Suspendida se encuentra la causa que se indaga en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de ex carabinero Sebastián Zamora Soto, quien en contexto de protestas post Rebelión lanzó al río Mapocho a Anthony de 17 años. Desde ocurrido este hecho ha operado una enorme impunidad que no ha permitido entregar justicia a las víctimas, que es parte de las cientos de violaciones a los DD.HH. que se dieron en ese momento, donde muchos y muchas salieron a la calle a protestar por mejores condiciones de vida.
Domingo 9 de julio de 2023
El ex carabinero está acusado de homicidio frustrado, debido a que los antecedentes presentados señalan que el 2 de octubre de 2020 se abalanzó en forma diagonal contra Anthony, tras lo cual lo hace caer de cabeza hacia el río desde una altura de aproximadamente 7 metros, sin luego prestar ningún tipo de ayuda. En ese momento el ex presidente Sebastián Piñera, el ex General de Carabineros Mario Rozas y los medios de comunicación oficiales negaron el hecho declarando que el joven “se cayó”.
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Ya se van a cumplir 2 años del suceso, no habiendo veredicto y donde el acusado tiene actualmente las medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. La razón por la cual el Tribunal Constitucional decide suspender la causa es porque acogieron un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por su defensa. Lo de fondo es que la defensa del ex carabinero quiere que Patricio Macaya declare como testigo de la causa, quien era el fiscal de turno la noche de los hechos y quien, por ende, dictó las primeras instrucciones, que es sobre lo cual los defensores quieren que declare.
Sobre eso pasa la discusión, ya que si bien no hay norma que impida que un fiscal sea citado a juicio, desde el Ministerio Público han evitar que sus fiscales comparezcan ante estrados señalando que es incompatible su calidad de “intervinientes” pues son por esencia personas ajenas al proceso penal. El Fiscal Nacional Angel Valencia dio declaraciones pidiendo que se rechace la petición de la defensa por considerarla impertinente.
Este juicio se ha retrasado en varias oportunidades y por diferentes motivos, lo que demuestra que la justicia en Chile no es para las grandes mayorías pobres y trabajadoras, sino que está en favor de salvaguardar los privilegios de algunos, en este caso de una Institución criminal como lo es carabineros, que ha sido protagonista de una brutal violencia policial y también de escandalosos casos de corrupción llamados “PacoGate”.
A la vez, el solo hecho de que el caso pase por el TC es una mala señal. Siendo este un espacio que alberga tanto poder que casi se convierte en una tercera cámara de la que dependen en última instancia muchas resoluciones judiciales, leyes y otros actos de los poderes del Estado. Su tarea es hacer respetar las reglas de la Constitución de 1980, la cual ha sido una importante herramienta para defender intereses de empresarios, gobiernos e instituciones represivas.
En ese periodo de gobierno de Sebastián Piñera las fuerzas armadas gozaron de plena impunidad, pero ahora el escenario no es muy distinto. El gobierno de Boric ha tomado la agenda de la derecha fortaleciendo cada vez más a carabineros y militares. Con ejemplos como hacer permanentes los estados de excepción en el Wallmapu y la Frontera o el solo hecho de seguir desplegando a las policías en las manifestaciones estudiantiles o incluso las mismas conmemoraciones de los 18 de octubre de cada año. La simple existencia de estas instituciones implica que la integridad física y la vida de muchas personas estén en peligro, sobre todo cuando se trata del pueblo mapuche, migrantes, mujeres, jovenes o pobres.
