La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) podrá representar a los empleados estatales en la provincia de Córdoba en adelante. Con un fallo emitido el 26 de agosto pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificó esa sentencia.
Jueves 18 de septiembre de 2014
Esta medida judicial significa un duro golpe a José Pihen, secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) que responde directamente al gobernador De la Sota. También implica un golpe al ejecutivo provincial que, desde hace ocho años, se venía negando a reconocer a ATE como un legítimo representante de los trabajadores.
En adelante, y según lo establece la Ley 23551 para gremios con personería gremial, se deberá proveer la tutela sindical para los delegados, además de poder elegir representantes en toda la provincia. Este fallo también otorga el derecho a participar de las negociaciones salariales colectivas.
Este importante revés para el delasotismo trae aparejadas no sólo consecuencias políticas sino también económicas: el Estado provincial deberá saldar una deuda con ATE por la falta de retención de la cuota sindical de los afiliados desde 2006 a la actualidad.
En declaraciones a la prensa, María Teresa Romero, titular de ATE filial Córdoba, declaró que “a partir de ahora el gobernador De la Sota y también varios municipios, tendrán que pagar ya que no nos reconocían como gremio”, haciendo referencia a la retención de la cuota sindical antes señalada.
