El Frente de Todos y las centrales sindicales convocan a un acto en apoyo al Gobierno que viene de premiar a grandes fugadores y petroleras, mientras niega la vivienda a las familias pobres. A pesar de estas concesiones, las grandes patronales siguen pidiendo más.
Pablo Herón @PhabloHeron
Viernes 16 de octubre de 2020 16:30
El sábado el Gobierno y la CGT preparan un nuevo acto del 17 de octubre virtual. Para participar bastará con entrar a una web, ponerse un apodo y elegir un avatar con una imagen de la simbología peronista. Esta es la convocatoria que impulsa el oficialismo en una situación donde vienen expresándose públicamente internas en el Frente de Todos.
El principal orador del acto será Alberto Fernández desde el Salón Felipe Vallese de la sede de la CGT sobre la calle Azopardo. La idea es que participen una parte de los 36 secretarios generales de la CGT, gobernadores, intendentes y los movimientos sociales.
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Por su parte el Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona), que encabeza Hugo Moyano, resolvió llamar a una “gran movilización nacional” desde las 10 horas convocando a una caravana de camiones, autos, colectivos, taxis y motos a Plaza de Mayo. Una iniciativa que buscaría diferenciarse de la cabeza de la CGT de Daer y Acuña producto de la crisis, y que según distintas fuentes, para el presidente no sería lo más conveniente.
Con o sin presencialidad, el peronismo busca expresar un apoyo político para el Gobierno que está atravesado por una situación crítica: las tomas de tierras evidencian la profundidad de una crisis social que se agrava cada vez más, la pandemia constantemente supera récords de contagios y muertes, y la derecha representante de los sectores empresarios viene saliendo a la calle para imponer su agenda. Es en ese marco que cobran relevancia las medidas económicas que viene llevando adelante el Ejecutivo.
Medidas para los empresarios
A pesar de la retórica antimacrista que Alberto Fernández retomó esta semanas tras la entrevista de Joaquín Morales Solá al expresidente, ayer el Gobierno anunció dos medidas que hacen al espíritu del rumbo económico encarado tras la pandemia y el desarrollo de la crisis social y económica. Desde Loma Campana, el yacimiento en el que YPF S.A y la yanqui Chevron iniciaron la explotación de la formación Vaca Muerta, Alberto Fernández anunció un subsidio para las empresas productoras de gas.
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Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Productivo creó el “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP). Detrás de ese título pomposo, el programa busca otorgar recursos a empresas que en su momento tomaron deuda y ahora para pagarles según sea el caso el 50% o el 75% de los salarios desde el Estado.
Pero el listado de medidas a favor de los grandes empresarios no termina ahí. Hace dos semanas las mineras y el campo recibían el beneficio de una baja de retenciones. Sí, beneficios para aquellos sectores que hoy pugnan por una devaluación, que como consecuencia lograría quitarle aún más el poder adquisitivo a las y los trabajadores.
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Palos para los sin techo y silencio de la CGT
La agenda al servicio de los empresarios tiene como contrapartida una batería de medidas que solo busca profundizar la degradación de las condiciones de vida para la mayoría trabajadora y pobre.
Las tomas de tierra que atraviesan el país pusieron de manifiesto las consecuencias de la crisis para los más pauperizados y el déficit habitacional estructural. Lejos de otorgar soluciones concretas para el problema de la vivienda, tanto el peronismo como Juntos por el Cambio vienen respondiendo a las tomas con desalojos o amenazas represivas. El caso testigo es el de Guernica, donde el gobierno de Axel Kicillof viene preparando el operativo para desalojar a las familias que reclaman una solución concreta.
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A su vez, el miércoles se reunió el ejecutivo junto a la CGT, las CTA y las cámaras empresariales para definir el nuevo valor del salario mínimo vital y móvil. ¿El resultado? Para una suba de un 28% en tres cuotas, el nuevo valor de octubre será equivalente a 18.900 pesos, casi lo mismo que lo necesario para que una familia no sea indigente según el Indec.
Dicho salario repercute en el piso de las remuneraciones de los docentes, en la jubilación mínima de los adultos mayores con 30 años de aportes (cuyo haber es el 82% de dicho ingreso) y afecta a las asignaciones de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo (que es la mitad de dicho monto). De conjunto la medida solo logró presionar a la baja del poder adquisitivo de los que menos tienen.
En el marco de la profundización de la crisis los dirigentes de los sindicatos de la CGT y las CTA convocan a este 17 de Octubre en apoyo a un Gobierno que viene intentando acercarse a los grandes empresarios como lo mostró el Coloquio de IDEA y las medidas tomadas ayer. Al mismo tiempo mantienen un total silencio ante el reclamo de vivienda en Guernica y distintos puntos del país.
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Pablo Herón
Columnista de la sección Género y Sexualidades de La Izquierda Diario.