La denuncia de Xavier Beortegi ilustra la implantación de un sistema de torturas en el que prospera una impunidad avalada por legisladores y jueces.
Martes 31 de mayo de 2016
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha condenado de nuevo al Estado español por no investigar suficientemente las denuncias de torturas. En esta última ocasión, el TEDH concluyó unánimemente que la denuncia interpuesta por Xabier Beortegi Martínez, tras ser detenido en 2011, no ha sido suficientemente investigada.
Xabier Beortegi fue detenido por la Guardia Civil en la noche del 17 al 18 de enero, por supuesta pertenencia a la organización independentista vasca Ekin (ilegalizada en 2001 por el ex juez Baltasar Garzón), en el marco de una operación realizada en 2011. Otras nueve personas fueron detenidas en aquella operación.
Durante su traslado en coche a Madrid, mientras se encontraba esposado, Xabier fue objeto de amenazas e insultos, golpeado en la cabeza, testículos y costillas por los cuatro guardias civiles que lo trasladaban, según figura en la denuncia. Torturas que continuaron durante su periodo de incomunicación en los calabozos donde se le asfixiaba con una bolsa y se le amenazaba con introducirle electrodos y una porra por el ano.
Tras declarar ante la Audiencia Nacional, Beortegi fue puesto en libertad. Sin embargo, su denuncia por las torturas que había sufrido fue archivada por el Juzgado de Pamplona el 5 de marzo de 2012. Tras varios recursos a instancias superiores -llegando al Tribunal Constitucional que ni si quiera lo admitió- Beortegi llevó el caso hasta el TEDH que terminó reprochando al Juzgado de Pamplona por no incluir en su instrucción las grabaciones de cámaras de seguridad en los locales donde se le había detenido ni citar a los guardias civiles implicados.
Esta es la sexta vez que el Tribunal de Estrasburgo condena al Estado español por su papel en las torturas a presos relacionados con la represión al movimiento independentista vasco.
A esto se suman las más de 6600 denuncias por malos tratos policiales efectuadas desde 2004, las brutales actuaciones de las "Fuerzas de Seguridad" y las repetidas amnistías y absoluciones realizadas a miembros de dichas fuerzas por parte de jueces; desnudando así el carácter represivo del aparato policial y judicial en el Estado español.
