UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. UNIZAR: presupuestos a la medida de la casta universitaria y las empresas

El 19 se reunía el Consejo de Gobierno y el 21 de diciembre lo hacía el Consejo Social para votar -ahora sí- el presupuesto. El claustro se convierte en un mero trámite más para la casta universitaria y para teatralizar que la universidad es democrática.

Un presupuesto a la medida de la casta universitaria

El claustro no es un órgano ejecutivo (ni democrático) sino más bien consultivo como explicaremos más abajo. La casta universitaria nos prohíbe decidir libremente qué y cómo estudiamos o trabajamos, como organizamos la universidad o si debemos o no pagar por estudiar.

Ni siquiera tenemos el derecho democrático a modificar el plan anual e informe de gestión del Rector que presentó en el claustro, en el cual está incluido algo tan importante como los presupuestos. Ya que es “elaborado y ejecutado” por el Consejo de Dirección y aprobado definitivamente por el Consejo Social el pasado 21 de diciembre. ¿Por qué el voto de los 15 miembros de la burocracia, empresarios y políticos del Consejo Social prevalece sobre los derechos de 30.000 estudiantes y 3.000 trabajadores de la Universidad de Zaragoza?

¿Qué representan estos presupuestos? La universidad de Zaragoza es una de las peores financiadas de todo el Estado. La tendencia es la reducción de la financiación pública, mientras el alumnado cada vez pagamos más tasas y contribuimos más. Al mismo tiempo que crece la financiación privada de empresas y bancos para hacerse con un trozo del pastel y sacar beneficios a costa nuestra.

Es indignante que el rector imponga estos presupuestos y que los presente como algo positivo: ¿para los intereses de quién? Esto se hace además hablando de “subida” en relación al aumento del 1,2% de la financiación pública total respecto el año pasado. Resulta engañoso si lo contextualizamos en los últimos años de congelación presupuestaria y recortes draconianos – entre 2009 y 2015 se recortó un 17,0%

En segundo lugar, mientras venimos sufriendo años de retrocesos en la financiación pública (con nuestros impuestos) ésta fue “compensada” por un aumento de las tasas, y por tanto mayor aportación del alumnado y sus familias. En el período 2009-15 los ingresos por precios públicos en la universidad ascendieron al 14,4%. Por si fuera poco en 20 años el precio de las carreras tan solo ha bajado un 7%, cuando en la legislatura pasada el incremento de las tasas fue del 15%

Un ejemplo son las tasas de matrícula están por las nubes. Cuando el precio más “barato” de un grado ronda los 900 euros y el máximo los 1600 euros, siendo más del doble en algunas comunidades, como Catalunya o Madrid, para una universidad que se define como "pública". Es más los precios para los estudiantes extranjeros no residentes y no UE pueden llegar a ser entre 4 y 6,7 veces superiores a aquellos.

El mismo Periódico de Aragón -no sospechoso de “izquierdista”- reconoce que la “reducción de tasas apenas ha repercutido en el precio de los grados con nivel de experimentalidad 4,5 y 6 –-aquellas con el coste del crédito más barato– que ya eran de los más bajos del país, por lo que, en estos casos, la reducción es casi simbólica –entre el 0,5% y el 1,5%–.”

En tercer lugar, la financiación sigue controlada por banqueros, empresarios y burócratas que ponen la educación a su servicio. Estos mismos bancos y empresarios son los mismos que se sientan en el consejo social y aprueban nuestros presupuestos. Los mismos -junto a la alta burocracia de la universidad- que se “auto regalan” nada más y nada menos que 60.000 euros - tan sólo en “asistencia a reuniones” se gastarán 30.000 euros estimados- para el presupuesto de 2018 del Consejo Social y así poder satisfacer sus caprichitos. Son los mismos que nos prohíben votar algo tan elemental como el presupuesto de nuestra universidad.

Un claustro a la medida de la casta universitaria

Debemos de plantearnos dos cuestiones. En primer lugar ¿estamos ante un órgano democrático? Como hemos ido viendo hasta ahora como mínimo es “cuestionable”. Pero, no, el régimen universitario es antidemocrático y tan solo permite el ejercicio de una democracia estamental enormemente limitada. Limitada, porque su estructura interna está signada por una mayoría absoluta de un 51% de profesores doctores (153 miembros de 300). Este sector de profesores son una minoría entre la comunidad universitaria, repartiéndose los puestos de representación restantes (menos de la mitad). Mientras tantos profesores no permanentes representan solo el 12%, PAS 10%, investigadores con plaza 9% y becarios/as 1%. El alumnado por su parte representa en torno al 30%, el sector menos representado en términos relativos pese a ser la mayoría y razón de ser de la universidad. En algunas facultades el voto de un catedrático vale lo mismo que el de 160 estudiantes.

Además, como comenta Alejandro Arias de la agrupación estudiantil Armas de la Crítica de Madrid -organización hermana del Sindicato de Estudiantes de Izquierdas- “si la ordenación universitaria relega al estudiantado a un papel de tercera o cuarta en la toma de decisiones, existe otro sector por debajo al que deliberadamente se le niega cualquier papel: el de los trabajadores y trabajadoras de los campus cuyos servicios se brindan por parte de empresas “externas” -ay, esas comillas-. Personal de limpieza, hostelería, reprografía, actividades deportivas, etc., cuyos empleos eran responsabilidad directa de las propias universidades no hace tanto tiempo hasta que fueron privatizados estos servicios, a los que se niega la posibilidad de elegir a sus propios representantes y a las autoridades que rigen sobre sus propias condiciones laborales”.

En segundo lugar ¿Un claustro transparente y sin privilegios? Todo lo contrario. ¡Es un verdadero escándalo que no sólo no podamos votar los presupuestos, sino que además a un mes de la celebración de la sesión todavía no se pueda acceder públicamente a las actas - tendremos que esperar un año para conocer la reunión de este curso académico y que tan solo se reúna una vez al año!-.

Reivindicamos que el claustro se haga a puertas abiertas a toda la comunidad educativa, más allá de un streaming cuyas grabaciones son posteriormente ocultadas, para que cualquier estudiante y cualquier miembro de la plantilla de la universidad con o sin representación tenga el derecho a entrar, escuchar, participar o impugnar. Es un escándalo que el claustro tan solo puedan acceder unos “pocos privilegiados” -incluso con privilegios por participar, que en el caso de los estudiantes son “créditos”- y no esté abierto a todo el mundo. Basta de privilegios por ser claustrales. Además, exigimos la publicación de las actas y las grabaciones no más tarde de un mes de su realización.

Es sorprendente que ningún colectivo estudiantil haya denunciado esta situación. Y más cuando el gobierno central del PP, y el gobierno autonómico del PSOE, muestran muy bien cuáles son sus prioridades (empresariales) y por esa razón, es inadmisible que Podemos e IU dieran su apoyo a los presupuestos del PSOE, quién controla como hemos visto el presupuesto universitario a través del Consejo Social.

La casta universitaria está hipervinculada con este régimen político de ricos y corruptos, y donde las “puertas giratorias” también existen en las universidades, las empresas y los partidos patronales. Es necesaria la democratización radical de la universidad. Como mínimo y para empezar debemos estar en contra de la prohibición del Consejo Social de que el conjunto del alumnado y plantilla trabajadora no pueda debatir y votar los presupuestos. Es necesario convocar un referéndum vinculante para decidir libremente que prepuestos queremos organizada por asambleas de estudiantes y trabajadores en las distintas facultades.

Frente a este régimen antidemocrático y neoliberal es necesario avanzar además por dos elementos básicos. Uno, la absoluta gratuidad de las matrículas universitarias, a todos los niveles -incluidas las personas inmigrantes con o sin papeles-. Y dos, una universidad radicalmente democrática a través de la elección por sufragio universal directo del rectorado y de todas las autoridades universitarias, con mandato revocable en asambleas de estudiantes y trabajadores, para que estos rindan cuentas frente a la comunidad universitaria.