Después de varios años padeciendo corrupción al interior de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), así como la violación a sus derechos laborales, profesores y administrativos se organizan, mientras las autoridades recurren a la represión política.
Viernes 6 de agosto de 2021
Profesores y administrativos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas llegaron al límite después de años de corrupción y violación a sus derechos laborales. Una de las gotas que derramaron el vaso fue la falta de pagos al INFONAVIT que notaron varios trabajadores en el 2019, ya que recibieron notificaciones de embargo de sus viviendas contraídas mediante este crédito.
Eso condujo a más trabajadores a revisar el pago de prestaciones, notando que la Universidad no había cubierto con las cuotas de IMSS, AFORE o ISR por mucho tiempo, a pesar de que se les descontaba de su nómina, tanto a los de base como a los profesores con contratos temporales (de 6 meses).
Ante esta situación, las y los trabajadores contrataron a un auditor para que se realizara una investigación desde 2010, pues los impagos implicaban un desvío millonario. La investigación fue suspendida ya que el auditor recibió amenazas, según narran los testimonios.
En ese momento, el rector era Rodolfo Calvo Fonseca, ficha política sobre el cual pesan denuncias de acoso sexual y laboral, nepotismo, además de que, vox pópuli, se le vincula con el narco en la región, así como de ser dueño de burdeles.
A pesar de las represalias políticas que realizó Calvo Fonseca, profesores y administrativos aumentaron las protestas y lograron destituirlo en enero de 2021. Este, por su parte, fundó su propia universidad privada.
A la salida de Calvo, en ausencia de democracia, como ocurre en la mayoría de las universidades, la minúscula Junta Directiva de la UNICACH impuso a Juan José Solórzano Marcial como nuevo rector, sin embargo, las y los trabajadores saben que ni siquiera esta minúscula junta es quien coloca a la máxima autoridad de la Universidad, sino que el aval lo da el gobernador en turno, en este caso Rutilio Escandón.
Como era de esperarse, con Solórzano las cosas no mejoraron, la represión continuó y tras diversas movilizaciones en las calles y manifestaciones en redes sociales por parte de profesores y administrativos, fue que el 23 de julio, en pleno periodo vacacional, las autoridades de la Universidad decidieron realizar un despido de 50 trabajadores como clara represalia política.
Las tensiones entre autoridades y trabajadores se vienen agudizando desde 2017, ya que estos últimos han tratado de recuperar al Sindicato del Personal Académico de la UNICACH (SPAUNICACH) pues durante 18 años fue controlado por Oscar Hugo Hernández Arévalo, exSecretario General, quien se subordinaba a las autoridades.
Previo a la salida de Calva Fonseca, se tramó la imposición de la esposa de Hernández Arévalo, Zoila García Ruiz, como Secretaria General, a la cual se le dio una plaza de técnico académica para poder sindicalizarse y así disputar la secretaría general, pues ni siquiera era trabajadora.
En 2017, la organización de las y los trabajadores logró deponer a Hernández y colocaron a Freddy Eugenio Penagos García como Secretario General, con quien impulsan esta disidencia sindical. Sin embargo, con la entrada de Solórzano, se desconoció a la disidencia sindical y en su lugar se reconoció a García Ruiz como la única interlocutora con rectoría.
Cabe mencionar que García Ruiz consiguió la secretaría general falsificando firmas, lo cual fue denunciado ante la fiscalía del Estado por los trabajadores, sin que hasta la fecha haya algún resultado de dicha denuncia. Más para corroborar que se trató de un golpe bajo, la toma de nota le fue otorgada alevosamente, ya que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado está cerrada desde noviembre de 2020 por la pandemia de Covid-19. Se ha señalado que Carlos Enrique Martínez Vázquez, presidente de la Junta Local, es compadre de García Ruiz.
Desde la Campaña Queremos Trabajo Digno, nos solidarizamos con las y los trabajadores de la UNICACH, los cuales exigen un alto a las represalias políticas así como la reinstalación de los despedidos, además su lucha demuestran que es posible recuperar a los sindicatos como herramientas de lucha, los cuales también deben mantener una independencia política del gobierno y las patronales, aglutinando tanto a basificados como a precarizados, a profesores como a administrativos, así como a alumnos.
