El mismo Régimen que encarcela a raperos y tuiteros prohíbe el derecho democrático a ser investido al Diputado Jordi Sánchez.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Martes 13 de marzo de 2018
El juez Llarena decretó la prohibición para que Jordi Sánchez pueda ser investido como President de la Generalitat. Sin esperar a que se agote el plazo de presentación de recursos, se pronunció, no solo en contra de conceder la libertad, sino también un permiso para salir temporalmente de prisión. Apenas la Fiscalía presentó su escrito argumentando la denegación de libertad por riesgo de reiteración delictiva, el Juez Llarena se pronunció públicamente.
Era casi un hecho consumado que el Régimen del 78 evitaría la investidura. El tándem que forman Gobierno-Poder judicial quiere cortar de cuajo la experiencia que el pueblo catalán realizó con el referéndum del 1-O y las huelgas con movilizaciones callejeras del 3-O y el 8-N. Rajoy y Llarena y todo el Régimen creen que podrán hacerlo invalidando a todos los dirigentes que han participado del anterior gabinete de Puigdemont.
El argumento esgrimido por Llarena y la Fiscalía es que Jordi Sánchez, quien, según ellos, lideró una rebelión (cuál, cuándo y dónde es una incógnita). Y, que desde la presidencia de la Generalitat tendrá muchas más posibilidades de retomarla. El programa de Junts per Catalunya (JxCat), las declaraciones de Sánchez y los principales dirigentes de esta formación llamando al pacto con Rajoy y al acuerdo con el Régimen del 78, no sirven.
Lo que es impresionante es que tan solo “un juez” toma una decisión que va en contra de la voluntad de más de 2 millones de personas que quieren restituir a “su” President en la Generalitat. También sorprende que el partido con menos representación en el Parlament y con más casos de corrupción en Europa, sea el que tome las decisiones importantes en Cataluña. El Estado español se blinda contra Cataluña y contra los trabajadores y los pueblos.
Los campeones del Ibex35 (BBVA, La Caixa, Gas Natural, Acciona, etc.), las 30 grandes fortunas del Forbes (Ortega, las Koplowitz, Calvo Sotelo, los reyes, etc.) y las reaccionarias instituciones del “Reino de España” quieren aplastar el pueblo catalán, ganar por goleada. Para ello pretenden que todos los dirigentes no solo se arrodillen ante el juez, como viene pasando, sino que lo hagan por escrito y en las mismas instituciones catalanas para lograr la desmoralización de más de dos millones de personas que se movilizaron el 1-O.
Torrent “ajorna” el pleno del Parlament
La decisión de Llarena ha obligado al President del Parlament, Roger Torrent, a suspender nuevamente el pleno de investidura ante la imposibilidad de poder realizarlo. Esta vez sine die. La defensa de Jordi Sánchez presentará una apelación al Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos el próximo lunes. Torrent queda a la espera de la resolución del TEDH, el cual dispone de 48hs para tomar medidas cautelares.
Al mismo tiempo Junts per Cat y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) están buscando el voto positivo de los diputados de Candidaturas de Unidad Popular (CUP) para la investidura de Sánchez. Durante la semana, la CUP se pronunció en contra de dicho acuerdo debido a la falta de “acción republicana”. El jueves presentaron otro acuerdo a la formación cupaire, el cual recibió la misma respuesta negativa.
La jerarquía de JxC y ERC están llevando a cabo otra campaña de “Pressing CUP” como ya hiciera Artur Mas o el mismo Puigdemont. Ahora se trata de que la CUP tiene que aceptar la estrategia pactista y del “peix al cove” de los dirigentes de la antigua Convergència. Los diputados cupaires llevan más de cinco años colaborando con los representantes de la burguesía catalana. Y ahora tiene el dilema de cortar dicha colaboración, puesto que los dirigentes soberanistas abandonan la voluntad popular del 1-O.
El problema es que la campaña “Pressing CUP” es una campaña para pasar por el aro que Rajoy y Llarena quieren imponer al pueblo catalán. Es la campaña del “Yo no desobedecí al Constitucional”. Es la campaña de “la República simbólica de Catalunya”. Es la campaña de las estructuras de estado que no se construyeron. Es la campaña de la “no declaración” del 27-O. En síntesis, es la campaña anti referéndum del 1-O.
Si la CUP continúa con su estrategia de la mano tendida correrá el peligro de continuar deslizándose hacia la estrategia de Puigdemont-Junqueras o simplemente de dejar su mano colgada y a la espera.
Sin embargo, si se trata de ampliar la base social, del puño cerrado a los recortes y de hacer valer la voluntad del pueblo, hay que retomar la senda de las huelgas del 3-O y el 8-N pero de manera independiente de los representantes de la burguesía catalana. Y las masivas movilizaciones de pensionistas y del 8M demuestran que se puede luchar de manera independiente del Gobierno y las patronales.
