Pronto de cumplirse el primer año de gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas el fortalecimiento del estado policial y las milicias paramilitares ya deja miles de muertos en la llamada “guerra contra las drogas”.
Lunes 26 de junio de 2017
El 30 de junio de 2016, asumía la Presidencia de la República de Filipinas el derechista y fanático católico Rodrigo Duterte con una campaña demagógica centrada en la “mano dura” contra las drogas. El presidente de 71 años fue anteriormente alcalde de la ciudad de Davao durante 22 años, donde fue conocido por emplear las ejecuciones extrajudiciales y patrullas paramilitares conocidas como “escuadrones de la muerte” en la lucha contra el narcotráfico.
Desde su llegada al gobierno, se estima el asesinato de más de 7.000 personas asociado a la “guerra contra el narcotráfico”. A esto se suma el apoyo público que ha dado el presidente filipino a grupos paramilitares que para practicar a asesinatos clandestinos imponiendo la política del terror en los barrios marginados. “Si están en tu barrio, no dudes en llamar a la Policía o hazlo tú mismo si tienes una pistola. Tienes mi apoyo”, ha declarado públicamente el mandatario.
Mientras se desarrolla la “guerra contra el narcotráfico” es otra variante reaccionaria la que ha capitalizado el descontento. En el país del sudeste asiático, se ha fortalecido la presencia del Estado Islámico en la zona sur del país en donde se encuentra la mayor parte de la población musulmana mientras se comenten atropellos a los derechos humanos por ambos bandos.
El respaldo que ha entregado Duterte al ejército, policías y grupos paramilitares ha sido una defensa férrea y enérgica frente a cualquier acusación de violación de los derechos humanos. “Asumiré la responsabilidad e iré a la cárcel por ustedes si violan a tres mujeres” declaro en mayo frente a una rueda de prensa, buscando tranquilizar a los soldados del ejército tras conocerse la acusación de cometer abusos sexuales en el sur del país, donde el ejército combate a grupos asociados al Estado Islámico.
La demagogia que hoy mantiene al gobierno de Duterte con más de un 80% de aprobación, está lejos de aliviar los padecimientos del pueblo filipino. Los bajos salarios cercano a los 4,7 dólares no llegan a cubrir los costos de vida asociados a una familia cercanos a los 8 dólares. Las condiciones de trabajo llegar a asimilarse en muchos casos a formas de semiesclavitud, lo que mantiene a una gran parte de la población en la miseria. Las drogadicción termina siendo una de las únicas vías de escape de la realidad para la juventud que habita en uno de los principales talleres del mundo para empresas como Adidas, Zara o Armani, algunas de las miles de empresas multinacionales del rubro textil que explotan la mano de obra barata del sudeste asiático.
