OPINIÓN. #UNAMnoPaga en la encrucijada: ¿se acabó el conflicto?

Lo que buscan es cerrar ordenadamente el semestre evitando que se mantengan sectores activos y organizados frente a la inminente vuelta a las instalaciones. Quieren mantener la estabilidad de esta institución y su funcionamiento antidemocrático en medio de una situación de mucha polarización política y social.

Durante el proceso, la Rectoría se negó a reconocer al movimiento docente y estudiantil y no se presentó al emplazamiento a diálogo del 17 de mayo. La política diferenciada y contradictoria -ante la presión del descontento provocado- que levantaron los últimos tres meses las direcciones de escuelas y facultades para imponer mesas de “negociación” con los docentes adscritos a cada entidad, se han convertido en un callejón sin salida.

Nada se ha obtenido de estos diálogos con las y los directivos, mismos que dividen al movimiento fragmentándolo por planteles; lejos de eso, en algunos casos la respuesta ha pasado de ser una letanía de incapacidades administrativas a una dura negativa a reconocer el movimiento y resolver sus demandas.

Así fue el caso de la FES Aragón, donde las autoridades directamente rompieron el diálogo, provocando el intento de toma de las instalaciones que solo fue evitado por el despliegue policial, en sintonía con lo que vimos en la FES Acatlán, con un director y una administración cuestionados que ni siquiera se aparecieron al diálogo, o la represión a estudiantes de la FES Zaragoza, donde hubo estudiantes heridas.

Las autoridades hicieron todo lo que estuvo en sus manos para reventar los paros, recurriendo a amedrantamientos y amenazas como en CCH Naucalpan, donde las autoridades amagaron con cancelar el pase reglamentado si continuaba el paro y, de paso, mintieron frente a la huelga de hambre del Maestro Mauricio.

Lo anterior con la colaboración activa de sectores moderados del movimiento que prefirieron levantarlos por calificarlos de “contraproducentes”, como declararon algunos docentes en la Facultad de Ciencias, o por “priorizar una agenda de acciones locales” y ceder a la presión de directivos que impusieron esa condición para las mesas de diálogo, como es el caso de algunos docentes que participan del claustro docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Condiciones que, como todos sabemos, toda autoridad impone a los movimientos para desactivar el descontento.

Mientras tanto, las asambleas estudiantiles y docentes han disminuido sensiblemente su asistencia, reduciéndose a algunas decenas por plantel, producto del fin de semestre y de la falta de una política consecuente de masificación y unidad de los dos principales sectores en lucha, el personal docente y el estudiantado. Una división que, por cierto, es una política de consciente de las autoridades que han acompañado con ataques focalizados a activistas de izquierda de los plantes más activos para criminalizar y aislar a franjas de vanguardia de la base estudiantil y docente que quedó por fuera del proceso.

La contratendencia progresiva, se concentra en las facultades periféricas, las FES; como Cuatitlán que frente al autoritarismo de directivos, tuvo semanas de intensas asambleas donde participaron virtualmente millares de estudiantes y docentes y algunas acciones. O los casos de Aragón e Iztacala, donde el hartazgo frente a la falta de voluntad política de los directivos reimpulsó el movimiento que intentó imponer medidas de fuerza frente a línea rupturista de paros, con un sector combativo del movimiento que aunque buscó tomar los planteles y convocó a movilizaciones, no logró activar el enorme descontento y la politización hasta ahora pasiva y virtual para masifiar la lucha.

También en la ENES Morelia, que tomó las instalaciones frente a la ruptura de acuerdos de los directivos, y en la Facultad de Ingeniería, que se sumó al paro destacando las demandas de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Por su parte, Acatlán impulsó un modelo asambleario de Consejo General de Representantes para mantener sólidos vínculos entre la vanguardia organizada y los millares de estudiantes, docentes y trabajadores de la Facultad. Un proceso que aún debe consolidarse y superar las asambleas por carrera para fortalecer una asamblea general tripartita con mucha mayor participación de la comunidad organizada independientemente a las autoridades. Es decir, para avanzar más en los métodos democráticos de organización.

Sin embargo, estos sectores de avanzada que se mantienen aún activos no están representados y vienen participando poco de la Asamblea InterUNAM, en la que, tras mucha insistencia de un ala encabezada por el claustro de docentes de la FCPyS por discutir el modelo de representatividad y votación, recientemente se aprobaron una serie de “principios” [1] que ponen en cuestión la tradición asamblearia de mandato de base, rotatividad y revocabilidad del movimiento estudiantil heredados por la huelga del ‘99 como candados contra las maniobras burocráticas que suelen quienes levantan una política corporativa para mantener el conflicto dentro de las cuatro paredes de la UNAM y bajo una lógica de confianza en las autoridades y su nada evidente “buena voluntad”. Una política muy parecida a la del CEU del PRD en la huelga estudiantil de 1999-2000.

Un momento de inflexión en el movimiento

Es claro que hay dos perspectivas políticas sobre cómo conseguir las demandas del movimiento. La posición de lo que podemos ubicar como el ala moderada argumenta que “fortaleciendo las asambleas locales” (sin garantizar mecanismos para la coordinación efectiva de las mismas y sin poner por delante el respeto de mandato de base en la Asamblea InterUNAM), se puede avanzar a construir algún tipo de asociación de docentes que, vía las mesas de negociación por escuela, pueda -en el mejor escenario-, obtener el pago de los adeudos salariales.

Este sector moderado no levanta una política para vincularse con las y los trabajadores administrativos de base del STUNAM que también pelean contra la precarización, y es enemigo de la coordinación con sectores educativos fuera de la UNAM, mismos que levantan la cabeza contra aquella y contra el ataque de las políticas de la Cuarta Transformación contra el sector educativo. Incluso se han esforzado por mantener al estudiantado, principal aliado de la lucha docente, en un rol de solidaridad pasiva, negándose a plantear que frente a la realidad de precarización laboral que enfrenta la juventud, la lucha por trabajo digno es una lucha común, que dentro de la universidad atañe a los tres sectores de la comunidad universitaria pues solo con la más amplia unidad se pueden enfrentar las maniobras de Rectoría, y apuntalar así la defensa de la educación pública y gratuita. Esto se expresó en la negativa de integrar al conjunto de demandas expresadas en el pliego petitorio entregado a Rectoría, las demandas estudiantiles, así como en la resistencia por impulsar asambleas generales tripartitas en todas las escuelas.

La otra posición, la del ala izquierda del proceso, plantea que la única vía para acabar con la precarización laboral es fortaleciendo la unidad obrero-estudiantil entre las y los estudiantes, trabajadores y docentes, de manera independiente a las autoridades, masificando el movimiento con una política activa para integrar a la base a la discusión y reflexión política, así como a las acciones.

Esta posición busca coordinar la lucha con todos aquellos sectores que enfrentan la austeridad republicana y las políticas de precarización de las autoridades; organizándonos con plena independencia y sin ninguna confianza en las autoridades universitarias, las burocracias sindicales y los partidos del Congreso, e imponiendo nuestras demandas con la movilización unitaria y combativa de todo el sector educativo.

A esta última nos sumamos desde La Izquierda Diario, las y los integrantes de la Agrupación Juvenil Anticapitalista (AJA) y el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS) y al servicio de dicha política, impulsamos una gran consulta por educación pública y gratuita. Nuestra perspectiva es transformar radicalmente la Universidad, para ponerla al servicio del pueblo pobre y trabajador, acabando con sus antidemocráticos órganos de gobierno, como la Legislación Universitaria, el Consejo Universitario y el inquisidor Tribunal Universitario, para imponer con la movilización unitaria de los tres sectores de la comunidad un gobierno tripartito con mayoría estudiantil.

Sabemos que esta política solo puede ser llevada adelante sobre la base de un funcionamiento democrático del movimiento, con libre participación de las tendencias políticas de izquierda y una férrea defensa del mandato de base de las asambleas por escuela/plantel (no por carrera –lo que es excluyente-), que puedan definir delegados rotativos y revocables (en caso de no respetar dicho mandato) y avanzar en implementar modelos de organización estudiantil y docente permanente como el CGR.

Estos mecanismos fueron forjados a base de una durísima lucha política entre la amplísima izquierda del movimiento de base del Consejo General de Huelga en el ‘99-2000 y las corrientes vinculadas al PRD y al régimen político de la transición pactada del 2000.

Esto, a contra mano del modelo de la huelga del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) que, al no implementar como mecanismo la rotatividad y revocabilidad de los representantes ni la independencia frente al gobierno, terminó por pactar con las autoridades, forjar una nueva burocracia estudiantil y fundando el PRD con cuadros que hoy están al frente del gobierno como Claudia Sheinbaum o López-Gatell.

El problema no sólo es la precarización, ni el cinismo de quienes dirigen antidemocrátiamente nuestra máxima casa de estudios, sino las políticas de gobiernos que aún con una retórica progresista se subordinan a los intereses del imperialismo y los organismos financieros internacionales, como el FMI y el Banco Mundial, los cuales buscan acabar con la educación pública y gratuita e imponer una bancaria y de mercado. Lejos de exigir el aumento al presupuesto educativo, dejando de pagar la deuda externa o implementado impuestos a las grandes fortunas, las autoridades avanzan con pactos con la iniciativa privada y sus planes de elitización y privatización.

Una política para vencer

El problema es que la 4T y el Morena, bajo el mando de López Obrador, necesitan una universidad disciplinada, donde un nuevo y poderoso movimiento estudiantil, docente y administrativo no se levante como oposición al gobierno, porque las contradicciones del oficialismo que vimos en los resultados de la jornada electoral, pueden expresarse en este conflicto de manera muy politizada al ser la universidad una “caja de resonancia” de las contradicciones sociales.

Para evitar un escenario así, el régimen universitario busca crear una nueva burocracia estudiantil y docente que recree a las y los “moderados” (con muchos viejos actores que, de hecho, estuvieron por entregar la huelga en el 2000 como la corriente En Lucha y una importante cantidad de docentes eméritos), que mantenga la división entre docentes, estudiantes y trabajadores, para que no estorben los planes de Rectoría y los intereses de los grupos de poder que controlan la UNAM.

Contra esto peleamos quienes reivindicamos el legado de la combativa “ultra”, frente a una política que busca pelear por migajas y llevar al conflicto docente a su derrota. Te invitamos a sumarte a la Agrupación Juvenil Anticapitalista para recuperar las mejores lecciones del movimiento estudiantil y obrero en la lucha por sus demandas,, y a construir una juventud militante que luche por la transformación revolucionaria de la Universidad y de la sociedad capitalista.

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[1] Principios: 1. Que la representatividad sea por asambleas locales con un número fijo de votos por asamblea que permita el voto diferenciado y garantice la posibilidad de incorporación de un voto estudiantil ahí y en donde exista asamblea estudiantil. 2. Que cada asamblea tenga autonomía para decidir los márgenes de vocería/voto dependiendo del tema de que se trate. 3. Que se haga un plan de consolidación de asambleas locales. 4. Rotatividad en la representación de cada asamblea. Con la consideración de que cada asamblea local defina los tiempos de rotatividad, número fijo de representantes y mandatos de los mismos.

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