Se trata de Gabriel Romero, de la empresa Emepa.
Jueves 16 de agosto de 2018
En la causa de los cuadernos, originada por las fotocopias de las supuestas anotaciones del chofer Oscar Centeno, el empresario Gabriel Romero se transformó en un nuevo "arrepentido".
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Romero, de la empresa Emepa, dijo haber pagado coimas por 600.000 dólares para que el Gobierno de Cristina Kirchner le renovara por decreto la concesión de la explotación de la Hidrovía, el tramo del Río Paraná-Paraguay que conecta el Atlántico y Asunción para el comercio internacional.
A su vez, Romero habría afirmado que le entregaba al entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, un "retorno" del 10 al 15 % de los subsidios que recibía por su empresa Ferrovías.
En el marco de la causa, es la primera vez que un "arrepentido" denuncia pagos ilegales por la elaboración de un decreto, que fue firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en 2010, así como por el entonces ministro de Economía Amado Boudou, el de Planifiación, Julio De Vido, y por quien fuera jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
La empresa Emepa fue adquirida en 1986 por Gabriel Romero, un empresario entonces cercano al ex presidente Raúl Alfonsín, que reabrió la planta de Chascomús e hizo que Emepa volviera a fabricar y reparar vagones para ferrocarriles. Pero a mediados de los noventa, pasó al rubro de la ingeniería gastronómica, y luego al de dragado.
En el año 2001, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ya había puesto la lupa sobre el sector al investigar la licitación pública millonaria por la cual se había adjudicado a la empresa de Romero el dragado del Río Paraná y del canal Emilio Mitre en el Río de la Plata.
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