Se trata de una iniciativa por parte de diputados de la derecha, quienes buscan profundizar en las políticas criminalizadoras de la migración, esta vez, estableciendo cuotas para determinar quiénes ingresan y quiénes no.
Lunes 27 de agosto de 2018
La UDI argumenta que: “la proporcionalidad, el desarrollo económico de cada país, las condiciones de empleabilidad, la solidaridad, la distribución equitativa, el sistema de protección social; además de los antecedentes penales de los migrantes, prohibiendo la entrada al país de destino a aquellos migrantes que hayan sido condenados por crímenes y simples delitos”.
Sin embargo, las políticas migratorias del gobierno han sido fuertemente cuestionadas por organizaciones vinculadas a los derechos migratorios y organizaciones pro-migrantes, tal y como lo fue la última deportación presidida por Andrés Chadwick, en donde se expulsaron a migrantes que ya habían cumplido su propia condena en su país de origen, pasando incluso por sobre los derechos humanos, a establecer una doble condena para una misma falta que ya había sido cumplida.
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