Se trata de Martha Yolanda López Bravo, Procuradora Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia. Un alarde de racismo y xenofobia de una alta funcionaria de la Cuarta Transformación de López Obrador.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 2 de agosto de 2019
Según dio a conocer Pie de Página, López Bravo, alta funcionaria del DIF en un grupo de WhatsApp habló de migrantes provenientes de África como “caníbales”.
Fue durante una de las protestas que tuvieron lugar en la estación migratoria Siglo XXI ante el hacinamiento y el hostigamiento que recibían las personas allí detenidas. En esa oportunidad algunos migrantes lograron huir del maltrato del gobierno mexicano, ejecutor de las órdenes de Trump.
La denuncia se realizó desde el 5 de julio pasado en el Sistema Nacional DIF, en la Secretaría de Gobernación y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La presentaron otros funcionarios que participaban de ese grupo de WhatsApp. No obstante, hasta el momento no hubo respuesta por parte de las autoridades.
El mensaje de corte racista fue enviado el 18 de junio pasado. La respuesta no fue menos brutal: Salvador Silva Becerra, Subdirector de Representación Jurídica, escribió “jajaja no me vallan (sic) a ver con ojos de rostizado”. Así se burló del hambre que pasan los migrantes.
El intercambio de mensajes se dio durante una visita de algunos funcionarios de la Procuraduría estaban dentro de la extensión de la Estación Migratoria Siglo XXI, instalada en la Feria Mesoamericana.
Tras 25 días sin respuesta, los denunciantes dieron a conocer el caso a Pie de Página, que buscó comunicarse con la oficina de Comunicación Social de SNDIF. “No tengo idea, al área de Comunicación Social no nos ha llegado nada” fue la escueta respuesta.
En teoría, entre las funciones de la procuradora López Bravo, de acuerdo con el artículo 122 de Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, está procurar la protección de infantes y adolescentes en México y la atención médica y psicológica de los menores de edad.
A su vez, la funcionaria es integrante del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, cuya tarea supuestamente, es el cumplimiento del Código Ético y de conducta de los funcionarios públicos.
Altos funcionarios como esta procuradora son los mismos que ganan más de 100 mil pesos por mes y se dedican a despedir y hostigar trabajadoras y trabajadores precarizados, que no tienen ningún tipo de prestaciones, que trabajan por servicios profesionales, contratados y eventuales, y que intentan brindar servicios sociales en el marco de los recortes presupuestarios.
Es el caso de Alejandra Sepúlveda, despedida, defensora de los derechos de las mujeres y embarazada, de Ameyali Martínez, amenazada de despido, y de Flora Aco, hostigada, todas trabajadoras del DIF de la Ciudad de México.
Así es como el gobierno de López Obrador cobija a los altos funcionarios serviles dispuestos a amedrentar y humillar a los migrantes, mientras a quienes se organizan para enfrentar despidos y recortes de gasto social los castiga, los hostiga y los deja en la calle.
