Impunidad. Un año de la desaparición y asesinato policial de Ariel Valerian en Jujuy

Mecánico de Monterrico, de una familia pobre de peones rurales venidos de Bolivia. Ariel, tenía 39 años cuando fue detenido, torturado por la policía jujeña en la ruta 66 durante la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus.

Este hecho se dio en el marco de numerosas denuncias realizadas desde organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas como la izquierda, donde dimos cuenta de la profundización del accionar represivo del Estado por la pandemia en Jujuy.

La ciudad capital estaba militarizada en esos meses, se multiplicaron las detenciones y la violencia policial por circular en la vía pública. Haciendo uso del Código Contravencional aumentaron las multas y la persecución.

Traslados arbitrarios de personas migrantes, accionar represivo con familias que tomaban tierras en Libertador, tratos inhumanos con trabajadores rurales golondrinas y sus familias, asesinatos de internos del Penitenciario por pedir condiciones de seguridad e higiene, son algunos hechos dados desde el inicio de la ASPO hasta mediados de julio del 2020.

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En la noche del 8 de junio Ariel Valerian transitaba en una camioneta Kangoo que estaba arreglando como mecánico. Como acompañante iba el dueño de la misma, Cristian Lafuente, y detrás de ellos, se dirigía en el auto de Ariel, su ayudante del taller y amigo, Pedro Miranda. En la colectora de la ruta nacional 66, a la altura del barrio Alto Comedero, fue interceptado por fuerzas policiales por orden del Comisario Jorge Fernando Aquino, que estaba actuando fuera de su jurisdicción y que desencadenó con todos los hechos posteriores hasta la muerte de Ariel.

Ariel fue bajado del vehículo, brutalmente golpeado, torturado en la vía pública por varios oficiales y posteriormente detenido y trasladado, junto a sus dos acompañantes, mientras seguían siendo golpeados. Posteriormente se conoció que estuvieron detenidos y violentados en la Comisaría 63 del Sector 18 Hectáreas del Barrio Alto Comedero durante varias horas.

Valerian estuvo desaparecido, privado ilegítimamente de su libertad por parte de las fuerzas públicas que además ocultaron su paradero. El mecánico había logrado avisar por celular unos minutos antes de ser detenido y hablar con su hermana Carmen, pidiendo ayuda, hasta que la comunicación se cortó. La familia lo buscó desesperadamente por las comisarías del barrio Alto Comedero, incluso en la Comisaría 63, donde negaron que se encontraba en la misma. Luego de largas horas, desde el Hospital Pablo Soria avisaron a familiares que había sido llevado por la policía y estaba mal herido.

Ariel agonizó durante 29 días hasta morir el 7 de julio del 2020. Las irregularidades sobre los hechos que se encuentran en la causa y expediente abundan. El único propósito es ocultar el accionar represivo del Estado y atenuar lo que fue, una desaparición forzada seguida de muerte, y garantizar la impunidad de los efectivos policiales involucrados y las responsabilidades políticas del Jefe de Policía Guillermo Corro y del Ministro de Seguridad en ese momento Ekel Meyer.

Actualmente a la familia se le ha negado el derecho legítimo de saber en qué estado se encuentra la causa, saber qué hicieron con Ariel y acceder a todo el expediente. Se tiene conocimiento que en diciembre del año 2020 la fiscalía de Alto Comedero elevó la causa al juez del Tribunal para cambiar la carátula por la de “privación ilegal de la libertad y vejámenes”, cuando existía una acción penal por parte del Ayudante Fiscal Urqueola por imposición de tortura para los policías Cristian Javier Julián y de Juan José Cruz y de omisión de tortura para Sergio Rocco, Marcos Rubén Llanes, Elías Marcos Tastaca y José Luis Hoyos López.

A un año del asesinato de Ariel, seguimos acompañando referentes de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas a la familia Valerian que a pesar del dolor, de la difícil vida que llevan como muchísimas familias obreras rurales, eligen el camino de lucha contra la impunidad del Estado y de las fuerzas represivas, y por Verdad y Justicia por Ariel.

Su pelea es un grito de los miles que están abajo que viven a diario la violencia estatal y la impunidad ante tantos atropellos por ser pobres. La superexplotación de su trabajo y la opresión por ser migrantes o de comunidades indígenas.

Por eso su lucha es una bandera. Ha estado presente en cada acción de quienes se levantaron y ganaron las calles en estos meses contra el accionar del gobierno de Morales y de las patronales, en espacios de coordinación y unidad. No ha faltado la voz potente de rabia y por justicia de su hermana Carmen, la presencia persistente y tenaz de su padre Aurelio, y hasta del joven Agustín, su hijo.

Cuando las mujeres ganaron las calles por Ni Una Menos, junto a lxs vecinxs de Campo Verde, ante la proscripción del FIT en la Legislatura, por el aniversario del golpe militar, contra la criminalización de la protesta. Por eso eso nuestro abrazo para la familia Valerian cargado de fuerzas, de aliento y compromiso, de respeto, pero también de cariño.