El Alto Tribunal decide paralizar la exhumación del dictador prevista para el próximo 10 de junio y además legitima su régimen de terror calificándolo de Jefe de Estado desde el 1 de octubre de 1936, en plena guerra civil. El PSOE calla.

Jorge Calderón Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza
Miércoles 5 de junio de 2019
El martes 4 de junio, la sección cuarta de la Sala III del Tribunal Supremo, ha acordado por unanimidad suspender la exhumación del dictador Francisco Franco a la espera de estudiar el recurso presentado por la Familia Franco y poder resolver sobre el fondo del asunto.
En su resolución, el TS, argumenta que la suspensión pretende evitar el perjuicio que causaría a la familia Franco si ahora se llevara a cabo dicha acción de exhumación y, posteriormente, en la sentencia final decidiera no autorizar este traslado y hubiera que volver a llevar el cadáver del dictador de nuevo al Valle de los Caídos.
“Guante de seda” para el asesino y “puño de hierro” para sus victimas
Este respeto a la familia del dictador y el cuidado en las decisiones para evitar causarles cualquier tipo de perjuicio, contrasta con el proceder de este mismo tribunal con las víctimas franquistas y sus familias.
Durante estas cuatro décadas de democracia pactada con la dictadura, el TS se ha negado a anular los juicios sumarísimos porque “se ajustaba a la legalidad de aquella época” (!). Esto es, sin ningún tipo de duda, justificar la dictadura y su régimen desde las más altas instancias judiciales del país.
Una historia a medida del dictador
“Cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado”. Con este famoso parte de guerra del 1 de abril de 1939, Franco daba por finalizada la Guerra Civil con la victoria de las tropas franquistas. Sin embargo el TS también quiere cambiar esto, para mayor gloria del dictador, por supuesto.
En su auto afirma que Franco fue Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936, cuando fue elegido jefe del bando sublevado, es decir, más de dos años antes de acabada la guerra civil y cuando el país estada dividido en dos grandes mitades. La parte sublevada y la parte que aún estaba bajo el gobierno de la II República.
Este reconocimiento ha hecho saltar la alarma de historiadores como Gonzalo Berger, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona y docente universitario. Afirma alarmado que “el Supremo está dando legitimidad con esa frase al golpe de Estado del 18 de julio. Le da validez al golpe de Estado e incluso a las decisiones de la Junta de Defensa. Es muy grave y peligroso”.
Pero no solo se trata de una falacia histórica. También es una forma de olvidar el proceso revolucionario, que se inició el mismo 18 de julio como reacción al golpe fascista, y que en octubre del 36 aún continuaba.
Una revolución que durante meses ocupó numerosas fábricas y tierras que puso bajo control obrero y campesino y que creó además las milicias obreras y campesinas. En definitiva, la mayor experiencia alternativa al capitalismo basada en la lucha de clases y en el poder obrero y campesino de Europa después la Revolución Rusa de 1917.
Para el Supremo los miles de luchadores y luchadoras que murieron peleando contra el franquismo, de octubre del 36 a abril del 39, no existieron, Franco ya era el Jefe de Estado legitimo a los 3 meses de empezar la guerra civil y la legitimidad republicana ya había desaparecido.
“Todo atado y bien atado”. ¡Rompamos el nudo!
Hoy, después de más de 40 años, podemos decir que la célebre frase de Franco tiene toda la vigencia. El sucesor que el impulsó como Rey a Juan Carlos I de Borbón, ya se encargó, de acuerdo con las élites franquistas y los principales dirigentes de la oposición antifranquista (fundamentalmente PCE y PSOE), de que esto fuera así.
En la llamada “Transición” no se juzgó a ningún elemento de la dictadura, y los mismos jueces que mandaban a la cárcel a los luchadores antifranquistas, y los mismos policías que los torturaban siguieron en su puesto. Incluso algunos, como Billy el Niño, fue ascendiendo en el escalafón policial.
Todo esto pasó no solo bajo los gobiernos de los herederos políticos directos del franquismo como UCD y el PP, sino también durante los años de gobierno de un partido que venía de la lucha antifranquista como el PSOE.
Bajo los 14 años de gobierno de Felipe González -la mayoría de ellos con mayoría absoluta- nada se hizo en favor de las víctimas. Después, el gobierno de Zapatero se limitó a aprobar en 2005 una ley de Memoria Histórica que daba “cuatro migajas económicas” para el levantamiento de fosas comunes.
Quedará además como recuerdo de ese período el lamentable episodio propiciado por el aquel entonces ministro de Defensa, José Bono, de hacer marchar juntos en un desfile militar a un veterano de guerra del bando republicano y a otro de la División Azul, equiparando así a los dos bandos de la Guerra Civil.
Por todo ello, como decimos en el título de este artículo, el PSOE es tan culpable como el Tribunal Supremo de que Franco siga todavía en el gran mausoleo. El que mandó construir con el trabajo esclavo de miles de represaliados internados en el campo de concentración de Cuelgamuros, que fue creado especialmente para la construcción del Valle de los Caídos.
Con su decisión de limitarse simplemente a sacar el cadáver del dictador, manteniendo el de Primo de Rivera, el gobierno de Sánchez solo quería dar un golpe de efecto, pero nada más.
Que siga habiendo cientos de miles de personas en las fosas; que la familia Franco siga disfrutando de la fortuna robada durante esos años; que exista una fundación que haga apología de la dictadura; que las mismas élites políticas, económicas, judiciales y policiales que había en la dictadura, sigan mandado más de 40 años después de la muerto Franco…son aspectos que jamás se van a cuestionar desde Ferraz.
Después de todo, el PSOE, es uno de los hijos modélicos del Régimen que salió precisamente de permitir todo lo citado anteriormente. La lucha contra la impunidad franquista trata fundamentalmente de la lucha contra aquellas instituciones y partidos que la siguen garantizando.