Se cumplen 47 años del golpe de Estado del 73 y del comienzo de la heroica huelga general con que los trabajadores y sectores populares enfrentaron el intento militar. Desde la Plaza 1º de Mayo la Coordinadora 27 de junio convoca a movilizarse este 27 a las 17 horas en recuerdo de aquellos sucesos.
Viernes 26 de junio de 2020
Podemos ver hoy como desde distintos sectores sociales, e incluso desde los medios de comunicación, existe un intento de borrar de la memoria colectiva un hecho tan importante como el golpe de estado cívico militar del año 73, hecho en el que tuvieron una enorme responsabilidad política integrantes de los propios partidos políticos que se encuentran hoy en el gobierno; así como también la heroica huelga general con que los trabajadores enfrentaron a los militares desde ese mismo 27 de junio.
Dentro de los intentos por minimizar estos acontecimientos también existen referentes y analistas políticos que intentan presentar al golpe militar como una consecuencia directa de la existencia del MLN- Tupamaros y otros grupos guerrilleros y que la acción de los trabajadores que enfrentaron el golpe fue simplemente en defensa de la democracia.
Desde La Izquierda Diario convocamos a marchar este 27 a las 17 horas desde la Plaza 1º de mayo en recuerdo de aquellos hechos junto a la coordinadora 27 de junio.
Un poco de historia: La represión del ascenso obrero de los 60 y 70
El golpe que se consumó en junio del 73 no fue hecho azaroso.
El Uruguay no fue la excepción en un panorama regional y mundial de ascenso obrero, revoluciones y rebeliones contra los colonialismos, así como de auge de luchas por los derechos civiles y democráticos.
El mayo francés y la revolución cubana son algunos de los hitos de esas décadas en que trabajadores y estudiantes cuestionaban el orden burgués en el marco de luchas y movilizaciones que se extendían por todo el planeta.
El golpe fue el corolario de un avance represivo que en nuestro país comenzó con las medidas prontas de seguridad que dictaron distintos gobiernos desde mediados de los 60.
La supresión de garantías constitucionales apuntaba a enfrentar el creciente proceso de movilización que los trabajadores y el pueblo uruguayo llevaban adelante para enfrentar los ataques a las condiciones de vida que intentaban descargar los gobiernos blancos y colorados.
La relativa bonanza de posguerra comenzó un lento declive desde mediados de los 50 y esto repercutió en pérdidas salariales y aumento de la inflación, así como en los primeros acuerdos con el FMI con sus recetas de liberalización de la economía y endeudamiento externo.
Ante estos ataques los trabajadores llevan adelante grandes acciones de resistencia, en un contexto de radicalización y ascenso, que en perspectiva abrían la posibilidad de romper con el imperialismo y avanzar cambios estructurales que terminaran con el capitalismo.
Las clases dominantes, con la complicidad de blancos y colorados implementan distintas medidas represivas, con una mayor injerencia de las fuerzas de seguridad (policías, fuerzas armadas, bandas parapoliciales, etc.) con desalojos, detenciones, ilegalizaciones de grupos políticos, represión de movilizaciones etc.
El golpe abre un periodo en que se implementan cambios económicos regresivos que disminuyen drásticamente las condiciones de vida de los sectores populares (trabajo, salud, educación) y a la vez promueven mayores ganancias empresariales y una mayor injerencia imperialista y de las multinacionales.
El golpe del 27 de junio desencadenó una huelga general por casi 15 días en que los trabajadores enfrentaron heroicamente a la naciente dictadura.
¿Quiénes se enfrentaron al golpe?
En la noche que se decreta la disolución de las cámaras y la imposición del gobierno de Bordaberry de facto a través de las fuerzas armadas, fueron la clase trabajadora, el movimiento estudiantil, y sectores populares quienes se opusieron al golpe. Con gran heroísmo las bases obreras (pese a las vacilaciones de la dirección de la CNT) ocupaban sus lugares de trabajo, resistían la proscripción de los sindicatos y sufrían detenciones masivas de sus principales dirigentes y activistas. El movimiento estudiantil acompañó la Huelga con movilizaciones masivas que fueron brutalmente reprimidas y que le costaron la vida a dos estudiantes: Ramón Peré y Walter Medina.
La Huelga duró 15 días, la clase obrera dio enormes demostraciones de valentía y disposición a la lucha. Pero la dirección mayoritaria de la CNT (hegemonizada por el Partido Comunista) no desarrolló todo el potencial de ese gran movimiento dispuesto al combate y renunció a postular a la clase obrera como sector social que podía convertirse en hegemónico entre las clases subalternas para derrotar el golpe militar.
Esta alternativa podría haber abierto la posibilidad de profundizar el cuestionamiento del orden burgués y llevar a cabo un cambio revolucionario.
El 12 de Julio la dirección de la CNT decidió levantar la medida llamando a resistir “por otros medios”, posición que se transformó en la continuidad de la política de confianza en un sector de los militares considerados “patriotas” o “peruanistas” (como ya habían hecho en ocasión de los comunicados 4 y 7 de los militares de febrero),lo que llevó al movimiento a un callejón sin salida, además de permitir que la burguesía infringiera una derrota física y moral de las fuerzas en lucha, generándose así una relación de fuerzas favorable a los sectores reaccionarios de la sociedad.
Por otra parte, los “demócratas” de la burguesía lejos de resistir el golpe de Estado en las calles, demostraron su cobardía no solo frente a los militares, sino también frente a la movilización popular, a la que en todo momento observaron temerosos.
El interés de estos sectores era que nada se saliera de los carriles de la negociación y el respeto a las instituciones de la democracia para ricos.
Su derrota, en la que también tienen responsabilidad las corrientes hegemónicas en el movimiento obrero, abrió las puertas a más de 10 años de gobierno autoritario.
Decenas de miles de presos y exiliados, asesinatos políticos y desapariciones durante el gobierno cívico militar es el costo que pagaron los trabajadores en la resistencia a los planes antipopulares.
Los que implementaron este modelo socioeconómico así como los que cometieron crímenes y violaciones de los derechos humanos hoy están libres gracias a la impunidad que les garantizó el régimen político desde el Pacto del Club Naval en adelante.
El aparato represivo no fue desmantelado y lo esencial de toda esa estructura se mantiene hasta el día de hoy.
¿Quiénes apoyaron el Golpe?
El Golpe de Estado de Junio fue apoyado por las grandes patronales nacionales y extranjeras. Algunas de las cámaras y asociaciones patronales que apoyaron el golpe fueron: Asociación Rural del Uruguay, Federación Rural, Cámara de Comercio, Asociación de Bancos del Uruguay, y la Cámara de Industrias del Uruguay, entre otras.
Todas estas instituciones reaccionarias, sumadas a algunos sectores de la Iglesia y a los sectores más conservadores de los partidos tradicionales (Partido Nacional, Partido Colorado y la Unión Cívica) promovieron que los militares dieran la asonada y permitiera imponer a sangre y fuego sus intereses de clase.
Ya desde antes, en el gobierno de Jorge Pacheco, los partidos tradicionales sostuvieron la política represiva de éste, la instauración sistemática del régimen de excepción a través de las medidas prontas de seguridad y la declaración del estado de guerra interno en 1972, medida que fue votada por el parlamento y apoyada por los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales.
De la dictadura al presente: la continuidad de las políticas represiva
Con distintos gobiernos y a lo largo de las décadas podemos observar una continuidad en las políticas represivas que lleva adelante el Estado.
El capitalismo no se sostiene sin represión; a veces más descarnada y cruda como cuando los militares dieron el golpe de estado para poner fin al ascenso obrero y popular que ponía en jaque los intereses de las clases dominantes o a veces más sutil y con ropajes democráticos como en estos últimos 35 años.
En los 60 y 70 la represión tuvo como cometido el aniquilamiento de los militantes trabajadores y estudiantes que estaban al frente de las luchas populares y resistiendo el ajuste que en ese momento se quería implementar.
Hoy, detrás de la consigna de mayor seguridad, se quiere imponer la mano dura y la represión como “solución” a los problemas que genera el propio régimen social.
Grandes sectores de excluidos están en el foco de todos los mecanismos de control social que dispone el Estado, desde las leyes penales hasta las fuerzas represivas; y en mayor o en menor medida todas las variantes del régimen proponen cárcel, condenas más largas y más castigo para aquellos que quedan en los márgenes del sistema.
En los próximos años los ajustes tenderán a empeorar las condiciones de vida de los trabajadores; con el aumento de las fuerzas represivas y las leyes más duras también el régimen se prepara para enfrentar a los que como en los 60 y 70 opongan resistencia.
La lucha contra la impunidad no es una cuestión del pasado, los torturadores y genocidas libres son señales de que se intenta preservar al aparato represivo y reconciliar a las fuerzas represivas con la sociedad, para poder recurrir a ellos cuando vuelva a ser necesario.
Este nuevo aniversario del golpe de estado se da en un contexto en que desde este nuevo gobierno, formado por los promotores directo de la ley de caducidad e incluso de los que reivindican el accionar represivo estatal de los 60 y 70, se escuchan voces que insisten en el olvido y el perdón para los crímenes de lesa humanidad, a la vez que promueven un claro avance represivo en el presente como se observa con la Ley de Urgente Consideración.
Esta es la lucha en que nos encontramos hoy, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, contra la impunidad de ayer y de hoy y contra el nuevo avance represivo que se intenta imponer.
