Una resolución publicada en el Boletín Oficial advierte la inminente intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el cumplimiento de tareas que realizan trabajadores aeronáuticos.
Miércoles 28 de noviembre de 2018 00:16
En el marco de la millonaria militarización desplegada alrededor del G-20 y amparados en un decreto del gobierno militar de Lanusse, una alarmante resolución publicada en el Boletín Oficial del 27/11 advierte la inminente intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el cumplimiento de tareas que realizan trabajadores aeronáuticos.
Mientras que ataques anti sindicales y discursos privatistas inundan los medios alrededor del conflicto abierto en Aerolíneas Argentinas a partir de la negativa del gobierno a cumplir los acuerdos salariales, y despliega todos sus recursos para amedrentar a los trabajadores aeronáuticos que están defendiendo sus derechos, la resolución emitida habilita un peligroso precedente para todos los trabajadores.
Dicha resolución señala “Que la Empresa INTERCARGO SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL solicitó la autorización y capacitación de personal de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) para la realización de operaciones en plataforma y servicio de rampa, ante la eventual existencia de necesidades extremas que pudieren surgir durante la Cumbre del G20 que se llevará a cabo entre los días 30 de noviembre y 1° de diciembre del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
A pesar de que la cumbre del G-20 durará apenas los dos días señalados, el plazo estipulado de la intervención se extiende a los 30 días. El antecedente es la Resolución Conjunta 2/2018 emitida por Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Guillermo Dietrich, que permite, a criterio de la ministra de Seguridad, la intervención de la Fuerza Aérea en caso de “interrupción, reducción o afectación por cualquier vía de los servicios aeroportuarios” (art.1) sentando las bases para la intervención policial ante cualquier legítima medida de fuerza que realicen los trabajadores.
La intervención e intromisión de la PSA como así también de los militares constituye no sólo una avanzada contra los trabajadores sino también un atentado contra el normal funcionamiento de la aviación aerocomercial y las condiciones mínimas de seguridad de los vuelos al violar las normativas internacionales vigentes dispuestas por el ente OACI a las que suscribe el Estado Nacional.
