La jueza federal de Seguridad Social Adriana Cammarat dispuso que las pensiones deben ser reintegradas “de inmediato”. Piden que el Gobierno no apele la medida.
Jueves 7 de septiembre de 2017 14:12
Varina Suleiman, la abogada de la asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) presentó el un amparo afirmando que el gobierno de Cambiemos debería restituir todas las pensiones. Esta medida cautelar es de carácter colectivo y tiene alcance nacional a excepción de la ciudad de Viedma, donde se dictó una medida similar, y tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva.
La Justicia Federal, en respuesta a la medida, ordenó al Gobierno que restablezca “en forma inmediata” las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja y que afectaron este año a 83.000 personas. Además, dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social, organismo responsable, “se abstenga de interrumpir los pagos de dichos beneficios”.
Desde la asunción de Cambiemos, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley comenzó a dar de baja pensiones no contributivas por invalidez valiéndose de un decreto del menemismo de 1997.
En junio de este año, los recortes generaron una ola de repudios que se visibilizó durante una manifestación donde miles de personas junto a las organizaciones que nuclean a personas discapacitadas reclamaron contra la política discriminatoria del Gobierno. El repudio a la medida resultó en que desde el oficialismo dieran marcha atrás con la medida, aunque se hizo de forma parcial. A la mayoría de los afectados no le fueron devueltos sus beneficios.
Suleiman explicó que el fallo permite que cualquier persona a la que no le hayan restituido su pensión, en cualquier parte del país, ahora se puede presentar reclamar su reintegro, amparada en esta resolución. “Sólo quedó excluido Viedma porque tiene un juicio iniciado” informó la abogada.
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Además, la letrada explicó que “la resolución se aparta de la ley de Medidas Cautelares contra el Estado (26.854) que establece una vigencia de seis meses. La jueza dispuso que el alcance temporario de la cautelar es por tiempo indeterminado, hasta que se dicte la sentencia definitiva, porque tuvo en cuenta la vulnerabilidad del grupo afectado”.
Suleiman recordó que los recortes que implementó Desarrollo Social “no respetaron la autonomía de las personas. Utilizaron requisitos viejos a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, y detalló que “cuando entrecruzaron datos, si identificaban que un pariente tenía un auto o algún ingreso daban de baja la pensión”.
Natt Rodriguez Serto
Trabajadora de Prensa
