TUCUMAN. Tucumán: trabajadores del Programa "Desarrollo Social en Movimiento" denuncian falta de pago hace tres meses

Los trabajadores del Programa "Desarrollo Social en Movimiento", denunciaron mediante la circulación de un comunicado, la situación en la que se encuentran. Se les adeuda sueldos desde hace tres meses y también señalan las condiciones de precarización laboral por parte del Ministerio de Desarrollo Social.

Dicho Programa depende de la Dirección de Capacitación y Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán. Sin embargo su modalidad de contratación es precaria, dado que el Ministerio les hace inscribirse como monotributistas y se elabora un contrato de locación que renuevan cada seis meses, muchas veces terciarizado por Fundaciones o Asociaciones creadas para estos fines, como la Fundación Sol, o la Fundación Ruah. Éstas en el contrato aparecen como “Organización administradora de fondos”, fondos que les provee el mismo Estado para pagar los salarios a los trabajadores. Es decir, la demora en la aprobación de estos fondos sería el origen “legal” de la demora en los pagos a los trabajadores. Quien tiene que aprobar los expedientes es el propio gobierno. Un verdadero fraude en manos del Estado, por el cual ya hubo denuncias al organismo estatal.

En un comunicado oficial, cuando se lanzaba este programa en 2019, el Ministro Gabriel Yedlin declaró: “Creemos en la comunidad organizada, y también en la medida que continuemos juntos, podremos continuar cuidando a las personas más vulnerables”, "los trabajadores realizan su labor con los sectores más vulnerables de la provincia". Pero: ¿Quién “cuida” de ellos y les garantiza sus derechos?

“Actualmente, siendo trabajadores precarizados y en este panorama social, económico y de salud pública, nos encontramos imposibilitados para desempeñar nuestras actividades laborales tanto en este Programa como por fuera de este. Quedando al margen de las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo Nacional que permitirían paliar los graves desajustes económicos de los trabajadores y sus familias”, manifiestan en el comunicado.

A esta situación se suman las de otras reparticiones estatales pertenecientes también al Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo en días pasados, este diario dio cuenta de las denuncias que venían llevando a cabo los trabajadores del Observatorio de la Mujer, los cuales no perciben sus sueldos desde noviembre de 2019. También, a este medio llegó el comunicado de los trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DiNAyF) que denuncian precarización e inestabilidad laboral.

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Nada se ha escuchado desde las centrales sindicales en defensa de los trabajadores precarizados del Ministerio de Desarrollo Social, ni siquiera un posteo en Facebook por parte del Secretario General de ATE, Marcelo Sánchez.

La cuarentena no es igual para todos, el gran porcentaje de trabajadores monotributistas, precarizados, no registrados y que viven el “día a día”, están viendo sus condiciones de vida gravemente afectadas. ¿Quién les va a asegurar la continuidad laboral a estos trabajadores cuando hace pocos días el empresario Paolo Rocca de Techint despidió con total impunidad a 1500 trabajadores?

En un contexto de crisis, no es suficiente que el Presidente Alberto Fernández amenace simbólicamente o tilde de "miserables" a los empresarios que despiden. Como plantean Nicolás del Caño y Myriam Bregman del PTS en el Frente de Izquierda, hay que prohibir los despidos y suspensiones sin recortes salariales, y hay que pasar a planta permanente a todo el personal que se encuentre en planta transitoria, precarizado o no registrado, empezando por el mismo Estado que tiene a miles de trabajadores en esta situación hace años.