INDIGNANTE. Tuvo que renunciar la abogada de genocidas designada en la Agencia de Discapacidad

Elena Rita Genise, la abogada defensora de genocidas, tuvo que renunciar al cargo de Coordinadora de Gestión de Urgencias que depende de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad en el que había sido nombrada, vía decreto, por el presidente Mauricio Macri y su jefe de Gabinete, Marcos Peña, el pasado jueves.

El nombramiento había sido objeto de innumerables críticas, ya que Genise tiene un curriculum más que polémico y totalmente acorde al discurso político de “mano dura”, que reivindica la impunidad para miembros de las fuerzas represivas, que alientan funcionarios del Gobierno nacional, pero también algunos sectores dentro del peronismo como Miguel Ángel Pichetto.

Genise es además vicepresidenta de la Asociación Defensores de Derechos Humanos de Latinomérica. En concreto la tarea de la abogada y el resto de sus colegas que integran la mencionada asociación es luchar contra el “encarcelamiento arbitrario de civiles y militares acusados de cometer delitos de lesa humanidad” y defender a “miembros de las FFAA a quienes ningún derecho se les reconoce” según consta en un documento en su propia web.

Durante el año pasado, Genise actuó como abogada defensora de su esposo, Luis Alberto López, en la causa llamada Pino Cano en la que estaba acusado de “homicidio agravado” por el fusilamiento, en 1976, de trece presos políticos en la ex cárcel de barrio San Martín, Córdoba. Cano, que durante el ’76 era el jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, fue absuelto.

Como era de esperar en su haber también se cuentan declaraciones a favor de genocidas como Miguel Etchecolatz y Mario Arrú, condenado a cadena perpetua por ser uno de los responsables de los vuelos de la muerte. Y por si fuera poca coincidencia con los argumentos más retrógrados también mostró públicamente su rechazo a la implementación en las escuelas de la ley de Educación Sexual Integral.

Las decisiones que viene tomando el Gobierno nacional en la esfera de la Agencia de Discapacidad, que políticamente esta bajo la órbita de la vicepresidenta Gabriela Michetti, han dado que hablar en los últimos tiempos y no precisamente por ser auspiciosas o beneficiosas para las personas con discapacidad ni para los prestadores de salud en ese sector.

Entre algunas de esas medidas podemos mencionar, demoras por meses en el pago, lo que hizo que efectivamente se hayan cortado algunas prestaciones básicas que dependen del programa Incluir Salud (que es la cobertura estatal de salud para las personas con discapacidad que cuentan con una pensión). O la resolución 268/2018, de septiembre de este año, en la que se establece aplicar un decreto menemista (432/97) totalmente restrictivo para el pago en las pensiones no contributivas, entre ellas las de discapacidad. Medida por la cual se calcula que unas 150.000 pensiones pueden ser suspendidas por no cumplir los requisitos.

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Pero hay más. Mientras que una persona que recibe una pensión por discapacidad tiene un ingreso miserable de alrededor de $ 5.800 que no alcanza para nada y en muchos caso es casi el único ingreso de esa persona, el Estado decidió en agosto de este año gastar casi $ 6 millones de pesos para contratar una empresa para que audite las pensiones no contributivas, entre las que se encuentran las de discapacidad.. El único objetivo de dicha contratación era ajustar y cumplir así con los mandatos del Fondo Monetario Internacional, (FMI). La pretensión del Gobierno nacional era recortar un 10 % de las pensiones, que en total son 1.056.504.

Sin embargo, según indicaron desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) a este medio, en las últimas horas también el Gobierno nacional suspendió esta escandalosa contratación que ni bien se conoció había generado una ola de criticas. Según le indicó la oficina de Acceso a la Información Publica a REDI, mediante la Resolución N° 303/18 quedó sin efecto "el llamado a licitación".

La designación de Genise constituía una nueva medida más de la lista de resoluciones reaccionarias tomadas en la esfera de la Agencia de Discapacidad y que seguramente estaba puesta en función de ajustar y atacar aún más los derechos de las personas con discapacidad.