Educación. Tribunal Constitucional: el comodín de la derecha y los empresarios

El fallo del TC, pese al silencio y llamados a la tranquilidad de parte del ministerio de educación, quien dice que no se vió afectado “el corazón de la reforma”, de fondo, celebra el haber eliminado una norma que, como consecuencia, deja mucho más abierta la posibilidad de lucro.

No es casual que se plantee que la educación gratuita afectaría a la estabilidad constitucional, pues uno de los pilares fundamentales de la dictadura y la constitución del 80 es la educación de mercado. Y no sólo por ser una batalla ideológica que busca imponer la derecha con la educación, sino porque allí están involucradas grandes ganancias empresariales: en Chile, la educación es un negocio que rinde más ganancias que las salmoneras o las farmacéuticas.

Hoy día el TC tiene la posibilidad de revertir las leyes que se discuten en el congreso, apelando a la inconstitucionalidad. Sabemos que las cámaras parlamentarias ya son espacios donde es casi imposible conseguir nuestros derechos efectivamente: así lo ha sido con la Ley de Educación Superior que no asegura la gratuidad universal, con la Ley de Aborto que sólo responde a un 3% de los abortos clandestinos, sin entregar aborto libre, legal, seguro y gratuito, y así funcionó también con la Reforma Laboral, que sólo vino a flexibilizar aún más las condiciones laborales.

Entonces, si el parlamento ya es un espacio donde los sectores más reaccionarios hacen política para limitar la conquista de nuestros derechos, el Tribunal Constitucional viene a ser la carta bajo la manga de esos mismos sectores conservadores cuando no han podido lograrlo a través del Parlamento. Sobre todo ahora, que quien gobierna es Piñera, la derecha y los empresarios. El rol del TC es justamente el resguardo de aquellos intereses.

Entonces lo que tenemos que preguntarnos es cómo vamos a conquistar nuestras demandas, pues para superar las trabas de la legislación a favor de los empresarios y resguardada bajo la constitución de Pinochet, el Parlamento se vuelve completamente insuficiente, tanto porque los sectores más de derecha cuentan con herramientas anexas para imponer sus intereses, como porque, hasta el momento, todos los partidos políticos que tienen bancas parlamentarias, parecen más dedicados a negociar con aquellos sectores más que buscar cómo imponer las reivindicaciones de los movimientos sociales.

La existencia de posibilidad de lucrar, a raíz del artículo 65 de la reforma, ya permitía que el dinero “excedente” de las instituciones se destinase a “fines educativos”, entre los cuales contaba la firma de “contratos con entidades para inversiones”, lo cual es la demostración de que por delante estaba la negociación con los intereses de empresarios. Sin aquella ventana abierta, la derecha no hubiese aprobado jamás la reforma a la Educación Superior, y la eliminación del artículo 63 terminó por ser solo el golpe de gracia para que los sectores conservadores a favor del empresariado educativo, terminaran de imponer sus intereses.

¿Acaso no ha sido la fuerza del movimiento estudiantil llevada solo a la vía parlamentaria, lo que nos ha trabado la imposición de nuestras demandas?

EL 2011 cuando los estudiantes se movilizaron masivamente por el derecho a la gratuidad universal en la educación, como forma de solucionar el endeudamiento, no era solamente una demanda económica o gremial. Al cuestionar la lógica del endeudamiento poniamos en cuestión el principio del estado subsidiario, consagrado por la constitución pinochetista , que entrega a los empresarios la posibilidad a lucrar con nuestros derechos, con un Estado con rol de espectador, e incluso, gendarme custodio de tal derecho de los mismos empresarios.

Al exigir que fuera de libre acceso, pusimos al desnudo la existencia de una educación para ricos y otra para pobres, que margina a la mayoría de la juventud a sueldos precarios, títulos universitarios inservibles, que en definitiva son los profesionales precarizados.

Así, las demandas del movimiento estudiantil cuestionaban al régimen de conjunto, y de tal manera era consciente de que el mismo régimen tenía trabas institucionales que le permiten preservarse, como los quórums supra mayoritarios para reformar la constitución o el mismo Tribunal Constitucional, el veto presidencial, la existencia de dos cámaras parlamentarias, en definitiva, mecanismos del sistema político heredado de la dictadura para, de fondo, sostener un sistema económico.

La única manera de conquistar nuestros derechos, es oponiendo una fuerza en las calles más poderosa que la institucionalidad que nos rige, para buscar echarla abajo. El Frente Amplio, en cambio, ha optado por toda esa fuerza canalizarla en el lobby parlamentario, para incidir en leyes, pero sin organizar una fuerza concreta que de estas luchas desde la autoorganización, y la imposición de los derechos de las y los trabajadores y sus familias, por sobre las de los grandes empresarios.

Sorprenderse por el ataque del TC es un acto de ingenuidad que no nos podemos permitir. Preparar el contragolpe es una necesidad planteada a ser resuelta con la mayor premura posible.

La ex Nueva Mayoría, que le pavimentó el camino a la derecha para gobernar, salió a denunciar la votación del TC, pero sin hacerse cargo de que fueron ellos mismos con sus proyectos quienes nunca se propusieron velar por la educación pública, como ellos decían hacer. Destinaron el 80% del financiamiento estatal a las instituciones privadas y la Ley de Educación Superior, ya contenía la posibilidad de lucrar veladamente, como la misma Camila Vallejos ya expresó.

Nosotras pensamos que la confianza tiene que estar en la fuerza de la movilización, en la autoorganización del movimiento estudiantil para luchar contra la educación de mercado, tomando las batallas que expresan la crisis de esta. Por ejemplo el Pedagógico, histórica universidad pública que forma a los docentes de Chile y que hoy se encuentra en una profunda crisis financiera, de la cual el Estado no ha dado ninguna señal de aportar a su solución.

Este 19 de abril, la marcha que convocan la Confech, la Cones y el Colegio de Profesores, debe convertirse en un Paro Nacional efectivo. Ese puede convertirse en el primer paso para retomar la lucha por la educación gratuita universal, y por la apertura de las matrículas en las universidades públicas, únicos mecanismos para acabar con la educación de mercado e imponer el fin al lucro.

Pero las y los estudiantes no podemos solos. Por ello, debemos estar en las calles junto a las y los trabajadores, las mujeres, los docentes y también las y los funcionarios de nuestras universidades. Aquella unidad de acción y en las calles, será capaz de enfrentar al gobierno de Piñera, la derecha y los empresarios. Será la fuerza capaz de defendernos ante cada ataque que nos quieran pasar, porque la votación del Tribunal Constitucional, es solo una pequeña muestra de los objetivos últimos de este gobierno empresarial: derrotar al movimiento estudiantil, sacar del debate nuestras demandas históricas y, como el mismo Ministro Varela decía, sacarnos de las calles para relegarnos solo a nuestras salas de clase. Esos son los planes que como movimiento estudiantil, no podemos dejar que se cumplan.