La secretaria de la comisión de fiscalización, Rocío González Alonso, comentó que el actual rector de la UACJ “también se otorga una compensación extra por servicios administrativos”.
Viernes 10 de enero de 2020
En días pasados, desde el Congreso del Estado se dio a conocer que el rector de la la UACJ, Ignacio Camargo Nassar, devenga un sueldo superior a los 300 mil pesos, el doble del ya de por sí elevado sueldo del Gobernador de extracción panista, Javier Corral Jurado, y tres veces superior al que percibe el Presidente de la República.
Mientras tanto, esta Universidad mantiene cuotas de inscripción que resultan impagables para los cerca de 400 mil trabajadores de la industria maquiladora que deseen una educación universitaria para sus hijos preparatorianos.
Con observaciones, sobre todo a lo que se refiere a los elevados pagos por “servicios personales”, la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018 de la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
La secretaria de la comisión de fiscalización, Rocío González Alonso, comentó que el actual rector de la UACJ “también se otorga una compensación extra por servicios administrativos”.
En el caso de la Universidad Autónoma de Chihuahua, el informe técnico de la cuenta pública encontró una diferencia de cuatro millones de pesos en una obra realizada, la cual al ser revisada de manera física se detectó que se utilizó material de baja calidad, y se estableció un pago en demasía por 416 mil pesos, según la información proporcionada por la diputada, mientras que a la UACJ se presentaron en total ocho observaciones, sin especificar de qué tipo.
Hasta ahora no se ha dado una revisión independiente desde la comunidad universitaria o desde la sociedad sobre el manejo de los recursos de la UACJ y UACJ.
La constante en los diversos rectorados ha sido la opacidad, donde los informes presentados son muy generales y jamás van acompañados de información detallada o del acceso a los estados de cuenta.
En diciembre, la UACJ dio a conocer que el retraso en el pago de los aguinaldos de trabajadores de la Universidad, debido a un adeudo del Gobierno del Estado por 120 millones. Aunque finalmente se pagaron los aguinaldos, el adeudo del Gobierno del Estado sigue por 86 millones del ejercicio fiscal 2019.
Muchos estudiantes de esta universidad han reaccionado con asombro al conocer el sueldo de su rector, una información que se desconocía, pero también han dejado sentir su enojo ante lo que consideran un abuso o, incluso, un robo legalizado.
El colectivo UNI UNIDA publicó, desde su página, un afiche electrónico denunciando el “sueldazo” del rector, comparándolo con su proceder ante la violencia que viven los universitarios, así mismo cuestionando cómo es que nuestra universidad niega el derecho a la Gratuidad Universitaria, mientras mantiene este tipo de “sueldazos” de la burocracia universitaria, que se multiplica en el caso de los exrectores, que al concluir su mandato terminan con pensiones vitalicias.
En diciembre, estudiantes difundieron un video donde se denuncia el cobro de cuotas, el video que parodia una Escena fílmica sobre Hitler, alcanzó en 3 semanas más de 10 mil reproducciones. Lo que da cuenta de la sensibilidad de los universitarios, sobre todo los de menos ingresos, ante la necesidad de la gratuidad universitaria.
Los estudiantes organizados han manifestado que si bien la ley le otorga facultades a las universidades para “diversificar sus ingresos” (argumento utilizado para justificar las cuotas), esta es una contradicción, dado que esta facultad esta orientada precisamente para garantizar el derecho a la educación que imparten.
En efecto, la diversificación de ingresos, infinidad de servicios que podría ofrecer la UACJ, debería estar orientada a garantizar la gratuidad de la educación que imparte y para su desarrollo.
La rectoría igualmente pretende posicionar que la UACJ garantiza este derecho con el otorgamiento de Becas que, a decir de la propia rectoría, abarcan el 40% de la matrícula, pero no dice qué porcentaje de este 40% son de las llamadas “becas trabajo”, un procedimiento que integrantes de Uni Unida han denunciado como un mecanismo de subcontratación (outsourcing) del estudiantado, que le permite a la UACJ “ahorrarse” la contratación de personal.
Tampoco da cuenta de que las llamadas “becas” de excelencia se limitan a un reducido número de estudiantes con promedio superior a 9.6 y solo es una exención del pago de inscripción y créditos. En tanto, las llamadas becas socio económicas solo abarcan los créditos y requieren de un trámite burocrático, donde el estudiante debe dar cuenta de que su pobreza la amerita.
El rector Camargo Nassar dio a conocer que los recursos asignados a la UACJ por el gobierno federal y local ascendieron a mil 529 millones 670 mil 146 pesos y que hasta agosto de 2019 la UACJ contaba con una matrícula de 32 mil 77 alumnas y alumnos.
Si hacemos un cálculo aproximado, podemos darnos cuenta que con una cuota de inscripción de 3,000 semestral (6,000 anual) por alumno nos da un total de 192.5 millones (sin descontar becas). Esto representa 11.2% aproximado del presupuesto total de la UACJ.
Es decir, es falso que sean las cuotas las que sostienen y mantienen la infraestructura de la UACJ, la cual podría idear mecanismos alternos para “diversificar sus ingresos”, lo que podría abarcar la reducción de los “Sueldazos” de la alta burocracia (incluyendo exrectores), optimizando los recursos o, incluso, hacer las gestiones necesarias para que la federación y el gobierno estatal cumplan con su obligación de financiar la educación en todos sus niveles, que es uno de los fines sociales que justificaría, en teoría, el cobro de impuestos. Desde luego, esto no es así.
