Congreso. Tres trampas del Senado y la única forma de que caiga la Ley Bases

Después del dietazo que se auto votaron los senadores y senadoras, la Cámara Alta vuelve a concentrar todas las miradas por el tratamiento de la Ley de Bases y el paquete fiscal.

Dos leyes claves para el gobierno de Javier Milei, que a pesar de atravesar el quinto mes de mandato no ha podido anotarse aún ningún triunfo legislativo. Estas son leyes contienen cambios estructurales para el país que van desde el saqueo de bienes comunes naturales, pasando por duros ataques a derechos laborales y contra jubilados, hasta el remate y desguace de empresas públicas. El objetivo de La Libertad Avanza es atraer inversiones extranjeras, generando todas las condiciones para la entrega nacional, y se destaca por su obscenidad en favor del gran poder económico. Además el FMI le exige ajuste y mostrar “consensos políticos” en el Congreso, que presionan para lograr la sanción de estas leyes.

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Esta semana todo el debate público se concentró en los cambios que le hará el Senado, y las críticas de voces opositoras que van desde Unión por la Patria, sectores de la UCR y el PRO, hasta de bloques provinciales. Pero el verdadero punto crítico para las amplias mayorías que serán atacadas y perjudicadas con estas leyes, está en otro lado. En la votación en general.

La sesión del Senado todavía no tiene fecha. Es que La Libertad Avanza sufrió un traspié: quiso sacar dictamen esta semana de las comisiones y no pudo, no alcanzó el quórum. Antes del fallido intento desfilaron funcionarios de Milei y no faltaron los papelones. Fue el caso del Secretario de Energía, Chirillo, que reconoció no haber leído uno de los artículos del polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Frente al cuestionamiento que recibió del senador radical Martín Lousteau, el funcionario agregó otro reconocimiento: “quizás la redacción no es feliz”. El debate de las comisiones continúa este lunes 13 de mayo a las 15 horas, y varios de los bloques opositores impusieron que haya expositores. Todo eso agrega demoras al tratamiento a pesar del gobierno.

Son tres las trampas fundamentales que se intentan esconder o desdibujar del debate del Senado.

Trampa 1: con cambios es una sanción en los hechos

Si el Senado les da la aprobación en general, aunque se le hagan modificaciones en particular, ya sería una sanción en los hechos. Porque con el regreso a Diputados desaparece por completo la posibilidad de desechar estas leyes, y sólo resta que acepten o rechacen los cambios del Senado. Esto es reconocido por el propio ministro Francos: “una vez que esté aprobada la ley en general, para nosotros es ley. Más allá de diferencias pequeñas en algunos temas”. En eso, tiene razón.

Cuando la Cámara de origen (en este caso Diputados) le da media sanción a una ley, se abren tres posibilidades. Pero solo en una la ley puede caer: si la Cámara revisora (en este el Senado) la rechaza en general. De esta forma el gobierno de Milei no podrá volver a insistir con su tratamiento durante todo este año legislativo. Por eso cobra más relevancia lo que suceda afuera del Congreso el día de la sesión, si hay paro y movilización como reclaman organizaciones de trabajadores, jubilados, de mujeres, monotributistas, jubilados, la izquierda. De no expresarse con fuerza el amplio rechazo de las mayorías que son atacadas con estos proyectos, los senadores y senadoras tendrán el camino allanado para que lo que defina sea la negociación de la billetera y la rosca parlamentaria. Si para conquistar derechos siempre fueron decisivas las masivas movilizaciones (como fue con el derecho al aborto), lo mismo ocurre cuando el Congreso busca atacar y quitar derechos como pretenden ahora.

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Trampa 2: la vuelta a Diputados

Si el Senado le hace modificaciones en particular, la ley tiene que volver a Diputados para que complete el trámite. Ya con la sanción definitiva en los hechos, lo único que restaría es una resolución sobre los cambios del Senado. Ya no se puede ni desechar la ley, ni hacerle nuevas modificaciones, por eso ni siquiera pasaría por comisiones. Va directo al recinto.

El detalle es que la Cámara de Diputados puede rechazar los cambios e insistir con la versión de la media sanción si reúne el mismo tipo de mayoría que el Senado.

Por ejemplo: si la Cámara Alta vota un cambio por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) o por mayoría absoluta (la mitad más uno del total de miembros), en Diputados el oficialismo podría mantener la versión de la media sanción, rechazando los cambios de la Cámara revisora. La mayoría absoluta en el Senado se consigue con entre 37 y 47 votos, en el caso de Diputados con entre 129 y 171 votos.

Recordemos que en Diputados la aprobación en general se obtuvo con números holgados gracias al apoyo de los bloques colaboracionistas: 142 en la ley ómnibus y 140 en el paquete fiscal. En las votaciones particulares tuvo 134 votos para la delegación de facultades, la reforma laboral entre 136 y 141, las privatizaciones 138, el RIGI 134, la restitución de ganancias 132. El único capítulo que tuvo una votación menor a la mayoría absoluta fue la eliminación de la moratoria jubilatoria que tuvo apenas 125 afirmativos (debido a varias ausencias y abstenciones).

La única forma en que se complicaría es si en el Senado logran votar modificaciones por dos tercios de sus integrantes. Es quiere decir que la Cámara Alta consiga una mayoría de 48 o más votos. En ese caso necesitarían que se alineen la totalidad de Unión por la Patria (33) y 15 senadores más. Un escenario muy difícil: tendrían que lograr las adhesiones de varios bloques provinciales (2 de Santa Cruz, 2 de Misiones, 1 de Rio Negro y 1 de Neuquén), los 2 senadores del “peronismo disidente” (Kueider y Espínola), y al menos 7 de la UCR (o 6 radicales más la larretista del PRO, Tagliaferri). Solo así, en Diputados el oficialismo quedaría muy complicado porque necesitaría el número de 172 para insistir con la versión original de la media sanción. Prácticamente un número imposible de alcanzar.

Un dato no menor es que los puntos centrales que se están debatiendo modificar tienen que ver con el RIGI (régimen de incentivos a las grandes inversiones), la restitución de ganancias y el blanqueo de capitales. Poco y nada se dice sobre la reforma laboral que quitará derechos y llevará a una mayor informalidad.

En este escenario probablemente haya otro debate al momento de volver a llevar al recinto de Diputados las leyes: cómo se va a votar si se aceptan o rechazan los cambios. Aunque no está reglamentado, los “usos y costumbres” del derecho parlamentario indican que si una ley vuelve a la Cámara de origen con modificaciones, se hace una sola votación sin desguace de los capítulos o artículos modificados. Solo una vez en la historia ocurrió que se intente desguazar la votación, y requiere que una mayoría de diputados lo fundamente y ponga a votación esa modalidad. Es probable que el oficialismo busque evitar hacer votaciones separadas. Es decir: si hay cambios en dos o más capitulos, que se acepten o rechacen en paquete.

Trampa 3: la dudosa unidad del peronismo y los silenciosos

Cuando el punto central de este debate es si el Senado rechaza o aprueba en general estas leyes, todavía hay muchos legisladores que se niegan a decir cómo van a votar, inclusive los de Unión por la Patria. Es una forma de especular y negociar con el gobierno de Mieli.

Para el rechazo en general hace falta garantizar al menos 37 senadores y senadoras (si están todos presentes y ninguno se abstiene). Muchos intentan instalar que a Unión por la Patria le faltan apenas 4 voluntades para lograrlo, ya que su bloque es de 33 integrantes.

Pero no está asegurado que la totalidad vaya a apretar el botón de negativo en el recinto. Son dos los senadores más apuntados con dudas: el catamarqueño Guillermo Andrada (que responde al gobernador peronista Raúl Jalil) y la tucumana Sandra Mendoza (que responde al gobernador Osvaldo Jaldo, también del peronismo). A pesar de que no se pronunciaron públicamente para decir cómo van a votar, hay quienes ya consideran que Andrada votará a favor del gobierno de Milei junto al PRO y buena parte de la UCR. En el caso de la senadora tucumana, el que hizo declaraciones fue su esposo José Orellana, diputado provincial. “Tengo entendido que ella forma parte del bloque Unión por la Patria y está ahí. Pero también forma parte de un esquema político en el que nuestro gobernador (Osvaldo Jaldo) también necesita que nuestros senadores acompañen” aseguró Orellana en un medio local casi adelantando una justificación del voto con Milei.

Entre los dudosos de Unión por la Patria se incluye a Sergio Uñac, ex gobernador de San Juan. Es otro de los que se niega a adelantar cómo va a votar. Aunque en su caso se especula con que actúe de la misma forma que sus pares sanjuaninos de Diputados: que rechace en general, pero aporte un voto afirmativo al RIGI para congrasaciarse con el lobby minero de su provincia.

De esta forma, hasta que no hagan pública su posición, Unión por la Patria solo puede asegurar 30 senadores para el rechazo en general.

No es el único espacio que sigue escondiendo su voto ante la población para sacar alguna tajada en negociaciones con el gobierno. En la misma situación están Martín Lousteau y Maximiliano Abad de la UCR. Aunque Lousteau se ha mostrado muy crítico de varios puntos en el debate de comisiones, no dice qué cómo va a votar en general en el recinto. Tampoco se puede descartar que, si hay cambios en el RIGI, acompañe a la Libertad Avanza en la ley ómnibus, pero no en el paquete fiscal. Similar es la situación de Guadalupe Tagliaferri, senadora del PRO y de las ultimas larretistas que quedan.

De los bloques provinciales, también esconden el sentido de su voto los 2 santacruceños Carambia y Gadano. Son del espacio del gobernador Claudio Vidal, que es de los más activos que está negociando compromisos del poder ejecutivo con su provincia. Entre las dudas se incluye a Mónica Silva de Rio Negro, que reporta al gobernador Weretilneck, aunque su par en Diputados votó casi todo con La Libertad Avanza.

La lista de los dudosos silenciosos se completa con dos senadores del “peronismo disidente” que no responden a ningún gobernador. Son Carlos Espínola (Corrientes), y Edgardo Kueider (Entre Rios).

El ministro Guillermo Francos se mostró optimista y aseguró esta semana que para la votación en general ya tendrían “más de 38 votos”. En su cálculo, cuenta a su favor a gran parte de los dudosos: los 3 de Unión por la Patria (Andrada, Mendoza y Uñac), 2 de Santa Cruz, y la rionegrina Silva. A ellos les suma: los 7 de La Libertad Avanza y 5 del PRO (sin Tagliaferri), 4 ex Juntos por el Cambio, la neuquina Crexell (con terminales con el gobernador Figueroa), 12 de la UCR (sin Lousteau), la cordobesa Vigo (responde al gobernador Llaryora), y 2 misioneros (responden al gobernador Passalacqua).

Cada sector juega con una versión a su favor generada por el silencio y la especulación de quienes se niegan a confirmar su voto. El escenario está abierto, y hasta ahora baila al compás de las negociaciones y la billetera del presidente Milei. Lo que puede inclinar la balanza será un rechazo contundente que se exprese afuera del Congreso con un paro y una masiva movilización.