Por las protestas en las cárceles el Congreso finalmente debatirá en 2017 los proyectos que buscan preparar el terreno para una mayor represión y criminalización al pueblo trabajador.
Sábado 17 de diciembre de 2016
En el Senado de la Nación se están discutiendo la reforma del Código Penal, la Ley de Ejecución Penal y el régimen de excarcelaciones, todas ellas inconstitucionales y con una impronta de mayor peso punitivo.
La Izquierda Diario viene denunciando el giro que se quiere dar desde el Estado alrededor de la temática que rodea a las personas que se encuentran privadas de su libertad, restringiendo cada vez más sus derechos. El infierno que viven miles de detenidos en el país, que pese a haber vivido tantos años bajo gobiernos que se autodefinían como defensores “de los derechos humanos” ha aumentado su población y ha violado sistemáticamente los estándares internacionales por sus condiciones de encierro, hoy parece ser “blando” para quienes pregonan la mano dura. Con un acuerdo entre Cambiemos el Frente Renovador y parte del Frente para la Victoria avanza el esqueleto que pretende echar por tierra los sesgos garantistas de las leyes penales argentinas.
De conjunto el paquete de leyes viene a reforzar aquellas modificaciones realizadas en 2004 con las famosas “leyes blumberg”. Hoy se vuelve más crudo el interés de estos sectores por establecer la premisa del “derecho penal de autor”. Ya no se perseguirán ni condenarán por los actos, como establecen los más básicos derechos de todo Estado, sino que se juzgará por quién es la persona.
En una sociedad dividida en clases, entre una minoría empresaria que explota a una mayoría trabajadora a través, entre otras cosas, del poder coercitivo del Estado, la estigmatización social que se plasma en las leyes laborales y las políticas de Estado que precarizan a los trabajadores y que mantienen a miles condenados a la miseria y al hambre, tienen su correlato en el Código Penal. El concepto de “peligrosidad” que hoy usan los jueces se incrementaría aún mas con este “plan de acción” que pretenden imponer. Con ello, no sólo la policía y la gendarmería, que atestan los barrios, van a perseguir aún más al “pibe de gorrita”, sino que los jueces tendrán más herramientas legales para convertir esa persecusión directamente en encierro fácil. Lejos de perseguir el narcotráfico y las redes de trata, el Estado de la mano de Macri, el peronismo, el “socialismo” y los radicales, avanza sobre ese enemigo que hace años vienen construyendo: los sectores populares.
La ley y el orden
En septiembre pasado se aprobaba la cuestionada Ley de Flagrancia por medio de la cual se da vía libre a los jueces para realizar juicios abreviados, probation o juicio oral en los casos de delitos cometidos “in fraganti”. Estos “juicios express”, de los que alardea el Pro, tienen como trasfondo aplicar una “justicia rápida”, dejando en letra muerta los principios básicos del debido proceso (que están plasmados en la Constitución) para reforzar la protección de la propiedad privada de las clases dominantes, valor que está por sobre la libertad individual de quienes pertenecen a los sectores populares, que son flanco fácil del aparato criminalizador policíaco-crcelario .
Ahora son las fuerzas de seguridad las que determinan si alguien estaba cometiendo o no un delito, cuestión que puede aplicarse no sólo a hurtos sino a aquellos hechos que no superen los 15 años de prisión, por ejemplo un corte de calle de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos o ambientalistas. Si dudas es un paso más, que de todas maneras va en línea con las política al respecto implementadas por el kirchnerismocon la Ley antiterrorista y con la consagración del nefasto artículo 194 del Código Penal.
A este proyecto se suma el de la Ley de Ejecución Penal, que es la que se aplica una vez que quien está procesado obtiene una condena firme. Tema aparte merece esta grave violación a los principios constitucionales, ya que que es mínimo el porcentaje de detenidos que hoy se encuentran en esta situación. Contrariamente hoy la prisión preventiva, que debe ser una “excepción” ante el peligro de entorpecer la investigación o la fuga, es la regla. Pero como esto parece que no alcanza, la reforma propone, prácticamente, eliminar las beneficios procesales a los condenados y que cumplan la totalidad de la pena en prisión efectiva.
Ahora bien, hay un caso en el que puede otorgarse el derecho a la libertad condicional, pero depende exclusivamente de la decisión del Servicio Penitenciario. Ese mismo que cotidianamente somete a torturas y vejaciones a miles y que viene siendo denunciado por robo de alimentos a sus reclusos, podrá evaluar a quién da la libertad condicional y bajo que “acuerdos”.
Además, la defensa en juicio está en la mira. Al margen de que está ausente en los expedientes de miles de privados de su libertad, que permanecen encerrados por años sin conocer la cara de su defensor, hoy la quieren disminuir aún más negándole al acusado y su defensa la posibilidad de presentar peritos en sus juicios.
Lo propio sucede con la Ley que rige las excarcelaciones. A partir de su modificación intentan violar aún más el principio de inocencia, algo que desde el siglo XVII (con Beccaría y otros pensadores) a esta parte forma el basamento legal estructural de las garantías del debido proceso. Invirtiendo los conceptos “serás culpable hasta que se demuestre lo contrario” y por tanto los detenidos permaneceran privados de su libertad, con lo que eso conlleva. Este retroceso sin escalas del poder del Estado, puede terminar en pocos minutos con la estructura de una familia que a partir de ahora no contará con los ingresos de ese sujeto que hoy formará las filas de las cárceles argentinas. Además de ello, condenará doblemente al por ahora “sospechoso”, depositándolo en celdas inhumanas, sin alimentación ni agua ni asistencia médica, introduciéndolo en el circuito de lo peor de la institucionalidad burguesa.
Hay que sumar a esto la “novedad” de volver a condenar a una misma persona dos veces por el mismo delito. En el caso de portar armas en un primer hecho, ante un segundo delito vuelven a ponerte en el banquillo por el anterior.
Luego de una semana en la que desde las unidades penitenciarias se hizo sentir con fuerza el reclamo de miles de personas presas que rechazan estos proyectos de ley, y de que el último miércoles hubo una movilización al Congreso Nacional de familiares de detenidos y organismos de derechos humanos; finalmente el Gobierno decidió excluir de las sesiones extraordinarias el tratamiento de estas reformas penales. Evidentemente las huelgas de hambre que se extendían en las cárceles y la repercusión política de la denuncia de internos, familiares y organizaciones obligaron a recalcular al macrismo sobre las conveniencias de un fin de año convulsionado en los penales.
El proyecto, obviamente, se mantiene en pie. Pero este freno muestra a las claras las dificultades que tienen tanto el oficialismo como el massismo y parte del peronismo para llevar adelante sin más sus proyectos punitivistas y carcelarios. En ese sentido, el “triunfo” de las medidas de lucha intramuros es un buen síntoma que no permite afirmar que las leyes saldrán fácilmente.
Armas para la persecución
Hoy estas leyes son usadas para aumentar la vulneración sobre los sectores populares, principales víctimas tanto de la persecución penal como de la violencia institucional. Pero este no es el único objetivo de Cambiemos, ellos mismos fueron los impulsores de la llamada “ley antipiquetes” que por la movilización popular nunca se aplicó.
Preparan las armas de la ley para criminalizar a la protesta social, a todos aquellos que salgan a luchar por salario, por “ni una menos”, por los trabajadores que tomen las fábricas en defensa de sus puestos de trabajo o los estudiantes que peleen por la educación pública. Todos serán francos de posibles “sujetos peligrosos” y a ellos también podrá alcancar el régimen.
Pregonan contra “la puerta giratoria” (sin mostrar ningún indicador serio que certifique ese mito) y por ello incursionan en medidas casi fascistas, como el Sitema de Huellas Genéticas, con lo cual el Estado gozará de una prerrogativa más para determinar la peligrosidad. Al Proyecto X y la persecusión, que hoy queda en evidencia, por ejemplo, con la detención de Milagro Sala por su actividad militante, se preparan aún más las herramientas para controlar todo desde el Estado, dando palos y balas con su policía y armando causas y restingiendo las libertades individuales a más no poder con su justicia.
