Entrevista. Un año de Gobierno de Pedro Castillo en Perú: giro a derecha y desilusión

Hace unos días el Gobierno de Pedro Castillo cumplió su primer aniversario. Cargado con enormes expectativas populares, este dirigente sindical del magisterio, hombre del interior profundo, de una de las regiones más pobres de Perú, asumió un puesto que, a juzgar por el destino de sus antecesores, es por lo menos complicado. Cecilia Quiroz, dirigente de la Corriente Socialista de Trabajadorxs -grupo que impulsa La Izquierda Diario Perú- escribía entonces un artículo titulado Balotaje, polarización y crisis del régimen político en Perú, un análisis profundo con un título que condensaba bastante las claves de la victoria de Castillo y adelantaba las contradicciones que le esperaban. No habían pasado cuatro meses de su asunción y ya enfrentaba un primer intento de destitución parlamentaria. Cuatro meses después, el segundo. Mientras tanto, en las calles, su aprobación es tan baja como la del Congreso que busca destituirlo. A un año de la asunción de Pedro Castillo, le pedimos a Cecilia que nos haga una actualización del complejo panorama político del país andino.

LID: Pedro Castillo es ubicado generalmente dentro de lo que algunos llaman la nueva “ola rosa” o la “segunda oleada de gobiernos progresistas” de América Latina. Al menos esas eran las expectativas que muchos se hicieron alrededor de su figura y del partido que lo encumbró, Perú Libre. Sin embargo, muchas iniciativas de Castillo parecen indicar que va en el otro sentido de la flecha. ¿Hay un giro a la derecha del Gobierno de Castillo?

CQ: Si bien es cierto durante su campaña planteó algunos elementos vinculados a las propuestas progresistas cómo políticas de redistribución de la riqueza y fundamentalmente el cambio de la Constitución de 1993 vía una asamblea constituyente, desde el primer día de su mandato se retractó de estas iniciativas e hizo una serie de llamados a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros para que tengan confianza en su gobierno, el cual, a decir de Castillo, iba a respetar el estado de derecho y el marco jurídico vigente. Es por ello que en materia económica mantuvo los lineamientos del neoliberalismo y el endeudamiento con el FMI.

LID: Castillo catalizó las enormes expectativas populares, relacionadas con la difícil situación económica, con la salud luego de la pandemia que azotó con mucha fuerza al país, y también con la corrupción, que es propia de los países capitalistas pero que en Perú supuró en forma muy abierta. ¿Por qué cayó tanto su popularidad en tan poco tiempo?

CQ: Eran enormes las expectativas de la población, fue mucho lo que Castillo prometió en la campaña electoral, y es mucho lo que no ha cumplido en este año de gobierno. La continuidad neoliberal de Castillo ha llevado a que hoy los índices de desempleo, precarización laboral e inflación, además de la contaminación ambiental provocada por las industrias extractivas que afectan fundamentalmente a las comunidades campesinas e indígenas, genere el descontento en sectores importantes de la población. Una de las demandas importantes es la justicia y reparación por las víctimas de la feroz represión policial contra las movilizaciones del 14 de noviembre del 2020 contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino, que se cobró la vida de dos jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado. El presidente se había reunido en campaña con los familiares, no solamente de Inti y Brian sino de otros casos de Derechos Humanos, para indicar que en su gobierno se haría justicia, habría reparación, que se daría con los responsables tanto materiales como políticos. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido. Ese es un gran tema que hizo que importantes sectores de la población lo votasen, sin embargo, hasta el momento no hay justicia, no hay reparación, las causas no avanzan. Los familiares de trabajadores agrarios asesinados por la policía tampoco encuentran justicia.

Es decir, en materia de derechos humanos, en relación a las protestas campesinas, obreras, Castillo ha mantenido la misma política que los gobiernos anteriores de impunidad para la policía, los militares, para los responsables políticos y materiales de estos asesinatos y brutales represiones contra la población que se ha movilizado durante su gobierno. Castillo también se reunió con los familiares de Judith Machaca, un caso muy sonado donde presuntamente existía una red de trata de personas dirigida por efectivos policiales, indicó que su gobierno iba a dar las facilidades para las investigaciones dentro de la policía y que se dé con los responsables sin importar el rango jerárquico que tengan, y sin embargo eso tampoco ha sido así. Otro tema es el de los trabajadores contratados del sector de la Salud. Prometió que los iba a pasar a planta, o sea, a toda la primera línea que estuvo enfrentando la pandemia, y sin embargo, observó la ley que se aprobó en el Congreso producto de la movilización que realizaron los trabajadores. El Congreso tuvo que aprobarlo por insistencia, y ahora también está en veremos.

LID: Planteabas que tanto la crisis política por arriba como el descontento popular responden a una "crisis orgánica", en tu nota hablabas de algo así como el naufragio del barco neoliberal, y que eso tuvo su expresión política en la demanda de Asamblea Constituyente, que fue tomada por Castillo en la campaña electoral. ¿Hay alguna intención de algún sector político de ir hacia un cambio constitucional o más bien se ha retrocedido?

CQ: No hay intención de ningún sector de cambiar la Constitución. No está en la agenda de ninguna fuerza de derecha, ni del gobierno, tampoco del Congreso. Bueno, demagógicamente quizá algunos congresistas lo dicen, pero no tienen ningún planteamiento claro para que esto sea posible, ni siquiera un proceso como el que se vive en Chile, mucho menos pensar en una Asamblea Constituyente libre y soberana. Esa fue una propuesta de primera vuelta, una propuesta inicial de Castillo que sin duda le sirvió para tener una alta votación en regiones del centro y del sur del país, donde esta consigna está bastante instalada en el sentido común de la población. Sin embargo, hoy no hay una intención, se ha retrocedido en esta demanda, ya que por ejemplo en las movilizaciones que rechazaron el indulto a Fujimori en el 2017 se discutía el cambio de la Constitución, la Asamblea Constituyente. En regiones del Sur, aquí donde estamos en Tacna, en Arequipa, fueron consignas muy reivindicadas por la población. Sin embargo, no solamente en 2017, sino también el propio 2020, cuando la población salió a manifestarse contra la asunción de Merino después que vacaron a Vizcarra, la población no salió a defender a la figura de Vizcarra, sino que también se movilizaron contra el Congreso, por el cambio de la Constitución, por una Asamblea Constituyente. Sin embargo esta propuesta se ha ido dejando en segundo plano. Hoy hay sectores vinculados al expresidente Francisco Sagasti que plantean “que se vayan todos”, es decir, que se cierre el Congreso, que renuncie el presidente Castillo y se convoque a nuevas elecciones generales.

LID: En el artículo que escribiste hace un año, explicabas que Castillo era elegido en el marco de una crisis política de largo aliento. Allí describías el derrotero de los distintos presidentes, desde el encarcelado Fujimori hasta los “vacanciados” (destituidos por el parlamento) Martín Viscarra y Manuel Merino, pasando por el renunciado Pedro Pablo Kuczinsky o el fugado Alejandro Toledo, el encarcelado Ollanta Humala e incluso el trágico suicidio de Alan García. Señalabas las disputas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y la incapacidad que tiene la clase dominante para arribar a consensos. Esa crisis política no se cerró sino más bien todo lo contrario, Castillo parece gobernar en una situación de gran inestabilidad política. ¿Cuál es la situación?

CQ: En Perú hay una profunda crisis política que se mantiene. Algunos sectores de la izquierda reformista sembraron la ilusión de que la llegada de Castillo iba a hacer que se termine la crisis política, pero no hay nada de eso. Por el contrario, se mantiene la crisis política, y vemos que además tiene muchos elementos de crisis orgánica. Actualmente el presidente tiene un promedio de 21% de aprobación en la población, lo cual es bastante bajo, considerando que estamos a un año de gestión. Lo que pasa es que este rechazo de la población no es solamente hacia el Ejecutivo, al presidente, sino que también es hacia el Congreso. Entonces la oposición en el Congreso tampoco tiene una alta popularidad. Ese es otro elemento de la crisis, el descrédito que hay de todas las instituciones, del Ejecutivo, del Congreso, del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la misma policía, la desconfianza y el descrédito hacia los medios de comunicación, entonces hay una profunda crisis de lo establecido, ninguna instancia y ninguna institución es referencial para la población y tienen muy baja popularidad.

LID: ¿Cómo se configuran las fuerzas del oficialismo y de la oposición parlamentaria en este momento?

CQ: El conglomerado que llevó a Castillo a la presidencia era una nueva versión del frente anti fujimorista que se reedita desde hace 12 años. Desde Verónica Mendoza, candidata por el centroizquierdista Juntos por Perú, y la izquierda reformista en general, hasta sectores de derecha e intelectuales liberales apoyaron a Castillo con el argumento de que es mejor que gane Castillo a que gane Keiko. Este frente anti fujimorista hoy se encuentra dividido. Sectores de derecha liberales, quizá más ubicados en la capital, Lima, hoy están al margen del gobierno. Los sectores de la izquierda, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido Socialista, le siguen dando un apoyo indirecto. En el partido Perú Libre, en el que estaba Castillo cuando llegó al poder, hay una ruptura. Castillo renunció a ese partido pero esta agrupación mantiene algunos puestos. El Frente Amplió también se sumó a votar por Castillo en segunda vuelta, de este espacio proviene la expremier Mirtha Vázquez, que asumió la presidencia del Congreso como parte del acuerdo entre su partido con Sagasti luego de la vacancia de Vizcarra y volvió a ocupar ese cargo con Castillo entre los meses de octubre de 2021 hasta enero del 2022.

El agrupamiento de Verónika Mendoza, muy relacionada al gobierno argentino, por ejemplo, en un principio tenía el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Comercio Exterior y también el Ministerio de Economía. Eso era parte del acuerdo político al que habían llegado en un primer momento. Sin embargo, a medida que pasaron los meses, este frente se fue dividiendo. Sacaron algunos de sus ministros, por ejemplo Pedro Francke, un hombre de posiciones keynesianas. Sacaron a Anahí Durand del Ministerio de la Mujer. Como este frente Juntos por el Perú también se dividió, hoy se mantienen en el Ministerio del Comercio Exterior y el Ministerio de la Mujer, ya no con Anahí Durand sino con Diana Miloslavich, una referente del movimiento de mujeres acá que dirige una ONG feminista.

La oposición que hay en el Congreso es una oposición funcional al Ejecutivo. Si bien es cierto que el Gobierno tiene un discurso de victimizarse y decir que desde el Congreso no lo dejan hacer, esa es una media verdad, porque desde las diversas bancadas, no solamente de Perú Libre, que es el partido que lo llevó al gobierno, sino también de las distintas bancadas que se han ido construyendo en estos últimos meses, las bancadas más tradicionales de la derecha, como es el fujimorismo, sectores que vienen de Renovación Popular o Avanza País, son una oposición bastante funcional al gobierno. En materia económica, por ejemplo, tienen pleno acuerdo. Cuando el año pasado tuvo que aprobar el presupuesto nacional, también tuvieron mucho acuerdo, en realidad porque el gobierno no va a implementar una política económica distinta a la de sus antecesores, entonces hay puntos claves de la cuestión económica en la que sí tienen mucho acuerdo. Otro hecho simbólico de acuerdo fue la rectificación del neoliberal Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva del Perú.

LID: Pero Castillo ha sido sometido a dos mociones de vacancia -destitución parlamentaria- y hay una tercera moción en juego. ¿Qué sectores la impulsan?

CQ: Esta posición la impulsan los partidos de derecha, en general desde el fujimorismo, Renovación Popular y otras variantes. Lo dicen de manera declamativa porque incluso al momento de votar las mociones en el Congreso tampoco la aprueban, negocian con el presidente. Su propuesta es vacar a Castillo, que asuma la vicepresidenta pero que no se cierre el Congreso. Ahí evidentemente defienden sus privilegios de casta, porque los parlamentarios tienen muchísimos privilegios, tienen salarios muy elevados, sus asesores también, hay una enorme diferencia entre lo que ganan los trabajadores promedio y los salarios que se ofrecen en estas instituciones.

Además, producto de las investigaciones recientes por corrupción contra Castillo, el Ejecutivo ha puesto en marcha mecanismos para comprar los votos de diversas bancadas, de diversos congresistas, para evitar la vacancia. La moneda de cambio es la entrega de obras públicas a determinados congresistas en alianza con distintos empresarios, dar obras a determinadas autoridades locales de dónde provienen estos congresistas. Con todos los acuerdos de corrupción de por medio, es bastante escandalosa la forma como se vienen manejando las posiciones de los congresistas. Entonces esto también es percibido por la población y por ello, el Congreso tampoco tiene una alta popularidad. Ahí la popularidad, la aprobación del Congreso de acuerdo a algunas encuestadoras es del 20 al 25 %. Es muy baja, muy similar a la aprobación del presidente Castillo.

LID: ¿Y qué pasa en las calles? La bajísima popularidad o la enorme falta de confianza en las instituciones que hay por abajo, ¿se expresa de alguna manera?

CQ: Juntos por el Perú tiene a los viejos partidos políticos de la izquierda que dirigen las centrales sindicales, eso hace que el gobierno tenga en cierta medida todavía un apoyo social, más popular, pero sin embargo este apoyo de la izquierda le da sostenibilidad. Sin embargo eso no ha impedido que surjan movilizaciones. Por ejemplo aquí en el sur del país han habido importantes movilizaciones de los campesinos en la región de Moquegua contra Southern, una multinacional de la minería, y se han estado movilizando frente al avance de las operaciones de este centro minero y la afectación de sus fuentes naturales de agua. Frente a este conflicto, el gobierno declaró el estado de emergencia, reprimió brutalmente a los campesinos, a los pobladores de esta zona altoandina del sur del país.

De la misma forma actuó cuando en el conflicto en las comunidades de Apurímac que se enfrentaban a la multinacional MMG Las Bambas, que es una empresa del gobierno chino. Las comunidades exigían una serie de indemnizaciones, de acuerdos que la empresa había llegado con las comunidades para iniciar y continuar sus operaciones, y que gobierno tras gobierno se han venido incumpliendo por parte de la empresa. Y con este gobierno también. Los pobladores se movilizaron, inicialmente creyendo que podían encontrar algún respaldo desde el Ejecutivo. Sin embargo eso no ocurrió, se registraron brutales represiones, persecución a los dirigentes, campañas, desde los medios para desprestigiar la lucha. La izquierda como tal, me refiero a la izquierda parlamentaria y a los grandes partidos tradicionales -no grandes por su magnitud sino porque controlan por ejemplo la Central General de Trabajadores- simplemente no hicieron ninguna jornada de solidaridad con estas comunidades, no repudiaron enérgicamente el actuar del gobierno.

Las últimas grandes movilizaciones fueron las que se dieron en Huancayo, donde se mantuvo paro regional más de tres días, y donde también el gobierno actuó de forma muy violenta. Esta movilización fue contra el incremento del costo de vida, contra el aumento del precio de los combustibles, lo cual afecta directamente a la pequeña agricultura, la agricultura familiar, porque esto encarece los productos. De la misma forma reprimieron. En ese mismo momento también se registraron movilizaciones de los trabajadores agrarios, sobre todo al sur de Lima, en Ica y Chincha, donde producto de la represión murió un trabajador.

En Lima hay un descontento con el gobierno, sobre todo en los sectores populares, donde se instalaron cientos de ollas populares para sobrevivir a la crisis, y han venido peleando algo tan mínimo como tener un presupuesto del Estado. Pero al no tener respuesta, los sectores de derecha sí han implementado planes desde sus partidos, para acercarse a estos sectores.

Entonces, han habido diversos sectores que se movilizan, a quienes la izquierda reformista, al ser parte del gobierno, no puede dar voz o disputar estos espacios. La consecuencia es que las incipientes movilizaciones o descontentos que hay con el gobierno terminan siendo dirigidos, en muchos casos, por sectores de la derecha.

LID: ¿Por dónde ven ustedes que la clase trabajadora y los sectores populares de Perú podrían superar la trampa en la que se encuentran y avanzar hacia una salida que los favorezca?

CQ: Lo primero es sacarnos de encima la losa que es el frente antifujimorista y conquistar nuestra independencia política. Los que nos dicen que hay que mantener al “mal menor” terminan apoyando a un gobierno que de arranque jugó para los intereses del gran empresariado y no para los de la clase obrera y los sectores populares. Este discurso viene del balotaje del 2011, cuando Keiko Fujimori perdió ante Ollanta Humala, volvió a aparecer en el 2016 para apoyar a Pedro Pablo Kuczinsky. Esta vez, para que no gane Keiko Fujimori, este frente decidió apoyar a un candidato con un programa continuista del modelo económico, con un discurso conservador en relación a los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual, sin un planteamiento claro a favor de los sectores campesinos o indígenas del país.

Al no tener una política independiente, la izquierda reformista termina siendo parte de todo esto que la población empieza a repudiar. Además de estar en contra de los derechos de la clase obrera y de aplicar políticas continuistas en el plano económico, al gobierno de Castillo le interesan muy poco los derechos de las mujeres, es más, se ha aliado con partidos de derecha, de ultraderecha, para eliminar lo mínimo que había avanzado la lucha de las mujeres. Se ha eliminado por ejemplo el enfoque de género en la enseñanza, que era algo muy mínimo que tenía la currícula nacional de la educación. Es un gobierno claramente conservador. También lo era como candidato y sin embargo sorprende que algunas figuras del movimiento de mujeres sean parte de su gabinete, sabiendo que es un gobierno que está abiertamente contra los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Es difícil explicar esta permanencia por fuera de los privilegios que da ser alto funcionario del Estado.

Las compañeras y compañeros de la CST creemos que es necesario impulsar encuentros regionales y de todo el país para discutir un plan para enfrentar la crisis política y la crisis económica que vivimos. Las cifras de desempleo son muy altas, la inflación también, son cifras nunca antes vistas. Los salarios cada vez alcanzan menos, a la población le cuesta mucho llegar a fin de mes, se endeuda con los bancos, con las tarjetas de crédito, entonces hay una situación muy complicada. El gobierno no va a prestar ninguna atención a esto porque su interés es, por un lado, mantener los privilegios, las ganancias de los empresarios nacionales, e internacionales, y por otro lado, blindarse de las investigaciones que hay en su contra por malos manejos del aparato público, las licitaciones direccionadas de la obra pública para favorecer a determinados empresarios. Hay una profunda crisis. La exigencia es hacia las centrales sindicales, que convoquen a un gran paro nacional para poder implementar las demandas de la clase obrera y los sectores populares, para tener una salida favorable a sus intereses.