Las claves del acuerdo entre Paco Pérez (PJ-FPV) y Alfredo Cornejo (UCR) que traerán nuevas penurias para el pueblo mendocino. La izquierda anticipa un fuerte rechazo.
Enrique Jasid @EnriqueJasid
Miércoles 23 de septiembre de 2015
Fotografía: prensa gobierno de Mendoza
La transición de gobierno que culminará el próximo 10 de Diciembre ha sumado un nuevo capítulo y todo indica que llegará a su clímax. Finalmente, luego de conversaciones y reuniones secretas, interrupciones por la campaña nacional y algunos exabruptos, ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia el proyecto de ley del poder ejecutivo acordado con el próximo gobernador radical.
Sin embargo, a pesar del acuerdo de gobernadores, el PJ ya hace crujir sus disputas internas en busca de porciones de torta para cada uno de sus barones. El peronismo y el radicalismo-pro se apresta a discutir en las próximas horas, o días, este proyecto que habilita un endeudamiento de al menos 5800 millones de pesos, la creación de cuasimonedas, emisión discrecional de deuda el próximo período y jubilaciones compulsivas para reducir la planta estatal.
Capítulo aparte será la forma de conseguir este financiamiento-endeudamiento. El Ministro Axel Kiciloff ha sido rotundo en la negativa a que la Nación sea prestadora de semejante suma a Mendoza, a la vez que se predispone a pagar una suma similar en concepto de deuda externa. De esta forma el gobierno nacional aporta su parte no para denunciar esta nueva estafa a los mendocinos, sino para destinar el dinero a sus amigos, dejando a la provincia en manos de los organismos privados. La patria es el otro, pero en este caso el “otro” son los buitres.
Deuda a gusto y piachere
En su primer artículo el proyecto autoriza al PE a contraer crédito público por 4.800.000 de pesos, o su equivalente en moneda extranjera, lo cual es una cantidad exorbitante. Si uno se pregunta cómo es que la UCR acepta esta suma, luego dos años en los que se negó a aprobar endeudamiento en el presupuesto provincial, a tal punto de impedir sus votaciones, puede encontrar la respuesta en el artículo 5. Allí se establece que el 60% de las operaciones de crédito que se realicen se mantendrán en un plazo fijo hasta el 11 de Diciembre, es decir hasta que asuma Cornejo.
El corto, pero concreto articulado, es parte de la negociación fina. El último párrafo del artículo 5 deja a salvo las regalías petroleras para que sean un recurso del próximo gobierno. El artículo 3 redirige los fondos destinados a la Empresa de Agua y Saneamientos de Mendoza a cubrir las necesidades financieras del ejercicio en curso, y por lo tanto habilita la contracción de nuevos empréstitos para el agua de Mendoza, que sí se negocia.
El artículo 4 desvela sin quererlo el estado crítico de la economía mendocina. Se estipula la utilización de mil millones de pesos para el pago de deuda flotante, es decir la deuda por deficiencias temporales de caja. En los meses en que aún se “debatía” el presupuesto en la legislatura, los partidos mayoritarios discutían por un endeudamiento de 400 millones para el 2015. La deuda flotante supera en creces aquellos pronósticos.
En el mismo sentido actúa el artículo 6, que autoriza 800 millones para deudas de “corto plazo” y 1000 millones para obligaciones con Sindicatos, Mutuales, OSEP, Organismos de Seguridad Social, entre otros, culminando el listado nuevamente con deuda flotante. Una confesión escrita de quienes son responsables de la falta de recursos de la obra social de empleados públicos.
Cuasimonedas, cualquier parecido con los 90´ no es pura coincidencia
De aprobarse el proyecto, a partir del 10 de Diciembre, el gobernador podrá emitir “Títulos Provinciales de Consolidación y Cancelación de Deudas”. Se trata de un bono que podrá actuar como una verdadera cuasimoneda por las diferentes aplicaciones que permite la ley.
En principio, estos títulos se utilizarán para pagar deudas con los proveedores del Estado. Un camino peligroso, que más allá de que necesite la aceptación de las empresas acreedoras, dibuja una virtual economía que puede estallar en el corto o mediano plazo.
Estos bonos también actuarán como nueva deuda adquirida por el Estado, y podrán introducirse en el mercado tal como lo habilita en el artículo 13.
El capítulo de estos nuevos “petrom” lo complementa el artículo 11, que abre las puertas a que las empresas y organismos estatales salden sus obligaciones con dichos títulos. No se excluye las obligaciones salariales, por lo que futuros convenios entre el Estado y los Privados podrían incluir que los sueldos se abonarán mediante esta cuasimoneda. Devaluación del salario en criollo.
Para finalizar, y no perder la costumbre, se firma un cheque en blanco al Poder Ejecutivo que podrá adquirir más deuda en forma de letras de tesorería o pagarés o contraer empréstito con el Agente Financiero para saldar las deudas de estos bonos.
Ajuste por ley: jubilaciones compulsivas y reducción de la planta estatal
El acuerdo redactado en casa de gobierno tiene su pieza “made in Godoy Cruz”. Mediante una moratoria, se procederá a la jubilación de todo aquel que tenga edad para jubilarse y aún no lo haya hecho. Este fue uno de los mecanismos utilizados por Alfredo para reducir en más de 500 personas la planta estatal de su municipio.
Un nuevo ataque al bolsillo y estabilidad laboral de los trabajadores estatales en ciernes se cocina en este proyecto.
Fuerte rechazo del Frente de Izquierda
La joven diputada Cecilia Soria anticipó “Desde nuestra banca en la Cámara de Diputados, al igual que mi compañera senadora Noelia Barbeito, vamos a rechazar este proyecto que hipoteca el futuro de las familias trabajadoras de Mendoza. Nosotros dijimos que ellos son los hijos políticos del menemismo, y esta es una muestra de cuáles son sus planes de gobierno. Paco Pérez deja una provincia con mayor precarización laboral y desocupación, con crisis en la educación y salud, no ha solucionado ninguno de los problemas estructurales de la provincia, y a pesar de ellos nos deja endeudados. No se animan a afectar los intereses de los grandes empresarios pero sí a apretar el bolsillo del pueblo trabajador. Cornejo va a profundizar este “modelo”.
El FIT no solo promete rechazar todo plan de ajuste, sino que advierte que peleará por la agenda de los trabajadores con la prohibición de despidos, salario equivalente a la canasta familiar, beneficios a los pequeños productores que entran en crisis producto de la especulación de las grandes bodegas, plan inter cosecha para los trabajadores rurales, plan de obras públicas para vivienda, salud y educación e impuestos progresivos a las grandes fortunas. Nicolás Del Caño lo ha sintetizado claramente: “que la crisis la paguen ellos, hay que ajustar a los ajustadores”.
