En el contexto particular de la pandemia, y ahora bajo un gobierno del Partido Nacional, este miércoles vuelve a escucharse el reclamo popular de verdad y justicia para los crímenes de la dictadura.
Martes 19 de mayo de 2020
Este 20 de mayo tendrá características particulares: a la situación de emergencia sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 se le suma que este año el aniversario de la muerte de Zelmar Michelini y Hector Gutiérrez Ruiz, día en que se realiza la Marcha del Silencio, se da bajo un gobierno del Partido Nacional.
La situación de aislamiento social por el Coronavirus llevó a que se suspenda la tradicional movilización que recorre las calles de Montevideo, razón por lo cual los organizadores han convocado a una Marcha del Silencio virtual y desde casa con la consigna: “Son memoria. Son presente. ¿Dónde están?”, promoviendo a su vez todo tipo de iniciativas para que el reclamo de verdad y justicia sea masivo y se exprese en todo el país.
Ya en estos días pueden observarse carteles y pasacalles en distintos puntos de la ciudad, a iniciativa de sindicatos y organizaciones sociales así como de personas y familias que se expresan desde sus balcones y viviendas.
La coalición multicolor y la dictadura
El panorama con el gobierno que encabeza Luís Lacalle Pou no es nada alentador en relación a lo sucedido en la dictadura.
Se encuentran en la Coalición multicolor desde defensores activos de los genocidas e integrantes acusados de haber sido represores durante la dictadura, como sucede con Cabildo Abierto; hasta partidos como el Colorado que fue el impulsor de la Ley de Caducidad o el Partido Nacional que no solo votó entusiastamente esta ley en 1986 sino que ha defendido firmemente la impunidad en las últimas décadas.
Integrantes de los partidos tradicionales tuvieron participación en cargos de responsabilidad en la dictadura (el blanco Aparicio Méndez por ejemplo fue uno de los presidentes en ese periodo), y ya desde antes de la llegada de los militares al gobierno defendieron las prácticas represivas (mientras se torturaba en los cuarteles, Wilson Ferreira Aldunate votó el estado de guerra interno en abril del 72).
Del lado del Partido Colorado no se puede dejar de mencionar el gobierno autoritario y represivo de Jorge Pacheco Areco ni que Juan María Bordaberry fue el primer presidente de la dictadura.
Ambos partidos colaboraron además en todo el país con integrantes de sus filas participando de gobiernos departamentales.
Ya en democracia todos los integrantes de la Coalición han defendido la impunidad para los genocidas y torturadores.
Esta impunidad se negoció con los militares en los últimos tiempos de la dictadura en el Pacto del Club Naval y cuenta con el aval del propio Frente Amplio; sus 15 años en el gobierno son una muestra clara de su falta de voluntad para terminar con la impunidad.
La dictadura y el régimen de la impunidad
La dictadura uruguaya fue la respuesta de la burguesía y el imperialismo norteamericano a un proceso de ascenso obrero y popular que se había iniciado a mediados de los 60 y era parte de un fenómeno latinoamericano y mundial.
La dictadura, y la coordinación represiva del cono sur conocida como Plan Cóndor, fueron un plan de represión sistemático que llevó adelante un genocidio contra la vanguardia obrera y popular para terminar con el ascenso revolucionario que enfrentaba la crisis económico-social de la época con una perspectiva de cambio estructural que terminara con el capitalismo. El fin último del gobierno militar fue consolidar un régimen económico a la medida de la burguesía, para garantizar los negocios de las transnacionales y los empresarios.
El resultado fue decenas de miles de trabajadores, estudiantes y militantes revolucionarios torturados, obligados al exilio, asesinados y desaparecidos en Uruguay y toda la región. En Uruguay específicamente, fueron decenas de miles los que sufrieron tortura, cárcel, persecución y exilio, además de los casi 200 casos denunciados de desapariciones de ciudadanos uruguayos.
La Marcha del Silencio constituye una nueva oportunidad de expresar el rechazo a la política del olvido y la reconciliación con los violadores de los derechos humanos.
Organización y movilización popular para terminar con la impunidad
Más allá de la situación puntual que vivimos hoy con el coronavirus, la lucha contra la impunidad se sostiene en la organización y movilización popular, con organismos de derechos humanos que no depositen esperanzas en los gobiernos de turno y mantengan su independencia política.
Desde el gobierno Lacalle Pou en ocasiones parece mostrarse sensible a los reclamos de conocer el destino de los desaparecidos; pero sabemos que desde la Coalición multicolor, y también desde el hoy opositor Frente Amplio, las pequeñas concesiones o mínimos movimientos que pueden darse solo tienen el objetivo de dar vuelta la página y avanzar en el camino de la reconciliación con las Fuerzas Armadas genocidas.
Las causas judiciales que han presentado víctimas del terrorismo de Estado continúan paralizadas; expresas y expresos políticos han dado testimonio de las atrocidades cometidas en el periodo dictatorial, las torturas y los maltratos sufridos pero sin embargo todo el sistema político se cuida de que no haya ningún avance, apostando a que con el tiempo el reclamo de verdad y justicia se diluya, y a lo sumo solo ofrecen investigaciones a cuentagotas para que aparezcan restos de otros desaparecidos.
Se hace imprescindible la apertura de los archivos y documentos de la dictadura para conocer el paradero de los desaparecidos y conocer a los responsables de su secuestro y desaparición.
Hay que terminar con los privilegios de los pocos genocidas condenados, que hoy cumplen su condena en cárceles VIP con todo tipo de prebendas y consideraciones.
Los delitos de lesa humanidad cometidos no prescriben nunca, los que defienden esta posición, como los referentes de Cabildo Abierto, son simples cómplices de los violadores de los derechos humanos.
Aquellos que habiendo estado en el gobierno, como Mujica o Vázquez, y no hicieron nada por avanzar en el camino del juicio y castigo, hablaron de los “pobres viejitos presos” o intentaron avanzar en la reconciliación con el “nunca más uruguayos contra uruguayos” militan por la impunidad y el olvido. Sus declaraciones de solidaridad con los familiares de desaparecidos o sus participaciones en las Marchas del Silencio son solo una pose para caer bien y sintonizar con el profundo deseo de justicia que está presente en el pueblo uruguayo.No podemos olvidar el papel jugado por Fernandez Huidobro, amparando y defendiendo a los genocidas, desde su puesto como Ministro de Defensa, nombrado y sostenido por ambos presidentes frenteamplistas.
Oficialistas y opositores, buscan preservar y represtigiar a las Fuerzas Armadas, para que ante un nuevo ascenso popular estén nuevamente legitimadas para reprimir a los trabajadores y el pueblo.
El discurso securitario, de fortalecimiento del aparato represivo y criminalización de la pobreza y la protesta social no distingue gobiernos y es parte de las prioridades del régimen político de conjunto.
Los 20 de mayo y las Marchas del Silencio se han transformado en un símbolo de la lucha por verdad y justicia. Cada año, más allá de las condiciones particulares, deben transformarse en una palanca para avanzar en la lucha contra la impunidad.
