Cada semana surge nueva información que profundiza el escándalo del “Caso Astesiano”. Aunque Lacalle y el gobierno intentan despegarse y presentarlo como un caso aislado e individual, es evidente que se trata de un hecho que compromete al presidente y revela la podredumbre del régimen político y su estructura de privilegios, tráfico de influencias y corrupción.
Domingo 4 de diciembre de 2022
Foto: AFP, Pablo Porciúncula
Pasaron algo más de 2 meses desde que se conoció la detención de Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del presidente Lacalle, a partir de denuncias relacionadas a la falsificación de pasaportes para ciudadanos rusos. Los hechos, ya graves de por si en tanto señalaban una red de corrupción en las narices del presidente de la república, fueron tomando dimensiones aún más escandalosas con lo que se fue conociendo en este último periodo.
No se trataba por cierto del primer caso sospechoso, basta recordar el pasaporte del narcotraficante Marset o el nombramiento en la embajada argentina de una persona con antecedentes, por nombrar solo algunos casos que ya dejaban muy mal parados al gobierno.
Si la idea de que una “asociación para delinquir” funcionaba en la propia sede de la presidencia del país ya era grave, las revelaciones que surgen de los chats que Astesiano borró, muestran los niveles de corrupción existentes en las fuerzas policiales, el acceso a material reservado solo para realizar favores o recibir coimas, el ofrecimiento de información y espionaje para extorsionar o chantajear senadores nacionales, mensajes poco claros sobre extraños envíos en valija diplomática de “pescado congelado” desde lejanos países, uso de información para beneficio de familiares y amigos y largos etcéteras.
En paralelo, destaca también el encare que ha tenido el presidente Lacalle frente a estos escandalosos hechos: el mandatario que se llena la boca hablando de honestidad y republicanismo no puede explicar como personal de su entera confianza (como él mismo dice, personal que cuida a su propia familia) con antecedentes conocidos y documentados a su total alcance y conocimiento, puede estar acusado de realizar maniobras de tal entidad, sin que el no tenga nada que ver o no sepa nada.
Ni sus socios de la coalición ni los “opositores” del Frente Amplio parecen haber dimensionado lo que es casi imposible creer: si los Lacalle trataban y se vinculaban con Astesiano dándoles funciones y tareas de particular confianza desde hace décadas y contando con toda el acceso a la información del Estado desde las altas posiciones de poder que ocupan; como es que pueden decir que no tienen nada que ver y alegar total desconocimiento. La prepotencia y bravuconadas de Lacalle cuando se le pregunta por el tema podrían ser tomados hasta por intentos de amenazas, de que es mejor no meterse mucho y no contradecir el relato oficial.
Las revelaciones ameritaban sin duda una profunda investigación de la justicia. Por el contrario, que la propia fiscal Gabriela Fosatti, frente a este cuadro
que rompe los ojos, acepte y justifique que no se va acceder a los intercambios entre Astesiano y Lacalle deja ver que evidentemente la justicia no es neutral ni objetiva y que puede ser cómplice para tapar hechos que pueden comprometer a los más encumbrados miembros del gobierno o permeable a presiones e intereses de poder.
Una fiscal que por otra parte anteriormente ha insinuado su deseo en abandonar el caso, dando cuenta de que la policía, que supuestamente tendría que investigar lo sucedido, está tan comprometida en los “negocios” de Astesiano a través de importantes integrantes, que evidentemente no es posible avanzar en conocer la verdad ya que no hay ninguna voluntad para ello.
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¿Daño a la institucionalidad o la podredumbre estructural de un sistema?
La revelación en esta última semana de los chats que dan cuenta de que Astesiano podría haber ofrecido elaborar “fichas” con datos personales sobre los senadores interpelantes en el caso Katoen Natie, para utilizar con fines extorsivos y de chantaje, hicieron pegar un salto al sistema político en el tratamiento del “caso Astesiano”.
Oficialistas y opositores hablan del daño a la institucionalidad y de la necesidad de acciones fuertes para preservar el prestigio del régimen y de la propia institución presidencial.
Se trata sin duda de reacciones hipócritas, todos los dirigentes de los partidos políticos del régimen saben que la corrupción, las coimas, el tráfico de influencia, el espionaje, aprietes y amenazas a opositores, los acomodos y privilegios son parte estructural del sistema.
La trama de corrupción policial que el propio caso Astesiano deja ver, con la participación de altas jerarquías en variados casos de corrupción son un buen ejemplo de algo que no es azaroso, puntual o producto de la acción de un individuo, es todo un sistema armado y organizado, que funciona por fuera y al margen del discurso oficial de honradez, legalidad y cristalinidad. El poder económico es el que maneja los hilos por detrás de fachada institucional, en Uruguay y en todo el mundo.
Hasta hace unos días parecía que el discurso que ponía toda la responsabilidad y culpa en Astesiano iba a prevalecer; ahora que crece el escándalo y se hace imposible tapar el sol con los dedos senadores, diputados de todos los partidos; ministros y encumbrados dirigentes salen a hacer declaraciones y pedir medidas, pero de fondo siempre apuntan a preservar el régimen y estas instituciones podridas.
Lo sucedido con el pescado congelado (si realmente de eso se trataba el cargamento) es ilustrativo también de cómo funciona el país: mientras a los vecinos de Paysandú o Salto los hostigan o persiguen por “contrabandear” en la frontera 3 kilos de azúcar, el presidente del país puede hacerse traer 450 kg de pescado sin ningún control y utilizando sus privilegios para burlar controles aduaneros, y por supuesto seguramente con todos los gastos a cargo del Estado. Queda al a vista la hipocresía del discurso de que todos somos iguales o de la austeridad y la lucha contra el despilfarro.
Son una casta política que se aprovecha de sus lugares en el Estado para su propio beneficio y es el pago que reciben de los poderosos y empresarios por gobernar según sus intereses.
Esclarecer los hechos y que paguen todos los responsables
Se hace evidente que no se puede confiar en esta justicia; miran para el costado y ni siquiera son capaces de leer los chats entre Astesiano y su jefe y patrón, el que decidió que estuviera en ese cargo y le dio por acción u omisión rienda suelta para que montara su organización delictiva; es decir el propio Lacalle.
Todo parece resolverse en el secreto de las altas esferas, con actuaciones y declaraciones reservadas e inaccesibles; donde tarde o temprano se pondrán de acuerdo para tapar lo más posible y que solo caiga algún “perejil”.
Mientras tanto el pueblo trabajador parece quedar como un espectador pasivo de la podredumbre del régimen.
Por una comisión independiente
Se hace necesario por el contrario una comisión independiente que verdaderamente pueda investigar con acceso a toda a la información disponible, son las organizaciones sociales y populares las que no están manchadas con sospechas de corrupción y las que pueden llegar a conocer la verdad y hallar a los responsables.
Con el conocimiento de primera mano, profundo y total de todas las ramificaciones y responsabilidades se podrán exigir las medidas necesarias acordes a la gravedad de la situación, atacando las bases estructurales que han permitido que hechos de tal gravedad hayan podido suceder en las entrañas mismas del sistema político.
Esta movilización independiente para que se llegue hasta las últimas consecuencias y se terminen las componendas en estos casos de corrupción podrá empalmar y articularse con la lucha por derrotar el plan de ajuste y reformas antipopulares.
Son estos mismos dirigentes, enchastrados en prácticas de prebendas y abusos de poder los que se empeñan en imponer un programa a la medida de los empresarios y las patronales. Es el mismo gobierno que quiere imponer una reforma retrógrada en la educación, los que quieren imponer la reforma jubilatoria para que trabajemos más años cobrando menores jubilaciones, son los que recortan planes sociales, bajan los salarios y atacan derechos laborales.
Estas prácticas delictivas que salen a la luz durante este gobierno no son de ahora, son de siempre, son redes enquistadas toleradas por el Estado.
Contra ellos hay que organizarse para derrotar estos planes y también contra este Estado que las cobija, con la perspectiva de luchar por un gobierno de las y los trabajadores.
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