Donald Trump, presidente electo de EE.UU., ratifica la próxima expulsión de 3 millones de migrantes indocumentados de los que asegura que tienen antecedentes criminales. De nuevo, racismo y ofensas. Lo que está por verse es si su plan es factible.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Lunes 14 de noviembre de 2016
En una entrevista que tuvo lugar en el programa 60 Minutes de CBS, Donald Trump respondió que mantendría su promesa electoral: “Lo que vamos a hacer es que vamos a echar del país o vamos a encarcelar a todos los que tienen antecedentes criminales, traficantes de drogas, miembros de bandas, probablemente dos millones, podrían ser hasta tres millones. Los vamos a sacar del país. Están aquí ilegalmente”.
Abundó que luego de haber hecho la frontera “segura”, definirá qué resolución tomar con los 8 millones de migrantes sin papeles.
La deportación y criminalización de los migrantes indocumentados fue su bandera desde el lanzamiento de su campaña electoral el 16 de junio de 2015. Cómo olvidarlo, lo hizo afirmando que los migrantes mexicanos eran narcotraficantes, criminales y violadores. Radicalizó su discurso hasta asegurar que de llegar a la Casa Blanca llevaría a cabo la deportación masiva de todos los migrantes sin estancia legal en Estados Unidos. Hasta prometió la creación de una “fuerza (policial) de deportación”.
Trump, quien ganó el apoyo de parte importante de la clase trabajadora blanca anglosajona que perdió sus empleos y vio decaer su nivel de vida como producto de la relocalización industrial estimulada por el TLC, quiere emular a Barack Obama.
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El jefe de Estado saliente, que lleva ocho años de estar en el poder, batió el récord histórico con la deportación de 2.9 millones de personas. Impulsó el desarrollo de una verdadera industria de la “deportación”, con cárceles privadas y empresas de seguridad. Esto cuando prometió a la comunidad latina realizar una reforma migratoria que nunca llegó.
Para salvar las elecciones –que finalmente el partido demócrata perdió– en
noviembre de 2014, Obama decretó una orden ejecutiva que protegía de la deportación a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses que cumplieran ciertas condiciones. Aproximadamente cinco millones de personas podrían haber sido beneficiadas. Pero el plan fue bloqueado en los tribunales por 25 gobernadores republicanos.
Las contradicciones de las deportaciones masivas
California es el estado con más inmigrantes sin papeles (entre 2.3 y 2.8 millones) y el condado de Los Ángeles en particular es el área metropolitana con más irregulares (alrededor de un millón).
Como señalamos en este artículo, “Los trabajadores migrantes indocumentados constituyen el 5% de la fuerza laboral estadounidense y 92% de ellos son parte de la población económicamente activa (PEA) –es decir, tienen entre 18 y 64 años–. En contraparte, de las personas estadounidenses por nacimiento, sólo 60% son parte de la PEA y de los migrantes con estancia legal, 76% se encuentra en esa franja de edad.”
Los migrantes sin papeles laboran en la industria agrícola -como jornaleros-, en la industria de la construcción, en servicios de hotelería, y también en manufactura.
Con su trabajo, los migrantes de distintas nacionalidades aportan, 32% del Producto Interno Bruto estadounidense, y los mexicanos en particular, el 11%, según datos de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración y el Instituto Urbano.
A su vez, con el pago de impuestos al trabajo o vía consumo –que ascienden a 90 millones de dólares anuales– financian parte importante de las pensiones de los trabajadores estadounidenses.
Para los empresarios y los CEO’s, contar con la mano de obra ultraprecarizada de los migrantes es un factor importante no sólo para incrementar las ganancias de las empresas que los emplean, sino también para presionar a la baja los salarios del conjunto de la clase trabajadora multiétnica de Estados Unidos.
Es así que la deportación masiva de migrantes puede convertirse en un elemento más de enfrentamiento entre Trump y el empresariado, ya que de concretarse podría ser un nuevo factor que contribuya a profundizar la ralentización de la economía estadounidense.
Hay que tener en consideración también que el presidente electo en el gigante norte debe conseguir la aprobación de los fondos necesarios para ejecutar esas deportaciones y para llevar a 42,740 agentes la cantidad de efectivos de la Border Patrol, que hoy con 21,370 agentes cuenta con un presupuesto de 5 mil millones de dólares anuales. También las deportaciones implicarían una erogación de millones de dólares para el gobierno estadounidense.
De acuerdo con James R. Jones, ex embajador estadounidense en México, Donald Trump necesitará la aprobación en el Congreso para disponer de los fondos que necesita para llevar a cabo su plan. Y no es un hecho que la mayoría republicana, que está alineada con el establishment, apruebe su pedido.
No obstante, el peligro de las deportaciones existe, y se han denunciado mensajes racistas y de odio contra la comunidad latina.
Esta ola reaccionaria, envalentonada por el triunfo de Trump, así como la ofensiva del magnate contra los migrantes sólo se puede detener poniendo en pie un gran movimiento contra las deportaciones a uno y otro lado de la frontera.
Restablecer la unidad de la clase trabajadora multiétnica de Estados Unidos –quebrada por las consecuencias de la aplicación del TLC, como la desocupación y la precarización laboral– y con sus hermanos trabajadores en México, es indispensable para enfrentar la crisis en curso, en la cual el plan de las trasnacionales y los millonarios es ajustar a los de abajo. Fueron ellos los únicos beneficiados de la aplicación del TLC. Contra los explotadores hay que oponer la fuerza de los explotados y los oprimidos.
