El gobierno provincial limitó por un año toda designación en el Estado a planta permanente y temporaria, así como la continuidad de los precarizados.
Martes 6 de septiembre de 2016
Los trabajadores del IOMA se vienen organizando para hacer frente a las nefastas consecuencias de esta resolución en la Obra Social, donde 500 precarizados podrían quedar sin trabajo.
El Gobierno de María Eugenia Vidal prepara un salto en la flexibilización del empleo público que nada tiene que envidiarle a las reformas que Duhalde introdujo en la provincia en los años 90. El decreto 618/16 del pasado mes de junio, abre la puerta a miles de despidos en la provincia y una mayor precarización de la mano del contrato autónomo, que establece La Ley de Emergencia Administrativa votada el 19 de mayo en medio de una sesión escandalosa mientras se desarrollaba una movilización masiva de rechazo.
En cinco breves artículos esta normativa suspende por un año (prorrogable por año más) la designación de personal en planta permanente y en planta transitoria de todas las jurisdicciones del Estado provincial, impidiendo también la continuidad de todos los trabajadores que venían desempeñándose en el Estado bajo modalidad de contratación no permanentes.
Están exceptuados los trabajadores docentes y auxiliares de escuela, policías y servicio penitenciario, personal profesional del sistema de salud y de minoridad. Sin embargo hay más de 15.000 trabajadores en la provincia alcanzados por esta medida y cuyos puestos de trabajo están en riesgo.
En IOMA no pasaran
Más de 500 son los trabajadores que al 31 de diciembre podrían perder su empleo en la Obra Social de los estatales bonaerenses.
Años de precarización laboral y todo tipo de contratos basura que proliferaron en el Estado son convertidos con la nueva medida en “mano de obra descartable”.
Sin embargo los trabajadores de ese organismo se vienen organizando en numerosas asambleas generales y piso por piso, desde hace más de una semana, con el objetivo de poner un freno a esta disposición y conseguir la continuidad laboral de todos los trabajadores.
Algunos trabajadores llevan más de 20 años prestando servicios permanentes, bajo las peores modalidades de contrato, aquellas que no respetan ningún derecho laboral, como los aportes, el acceso a la seguridad social, al salario familiar, licencias, etc.
Estos trabajadores son en su mayoría profesionales auditores, que realizan las tareas de evaluación de los trámites de cobertura de prestaciones médico asistenciales que brinda la Obra Social. Otros son empleados administrativos que día a día sostienen la atención de los más de dos millones de afiliados que tiene el Instituto, sin contar con las herramientas necesarias para brindar una atención de calidad. A la falta de estabilidad impuesta durante todos estos años, ahora se suma la incertidumbre de perder el empleo, siendo muchos trabajadores único sostén de hogar.
Por eso, la respuesta no se hizo esperar y este miércoles 07/09 realizarán una asamblea general donde pondrán en consideración movilizarse a la Gobernación, para exigir que se termine con la precarización laboral y se garantice la continuidad de todos los trabajadores. Junto con el cumplimiento del resto de petitorio elaborado por la asamblea, que incluye el problema salarial que dejo una paritaria miserable que corre muy por detrás de la inflación, las condiciones de trabajo y falta de insumos de trabajo y el rechazo a las medidas persecutorias que intentan imponer sobre los trabajadores.