Tras las denuncias del Liquidador de la casa de Estudios y el administrador de cierre se inició una investigación en abril. Una vez más la educación de mercado contra las vidas de miles de estudiantes y trabajadores.
Martes 21 de mayo de 2019
Según el informe financiero, presentado a Fiscalía por Roberto Nahum, administrador de cierre de la Universidad del Pacífico, las deudas suman y suman. Son $ 285 millones en remuneraciones a 159 funcionarios; $ 200 millones en deudas previsionales; $ 100 millones en honorarios pendientes y $ 38 millones a campos clínicos; $ 118 millones a bancos; $ 1.700 millones a proveedores; Al Servicio de Impuestos Internos y a la Tesorería le deben más de $ 330 millones. Por otra parte, entre 2017 y 2018 acumulan 12 juicios civiles por $ 420 millones en total y 16 juicios laborales por cerca de $ 960 millones.
Cabe destacar que la Universidad fue creada en 1990 y ha sido controlado por la familia Ortúzar Muñoz desde sus inicios. El clan encabezado por Julio Ortúzar Prado, también lidera la Fundación Julio Ortúzar Rojas, que lleva los procesos de gestión de la casa de estudios.
“Existen numerosos antecedentes previos plasmados en resoluciones de organismos públicos (de) que, al menos desde 2014, la Universidad del Pacífico funcionaba en el marco de una precaria situación económica” señala Nahum en el informe.
También destaca en relación a la presunta apropiación indebida, plantea que “igualmente graves son los hechos referidos al no pago de cotizaciones previsionales de trabajadores”.
Los privilegios entre la familia empresarial no podían estar ausentes, así está consignado, señalando que “los arriendos pagados por la universidad a la fundación de la familia Ortúzar (por los inmuebles ubicados en Las Condes) resultan ser de una cuantía notoriamente elevada en relación a los parámetros corrientes del mercado y ellos explicarían, en parte, el mal estado financiero de la institución”. A eso se suma “el pago de altísimas remuneraciones a miembros de la familia Ortúzar, las que (…) habrían contemplado en algunos casos indemnizaciones a todo evento por años de servicio”.
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En tanto, el liquidador concursal de la universidad, Carlos Parada, presentó otras denuncias por el presunto delito de ocultación de bienes por hechos que implican a la familia Ortúzar Muñoz, dueña de la casa de estudios.
“el domicilio indicado en el escrito de la demandada no corresponde al de la universidad, toda vez que la dueña de ese terreno es de su representada, siendo la universidad una mera arrendataria del mismo”. Así, Parada remata que “lo anterior solo puede explicarse a raíz de una actitud del deudor tendiente a desprenderse u ocultar bienes, disminuyendo su activo, buscando perjudicar a sus acreedores”.
Son más 2.700 estudiantes y 159 funcionarios afectados de forma directa por el cierre de la universidad, dejando en evidencia una vez más que el lucro en educación es una crisis no resuelta.
