevo sistema de calculo que implique, en estos momentos, una subida incluso equivalente al IPC del pasado año. Pero esto siempre se haría de manera excepcional. Volver a un escenario de actualización automática está descartado. Menos aún a un sistema de financiación que haga cargar las pensiones a impuestos especiales sobre la banca o las empresas, como en algún momento balbuceó un Sánchez con fiebre de campaña electoral.

Para garantizarlo, Sánchez ha puesto en Economía a Nadia Calviño, la exdirectora general de la Comisón Europea. Toda una “mujer de negro” que se ha dedicado a hacer cumplir los planes de ajuste. Gracias a ella hoy los jubilados y jubiladas griegas sobreviven con pagas de 400 y 500 euros.

¿Qué hay de la Reforma laboral de 2012?

La nueva Ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya dejó claro que la principal reivindicación de las huelgas generales de 2012 y del movimiento obrero, no podrá llevarse adelante: “La reforma laboral no se puede derogar”. Este miércoles se producía la primera mesa de negociación con las direcciones de CCOO y UGT y las patronales CEOE y CEPYME, y esa posibilidad no está en el tapete. A lo sumo se avendría a revisar algunos aspectos, aunque el gobierno no ha indicado en qué dirección.

Poco más ha trascendido de la cita, salvo la valoración como “positiva” de parte de Unai Sordo y Pepe Álvarez. Poco o nada fiables palabras, viniendo de quienes desde 2012 se han negado a impulsar ninguna lucha seria para conseguir terminar con el fin de la ultractividad de los convenios, las claúsulas de descuelgue a la carta de los mismos, la liquidación de la negociación colectiva y las facilidades para externalizar actividades centrales de la empresa.

Estos han sido los cuatro jinetes del apocalipsis contra la clase obrera. Llovía sobre mojado, la ofensiva que generó un paro de masas por encima del 25% y ahora una extensión de los salarios de miseria, la precariedad y formas cada vez peores de explotación, pudo llevarse adelante facilitada por las reformas previas tanto del PP como del PSOE (la última en 2010 para abaratar el despido).

Las Kellys le recordaban a Sánchez que había declarado su apoyo a su principal reivindicación, el fin de las externalizaciones. Sin embargo, la Comisión Europea -insistimos, el lugar de donde proviene la ministra de Economía- ha bendecido repetidamente esta ofensiva que ha permitido recuperar el PIB previo a la crisis a costa de un empobrecimiento significativo de la clase trabajadora. De hecho ha seguido demandando, con Calvió como directora, nuevas reformas laborales en la misma dirección.

Con esto, y sobre todo con los antecedentes del PSOE -padre de la reconversión industrial, los “contratos basura” y el despido exprés-, es difícil creer, y así lo plantean tranquilos todos los economistas burgueses, que se vaya a dar marcha atrás en todo lo avanzado por la patronal. Puede que se quiera dar a cambio algún acuerdo salarial, para los trabajadores públicos o incluso con la patronal -luego cada empresario lo cumple o no- , para tratar de tapar que Sánchez, como González y Zapatero, seguirá legislando para los grandes capitalistas españoles.

La agenda del 8M y el límite de lo simbólico

Pero si una agenda de reivindicaciones ha ocupado masivamente el espacio público en los últimos meses, esta ha sido la del movimiento feminista. La gran jornada de huelga y movilización del 8M sacó a millones a la calle y los paros fueron secundados por más de 5 millones. Un tsunami contra la violencia machista, que tuvo también en el centro la denuncia de la brecha salarial, el desmantelamiento de los servicios públicos -que redobla las carga de trabajo no remunerado de las mujeres- y la precariedad laboral que golpea especialemente a las trabajadoras.

La primera respuesta de Sánchez ha sido la de conformar un gobierno con mayoría de ministras por primera vez en la historia. Sin embargo, como plantea Josefina Martínez en este artículo, “el nuevo gabinete es una clara representación de lo que la feminista norteamericana Nancy Fraser definió, en referencia al Partido Demócrata norteamericano y los social-liberales europeos, como “neoliberalismo progresista”. Un cóctel de valores afines a la “diversidad, el multiculturalismo y los derechos de las mujeres” junto a políticas neoliberales que beneficiaron al capital financiero y las multinacionales globalizadas”.

Las principales demandas que se escucharon en los piquetes y manifestaciones del 8M tendrán que esperar, y serán las mismas ministras las que se opondrán a ellas. Calviño como garante del “déficit cero” que mantendrá los servicios públicos, la ampliación de plazas en guarderías, residencias o las políticas de protección a las mujeres que sufren violencia machista, bajo mínimos. O la misma Valerio como garante de la legislación laboral que permite formas de ultraexplotación como las que denuncian las Kellys y que afectan especialmente a las mujeres trabajadoras inmigrantes.

¿Ser el sostén izquierdo del Gobierno o reactivar la movilización social para conquistar nuestras demandas?

Pablo Iglesias señalaba recientemente que la llegada de Sánchez a la Moncloa era la expresión de las manifestaciones de pensionistas o la jornada de huelga y movilización del 8M. Una expresión cuanto menos sui géneris, ya que lo que pretende el PSOE no es dar resolución a sus demandas si no intentar desactivar estas y otras protestas y malestares sociales a cambio de política de gestos.

Una nueva “guerra cultural”, como la que en su día planteara Zapatero sacando las tropas de Iraq y ampliando derechos civiles para tapar las políticas económicas que mantenían y ampliaban la precariedad y la especulación económica. Iglesias habla de “expresión” cuando lo que en verdad hay es un intento de desvío y negación.

De la misma manera que Podemos no es expresión del 15M, si no su negación. Como prueba un botón: el “sí se puede” de unas plazas que se llenaron de indignación contra el bipartidismo y sus políticas, entonado esta vez por sus diputados para dar la bienvenida a un nuevo gobierno del turno. Para más “inri” del mismo partido que el que gobernaba en 2011.

Iñigo Errejón va aún más lejos llegando a decir que “Podemos tiene que ser una fuerza que respalde, sostenga y empuje a este Gobierno”. Y por su parte la burocracia sindical, que ha dejado muy tranquilo a Rajoy en los últimos años, se propone ahora volver a las mesas de negociación y avalar desde ellas los gestos, migajas y hasta nuevas contrarreformas y ajustes si es necesario.

Si Sánchez parece querer reditar la operación de reflote del PSOE de Zapatero -en unas condiciones mucho más difíciles, tanto políticas como económicas- los dirigentes de Podemos e IU parecen aspirar a ser los nuevos Llamazares, cuando éste actuaba de “pepito grillo” del gobierno que preparó las condiciones para que la crisis fuera descargada de forma brutal y en un solo golpe sobre nuestras espaldas.

El movimiento de pensionistas -que ya ha anunciado que no piensa conformarse con migajas como las que incluían los Presupuestos del PP- , la clase trabajadora -desde los sectores críticos de CCOO y UGT hasta la izquierda sindical y colectivos en lucha como Las Kellys o los Riders- y el movimiento de mujeres no puede quedar encorsetados por las políticas de la izquierda reformista y la burocracia sindical.

La clase obrera y los sectores populares no le debemos nada a este gobierno ni al PSOE – o sí, gran parte de nuestros problemas- y es por ello que es urgente abandonar toda ilusión en que nuestras demandas van a ser otorgadas desde arriba por la gracia de Sánchez o el buen quehacer negociador de Sordo, Álvarez o Iglesias. Es necesario exigir a las direcciones de CCOO y UGT el abandono de su política de concertación y paz social, e imponerles un plan de lucha y una huelga general por la agenda de los pensionistas, la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los inmigrantes.