AGENDA REPRESIVA. UDI y Partido Liberal del Frente Amplio respaldan proyecto de ley que criminaliza el apoyo a la movilización social

Alain Bertho, académico francés, sobre el fenómeno de protestas agudas en Francia realizada por los chalecos amarillos el año 2018, comentaba: “Hace veinte años que se viene diciendo que tarde o temprano va a estallar, así que cuando estalla (la protesta social), no podemos encontrarla completamente ilógica o ilegítima”, y justamente ese es el acuerdo general, hoy por hoy. Y así lo demuestran la mayor parte de las encuestas: que la mayoría del pueblo trabajador Chileno encuentra “legitima” las demandas sociales y el malestar mostrado en las calles, y además da apoyo a la mayoría de las movilizaciones y manifestantes.

Así, por ejemplo, encuestas como la realizada por la Universidad del Desarrollo (UDD) evidencian que el 77.8% apoya la movilización, de una muestra poblacional de 884 personas, y que un 21.9% además refiere estar de acuerdo con protestas violentas.

El Núcleo Milenio en Desarrollo Social (DESOC), sobre una población de 1033 sujetos mayores de 15 años, al igual que la UDD, mostró que un 85.8% apoya la movilización, además destacó que, palabras como: justicia social y desigualdad, son términos que en general aparecen entre los encuestados.

Un apoyo hacia la lucha de las y los trabajadores que encuentra resonancias en diferentes sectores de la política nacional e internacional. Sin ir más lejos, parlamentarios de la bancada del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) han mostrado una verdadera solidaridad con el pueblo trabajador Chileno, en donde incluso Nicolás del Caño, reciente diputado y candidato presidencial, manifestó y participó del Encuentro de Trabajadores del hospital Barros Lucos Trudeau este pasado sábado 9 de Noviembre.

Sin embargo, esta semana una bancada de parlamentarios UDI, liderados por Issa Kort, llamaron a aprobar un proyecto de Ley que obliga a los partidos políticos a condenar el uso, propagación e incitación de la violencia en las movilizaciones. Esto en relación a la quema de sedes UDI y los daños a la tumba de promotor de la Dictadura en Chile, Jaime Guzmán.

Sin embargo, es necesario para entrar en este debate, preguntarnos ¿Quién tiene el poder de la violencia en Chile? O quizá previamente a eso ¿Qué es la violencia y como se ha manifestado en Chile?

Ante la última pregunta, que es a su vez la primera. Podemos definir que la violencia no es solo el sustrato callejero de luchas o la quema de edificios. Violencia, no se reduce a las barricadas o al lanzamiento de molotvs en las calles. Violencia, no empieza en los cortes de avenida por manifestantes o en los múltiples saqueos de edificios comerciales.

Antecede a estas manifestaciones del descontento, la otra violencia, esa de las relaciones políticas, económcas y sociales. Esa ciolencia y desigualdad acumulada en 30 años de silencio post dictadura bajo el consenso y la opresión del miedo.

“No son 30 pesos, son 30 años” hablan las voces en las calles, porque en efecto, la violencia a la que estuvo y está aún - y de manera más intensa - sometido el pueblo obrero chileno, obedece a aquella que fue instaurada y perfeccionada en los años de la dictadura entre 1973 y 1990. Una violencia que se sujeta en 1981 con la Constitución Chilena. Violencia sistemática - política. Violencia Sexual. Violencia cultural.

La pregunta y su respuesta cae en obviedades. El uso “legal” de la violencia lo tiene el Estado – Chileno en este caso – a través de la policía, fuerzas especiales y la milicia, que en estas tres semanas de movilización ha cobrado la vida de más de 20 personas. Que ha dejado con secuelas graves a cientos de trabajadores y estudiantes, entre ellos 197 ya con perdida parcial o total de la visión, hecho que la sociedad de Oftalmología Chilena denuncia como la peor crisis en más de 20 años.

La violencia del estado que no se limita al uso exclusivo de la fuerza de represión sino también a las miles de leyes promovidas por los sectores que Issa Kort defiende, que han hecho de Chile un país con bajos sueldos, bajo presupuesto en salud, bajos castigos para los asesinos en dictadura, una indolencia hacia los derechos de las mujeres en cuanto a la ausencia en la ley de aborto y los femicidios.

Un sistema legal violento que este 2019 ha criminalizado desde abril a los estudiantes con el proyecto de ley Aula Segura, en donde amigos diputados de Issa Kort, defendían el uso de lacrimógenas, palos y la intervención de fuerzas especiales en colegios como el Instituto Nacional.

Sí, ha habido violencia política, económica, social y cultural. Rescato la palabra cultural porque son también esos sectores de la derecha chilena, quienes justifican muertes como la de Victor Jara y sumado a eso, como la de los miles de trabajadores detenidos desaparecidos en dictadura, muerte como Alejandro Castro (líder medioambientalista) o Camilo Catrillanca.

“Exigimos condenar el uso, propagación e incitación a la violencia”. Dicen ahora, cuando esa legitimidad de la violencia ya no está en sus manos sino, que en parte se ha movido a las calles, y reitero, no hacemos monumento de la violencia, pero sí, de la defensa ante la policía, fuerzas especiales y militares. Si, defendemos la legítima defensa de los cientos de manifestantes ante los balines, lacrimógenas y las constantes amenazas de muerte y castigo.

Defendemos el legítimo uso de la fuerza en defensa y contra aquellos policías, fuerzas especiales y militares que han violado, torturado y asesinado a mujeres y hombres en estos días. Esas mujeres y esos hombres que como anuncian las encuestas buscaban una sociedad sin desigualdad y más justa, que en los 30 años de capitalismo salvaje en chile (como algunos economistas ingleses han denominado) ha costado la vida no solo de los 20 muertos en las últimas tres semanas, sino también de los cientos de trabajadores del pueblo pobre que han muerto esperando atención de salud, que han reducido su esperanza de vida debido a las condiciones de miseria habitacional y laboral en las que el estado capitalista - resguardado por los partidos empresariales - los han mantenido.

A esa violencia la clase trabajadora hoy condena y ese uso, propaganda e incitación es a la que los manifestante hoy muestran su rechazo y contra la que se han defendido en las masivas jornadas de Octubre y Noviembre de este 2019. La violencia sistemática del estado capitalista en contra de los y las trabajadores, mujeres y la juventud.

En este escenario es que proyectos de ley como el anunciado por la bancada UDI, no son sino muestra de la hipocresía de la casta política, que encuentran además ahora apoyo en partidos como la Democracia Cristiana (que también legitimó el golpe de estado del año 73), el Partido Radical y Socialista (quienes sostuvieron 30 años la violencia sistemática sobre los trabajadores de una constitución dictatorial) y ahora, sectores del Frente Amplio como lo es el Partido Liberal.

Proyectos como este no son una herramienta para “el diálogo pacífico” ni la búsqueda de paz social, que es el argumento de los partidos del régimen neoliberal de Issa Kort, pues es todo lo contrario. Este tipo de acciones intenta ser una jugada legislativa para hacer volver a los y las trabajadores a ese silencio que por treinta años los gobernó y sometió. Un silencio que hoy, a la luz de las barricada de la Alameda, se quiebra entre los tambores y los gritos de una clase obrera chilena que se dice y siente más despierta que nunca.

Datos obtenidos de:
https://www.cnnchile.com/pais/termometro-social-encuestados-85-a-favor-movimiento-social_20191103/

Encuesta UDD

Nota El Mercurio Domingo 10 Noviembre.