El militante de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia de Corrientes fue liberado este lunes, a pesar de que el fiscal López Ruiz se opusiera al pedido de libertad. Galantini estuvo injustamente detenido durante 21 días por protestar contra un desalojo violento que dejo a quince familias sin vivienda.
Lunes 13 de diciembre de 2021 19:41
Este lunes a las 11:30 se llevó a cabo una audiencia virtual en la cual se solicitó la libertad de Guillermo Glantini. En la misma los abogados Oscar Tovani y Sonia López aportaron elementos probatorios para demostrar que no existía peligro de fuga ni de entorpecer la investigación. A pesar de la oposición del fiscal López Ruiz, el juez Eduardo Alegre concedió la libertad al militante de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (CoDeJu).
Luego de recobrar su libertad, Galantini al llegar a Monte Caseros dijo unas palabras ante sus familiares y organizaciones sociales y políticas. Allí expresó que “es importante que no perdamos el contexto de esta situación, que era justamente que estábamos queriendo visibilizar y denunciar una gran injusticia contra una familia que tiene acreditado que hace 48 años están en el lugar. Y nosotros le estábamos pidiendo en ese lugar a la autoridad judicial que hagan un acta para que si se tienen que retirar lo hagan con una fecha prevista para que puedan llevar sus muebles, y no lo que nosotros estábamos viendo que era un desalojo violento”.
Manifestó también que esto es un ataque doble del gobernador correntino Gustavo Valdés que viene a decir que los desalojos violentos lo pueden hacer con cualquier persona y a quienes salgan a denunciar o a oponerse lo meterán en la cárcel sin pruebas, sin ninguna documentación. Hasta hoy mismo el fiscal quiso sostener una prisión preventiva infinita.
Galantini agrego además que hoy están libre por la gran movilización, porque no hay disposición a tolerar lo que les hicieron y que por eso se movilizaron en Corrientes en una marcha que hace mucho no se veía. La movilización del 3 de diciembre que llegó a tener unas veinte cuadras de largo. Luego también se pidió por su libertad en Plaza de Mayo. Fue el último sábado durante el acto contra el FMI.
El abogado defensor Oscar Tovani expresó que “en la audiencia la defensa solicitó la libertad de Galantini y para el hipotético caso de que no le dieran la libertad solicitamos la prisión domiciliaria. Además se solicitó la igualdad de trato con los otros imputados en la causa. Después hablo la fiscalía y volvió a considerar que la prisión preventiva estaba bien y que tenía que seguir. Luego inmediatamente sin ir a cuarto intermedio el juez, basándose en nuestros argumentos, resolvió otorgar la libertad inmediata a Galantini con determinadas restricciones”.
"Agradezco a las organizaciones sociales y de derechos humanos, al Comité contra la tortura, a la Secretaria de derechos Humanos de la Nacion, que se preocuparon y estuvieron expectantes por la audiencia", agregó Tovani.
La abogada Sonia López, en diálogo con La Izquierda Diario, dijo que “fue una audiencia con mucha logística, y agendada rápidamente, lo que demostró la necesidad del Poder Judicial de atender el tema, demostrando interés, sobre este caso de amplia repercusión pública. Por lo cual entiendo que el rol de la movilización popular en las calles y en las redes, por más de 100 organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas de todo el país ha sido fundamental”.
Ambos abogados manifestaron que se han concentrado en demostrar que Guillermo tiene arraigo pleno, laboral, familiar y social en Monte Caseros, y una conducta de respeto por las citaciones judiciales siempre, tanto como denunciante, testigo o denunciado, en su rol de defensor de derechos humanos de la localidad, con lo cual quedó probado que no hay peligro de fuga, por lo cual era insostenible la postura del fiscal que insitía en que siga privado de su libertad.
Un triunfo de la movilización
Durante el período de 21 días de detención, organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas realizaron varias acciones para exigir la libertad inmediata de GalantinI. En ese marco el 3 de diciembre se llevó a cabo una masiva movilización en la capital correntina.
Varias personalidades a nivel nacional se pronunciaron a favor de su libertad y además el pedido de su liberación se hizo escuchar en el multitudinario acto del 11 de diciembre, donde más de 100 organizaciones dijeron no al pacto con el FMI. Acto en el cual se pidió por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz, por la libertad de Sebastián Romero y por la libertad y contra la extradición de Facundo Molares.
Este intento de diciplinar a los luchadores en el marco de un brutal ajuste y déficit habitacional, que se vive en la provincia y en el país, fue derrotado gracias a la movilización. Ahora toca seguir organizados para lograr la absolución de Galantini y de los demás procesados por protestar contra el desalojo a la familia Almeyda.
La lucha por el derecho a la vivienda digna
Mas de 72.000 familias hoy necesitan una vivienda en Corrientes, según datos del Instituto para la Vivienda de Corrientes (InViCo), y hay más de 11.000 familias que viven con piso de tierra en condiciones inhumanas. No obstante, la crisis de la vivienda no es un problema sólo de Corrientes; el Censo Nacional de 2010 dictaminó que el déficit habitacional afecta a más de 3.5 millones de personas. El mismo relevamiento indica que son necesarias, por lo menos, 1.3 millones de nuevas unidades de vivienda.
Esa crisis no ha sido atacada por ningún gobierno en las últimas décadas. Ni el kirchnerismo, ni Cambiemos ni el Frente de Todos lo enfrentaron decididamente. La necesaria construcción de viviendas nunca fue desarrollada como parte de una agenda urgente.
A partir de 2020, con la crisis agigantada por la pandemia, ese problema se volvió aún más crítico. Los procesos de recuperación de tierras lo pusieron en evidencia, con miles de familias pobres luchando por una parcela de tierra donde poder vivir. La respuesta estatal fue, esencialmente, represiva. Se vio en Guernica, pero también, más acá en el tiempo, en el barrio Carlos Mugica -ex Villa 31- en CABA. Aquí no hubo "grieta".
Es urgente, como viene planteando el Frente de Izquierda Unidad, implementar un plan de obras públicas que garantice de manera urgente la construcción de viviendas para las grandes mayorías trabajadoras. Para eso es necesario rechazar la subordinación al FMI que el Gobierno -más allá de los matices entre sus diversas alas- discute en función de firmar un acuerdo. En ese sentido ya recortó en más del 10 % el presupuesto original para vivienda del 2021 para seguir pagando la deuda externa.
Una subordinación que la oposición de derecha no solo comparte, sino que exige crecientemente.
