La PAH y Plataforma Stop Desahucios presentaron su disconformidad con el actual Decreto de Vivienda del Gobierno de Aragón.
Viernes 6 de mayo de 2016
Foto: Europa Press
El pasado martes se reunieron representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zaragoza, Huesca y Fraga, junto a Stop Desahucios, con la Directora General de Vivienda y Rehabilitación de la Diputación General de Aragón -DGA-, Mayte Andreu. En la reunión se encontraba presente también Pablo Hijar, concejal del Ayuntamiento de Zaragoza en Común y ex-portavoz de Stop Desahucios en Zaragoza.
El motivo era expresarle su disconformidad con el actual Decreto de Vivienda, que se va a tramitar como Ley, a finales de año, una vez acabado el periodo de presentación de enmiendas. Además, la PAH y Stop Desahucios elaboraron un informe en el que se denuncia que el decreto vulnera la Constitución en más de 5 puntos.
Desde ambas plataformas se instigó también a la Directora General de Vivienda a concretar que tipo de viviendas se van a aportar para el parque de vivienda social, en referencia a los convenios firmados con las entidades bancarias. Y exigieron que el requisito para el acceso a las viviendas sea económico y escalonado por la unidad familiar.
Por su parte, Mayte Andreu se defendió afirmando que hay toda una batería de enmiendas a debatir durante los próximos meses y que se tendrá en consideración las opiniones de las organizaciones de afectados. Así mismo, reconoció que existe muchísima demanda de alquiler social en la comunidad autónoma. De las más de cuatro mil solicitudes recibidas, tan solo mil han sido aceptadas pero aún no adjudicadas. Todo en el marco de que en la actualidad sólo se cuenta con 307 viviendas en la bolsa de alquiler social ya adjudicadas y habitadas en todo Aragón.
La Directora General argumentó que “el principal problema es la falta de vivienda que estamos intentando aplacar con diferentes medios", algo que contrasta y mucho con el stock con el que cuentan las diferentes entidades bancarias. De hecho, se valora que, en la actualidad, la existencia de pisos vacíos en propiedad de los bancos ascienden a más de 4500 en la comunidad.
Por otro lado, el concejal de vivienda de ZEC defendió la necesidad de cambiar el marco legislativo estatal para que “se pueda hacer uso de herramientas para expropiar los pisos vacios de la banca”. Según Pablo Hijar sería necesario que “la Ley hipotecaria sea reformada, que la dación en pago sea reconocida por ley, no por un decreto de buenas prácticas voluntario, como es en la actualidad”, y que se modifique la Ley de arrendamientos urbanos.
Una denuncia justa del marco legal vigente, diseñado para la defensa de los derechos y privilegios de los grandes propietarios de vivienda y suelo, pero que evidencia los límites del Ayuntamiento del “cambio” de la capital aragonesa. Como el mismo Hijar reconoció, los desahucios siguen produciéndose en Zaragoza y el resto de localidades aragonesas, y es que la apuesta por el cumplimiento de la misma legalidad vigente que criticaba hasta su reforma por el siguiente gobierno, no puede conducir a otro lugar.
La única vía que podría empezar a resolver este drama y el problema de la vivienda está en la expropiación sin indemnización de todas las viviendas vacias en manos de los bancos, acompañado de un plan de obras públicas de interes social bajo control de los trabajadores y los propios usuarios. Un programa que se sale del marco legal vigente, y que tampoco ha estado presente en las mesas de negociación entre IU, Podemos y el PSOE para un “gobierno de progreso”.
Un programa así, que realmente resuelva los graves problemas de vivienda, sólo es posible imponerlo reactivando la movilización social, alentando la expropiación para vivir de las viviendas vacias de la banca... un camino por el que ni ZEC, ni IU, ni Podemos parecen apostar.
