Mientras las autoridades de la UNLZ y el ministro de educación Trotta se limitaron a suspender las clases, nada se dice sobre cómo utilizar los recursos científicos, infraestructura universitaria y el conocimiento para combatir la pandemia. Solo el aislamiento, como paliativo, es insuficiente. Es hora de poner las universidades al servicio de nuestras necesidades.
Miércoles 18 de marzo de 2020 23:13
Las universidades e institutos de investigación científica del país tienen objetivamente un potencial inconmensurable para ser parte de afrontar la crisis sanitaria en el país. En las públicas estudian un millón y medio de personas, y hay 120 mil docentes. En las privadas medio millón. El personal del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, registrado en CVar (Registro Unificado y Normalizado a nivel nacional de los Datos Curriculares del personal científico y tecnológico), se concentra principalmente en las universidades o institutos universitarios de gestión estatal, constituyendo el 71%, lo que representa a casi 40 mil personas.
Es urgente que todos los recursos del país estén puestos al servicio de combatir la pandemia y garantizar la calidad de vida de toda la población, en lugar de seguir pagando una deuda fraudulenta. Es hora de que el conocimiento científico de las universidades esté al servicio del conjunto de la clase trabajadora y no al servicio de la ganancia capitalista y los sectores privados. Primero desarrollemos la situación actual.
Hace unos días escuchamos las medidas tomadas por Alberto Fernandez frente a la pandemia por el coronavirus, como el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH), bonos extraordinarios de 3000 pesos entregados por única vez para jubilados y quienes reciben planes sociales, así como el refuerzo en la asistencia a comedores escolares, comunitarios y merenderos, pero por si mismos no dan respuestas concretas a la gran deficiencia presupuestaria en la que se encuentran nuestros sistemas de educación y salud. En cuanto a medidas hacia los trabajadores en negro o respuestas hacia la juventud precarizada, como sectores que se ven muy afectados por la crisis sanitaria que estamos viviendo, ni una sola palabra. No podemos pensar en respuestas acordes sin un verdadero diagnóstico de la situación que atravesamos.
El presupuesto acordado para las universidades para el ciclo lectivo 2020 (establecido bajo el gobierno de Mauricio Macri en 2019), refleja un 40% de aumento en relación al año anterior, mientras que la inflación fue de un 60%, expresando una diferencia de 21 puntos por debajo de la inflación, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Al día de la fecha, no se conocen modificaciones por el actual gobierno. Al igual que los gobiernos provinciales (Frente de Todos, Cambiemos) que ya informaron que no habrá cláusula gatillo para los docentes en todos los niveles educativos.
El ajuste a la educación que se está llevando a cabo marca tendencia… El ciclo lectivo de este 2020 ha comenzado con 11 provincias sin clases y con docentes y estatales en lucha, con paritarias totalmente a la baja, 13% en docentes y en algunos municipios, como Lomas de Zamora, un mísero 3% para estatales. Lo que deja a la vista un claro ajuste al sector público.
¿Qué pasa con nuestra salud?
La Provincia de Buenos Aires, en donde se encuentran ubicadas nuestras universidades, está compuesta por 11 millones de personas, de las cuales el 41% no cuenta con cobertura médica. Siendo que el sistema de salud cuenta con 80 hospitales, y 19 unidades de pronta atención, con tan sólo 9 mil camas, de las cuales un 15% están destinadas a cuidados intensivos. Está a la vista de todos el deterioro de la infraestructura y la falta de insumos con los que lidian muchos de nuestros trabajadores de la salud, que en caso de los hospitales municipales, muchos se encuentran trabajando en condiciones de precariedad como es el caso del Laura Cazal, trabajadora del Hospital Alende, despedida cobrando un sueldo inferior a 4700 pesos con más de doce años de antigüedad. En el Hospital Oñativia de Almirante Brown, que fue parcialmente restaurado después de un evitable incendio, o como el Hospital Evita de Lanús, que se inunda y los trabajadores denuncian la presencia de plagas.
En su mandato, la exgorbernadora Maria Eugenia Vidal, redujo el presupuesto de salud de un 6,3% a un 5,5%. Estas paupérrimas condiciones en la que se encuentra la salud pública son continuadas por el gobierno de Axel Kicillof, quien postergo el presupuesto 2020 en pos de financiar y priorizar el pago de los bonos que vencen en junio y julio. Esta situación se encuentra cada vez más agravada y queda en evidencia frente a la emergencia sanitaria producto de la rápida expansión del Coronavirus.
Es urgente invertir las prioridades y que los recursos que se están destinando al pago de los bonistas y de una deuda odiosa, ilegal y fraudulenta con el FMI, de la cual no vimos ni un solo peso, sean invertidos en mejorar nuestra salud y educación. Nuestras vidas valen más.
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Tenemos un potencial enorme
La gran mayoría de las universidades cuentan con centros de investigación propios y laboratorios, algunos hasta con hospitales, o salas sanitarias, entre otras instituciones propias. Los docentes e investigadores, junto con estudiantes (quienes en su mayoría tienen trabajos precarios) podríamos jugar un gran rol con presupuesto y medidas extraordinarias de urgencia para asistir a los sectores más vulnerables. No solo frente al coronavirus, sino también dengue, sarampión y otras enfermedades de rápida propagación. Además de la medicina, enfermería, ingeniería industrial, biotecnología, se puede aportar desde las carreras de trabajo social, psicología, sociología, comunicación, y estudiantes de formación docente.
Desde la agrupación estudiantil Enclave Roja, compuesta por la Juventud del PTS, Pan y Rosas y estudiantes independientes, organizados en la Secretaría de Género y Diversidad Sexual vemos, que por ejemplo en nuestra casa de estudios, la Universidad nacional de Lomas de Zamora, dentro de la Facultad de Ingeniería, se dicta la Licenciatura de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que podría ser un gran aporte para revisar las condiciones laborales y desarrollar el sistema productivo sin riesgo a los trabajadores en este contexto de pandemia. La facultad cuenta también con carreras ligadas al armado de maquinaría, que puestas al servicio de la salud pública, garantizaría la innovación tecnológica y la aparatología que hoy en día es escasa en todos los hospitales de la provincia.
En la Facultad de Ciencias Sociales, la Tecnicatura en Minoridad y Familia en su programa desarrolla enseñanzas sobre las condiciones de la salud pública en el país, esto serviría para realizar un proyecto de Sanidad para la provincia. Dentro del edificio funciona el Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica (SAOP) desde donde los estudiantes y docentes de psicopedagogía podrían brindar apoyo, contención e información a las familias de toda la comunidad. También contamos con un multimedio (redacción, radio, televisión) en la cual los estudiantes de comunicación y periodismo podrían ser contratados de manera formal, poniendo nuestras instalaciones, y el potencial científico al servicio de la sociedad y no al servicio de la ganancia de empresas y medios hegemónicos.
Hay universidades, como es el caso de la Universidad Nacional de Hurlingam, que firmaron un Convenio de Cooperación con el Hospital Posadas. Desde la UNLZ podrían impulsarse convenios en ese sentido, de capacitación a los estudiantes para poner sus conocimientos al servicio del pueblo trabajador que está sufriendo esta crisis sanitaria, con contratos formales y bajo los protocolos de seguridad e higiene necesarios para resguardar su seguridad.
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Vemos la necesidad de tomar medidas urgentes. Es imperante que el rector Diego Molea, los decanos de cada facultad y autoridades de la universidad tomen medidas rápidamente de protección para sus trabajadores, que garantice con recursos del Estado el abastecimiento de elementos para la prevención como alcohol en gel, jabón y guantes, así como viandas para las estudiantes que son madres y para quienes trabajen en la informalidad o estén sufriendo reducción de salarios.
¿Qué esperan las presidencias de Centro de Estudiantes de las distintas facultades de la universidad, como FEP, Todos x Derecho, Franja Morada, Estudiantes x Ingeniería y CEFCA para convocar a docentes, graduados, estudiantes, investigadores y científicos a colaborar en enfrentar la crisis sanitaria?
Para poder desarrollar de manera conjunta y coordinar todas las fuerzas en camino de dar una respuesta de acuerdo a las necesidades de la situación, podrían impulsar comisiones de Seguridad e Higiene, de estudiantes junto a docentes y no docentes, para que podamos evaluar en qué condiciones se encuentra nuestra universidad, qué elementos necesitamos para resguardar la salud de la comunidad universitaria, y qué condiciones necesitamos para retomar las clases, que sean garantizados por el Estado. No solo por la emergencia sanitaria sino también para que frente a la crisis económica que también estamos viviendo no seamos los estudiantes y los trabajadores quienes nos veamos afectados y tengamos que abandonar la universidad, como un jardín materno parental, becas integrales para que podamos seguir estudiando, ya que muchos tenemos trabajos precarios y mayor apertura.
A nivel nacional junto a Nicolás del Caño y Myriam Bregman proponemos una serie de medidas elementales urgentes para que no sean las familias trabajadoras las perjudicadas por esta pandemia: el Estado debe garantizar test masivos para detectar de manera temprana el virus, camas de terapia intensiva con asistencia respiratoria para todos los que la necesiten, la incorporación de todos los trabajadores de salud necesarios. Planteamos la necesidad de que el Estado centralice de inmediato todos los recursos existentes. Hay que unificar el sistema de salud público y privado para garantizar atención inmediata para quienes la necesiten.
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Además, debe garantizar licencias pagas al 100% de las y los trabajadores que no puedan trabajar por enfermedad, posible contagio o porque integran los grupos de riesgo, así como subsidios masivos para todos las y los trabajadores precarizados que se queden sin ingresos, no puede haber ningún despido por cierre de establecimientos, no son los trabajadores quienes tienen que pagar esta crisis. Para esto, es necesario que exijamos que se deje de pagar la deuda y que todos los recursos del país se pongan a disposición de las necesidades de las grandes mayorías, a partidas presupuestarias de emergencia para salud y educación.
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