En marzo del año pasado, en pleno aislamiento social por la pandemia de coronavirus, el sargento Elías Saavedra le disparó a quemarropa a la perra Tita. La acusación apela al concepto de los animales como “sujetos de derecho”. El juicio marca un precedente en la provincia porque defiende los derechos del animal. El policía que la mató está imputado por crueldad animal y abuso de autoridad
Jueves 27 de mayo de 2021 13:09
El miércoles 26 de mayo, en Rawson, exactamente a un año y dos meses se inició el juicio oral y público por el asesinato de una perra en Playa Unión a manos de Elías Saavedra, sargento de Policía del Chubut, quien mató a la perra "Tita" con su arma reglamentaria en marzo del año pasado.
El sargento Elías Saavedra, será juzgado por un nuevo caso de violencia policial en Chubut durante la cuarentena por Covid. El policía de la provincia, quién mató a la perra, será juzgado por crueldad animal y por violar la ley que los protege.
El caso, sin antecedentes en el país, obliga a reemplazar términos habituales por expresiones que se ajustan al Derecho Animal, como “cuidador responsable” o “guardador”; a desterrar la idea de “tenencia”, que refiere a objetos, y a incorporar conceptos como “familia multiespecie”, “seres sintientes” o “animales no humanos”. La ciencia demostró que los animales no humanos, para salir de la visión antropocéntrica, sienten y piensan.
El caso de Tita, muerta por un disparo policial en Playa Unión, no será encuadrado legalmente como un “homicidio”. Se discutirá bajo el paraguas normativo de la ley 14.346, que tiene más de 60 años y establece penas de entre 15 días y un año a las personas que “inflijan malos tratos o hicieren víctima de actos de crueldad a los animales”.
Una política de mano dura para enfrentar la pandemia de Covid
Ante la política de seguridad con la cuarentena como excusa en la pandemia que desarrolló el gobierno de Mariano Arcioni, Amnistía Internacional Argentina pidió una serie de informes tras conocer más de 30 denuncias que se realizaron sobre exceso del uso de la fuerza por parte de miembros de fuerza de seguridad.
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Recordemos dos casos de violencia estatal como respuesta frente a la pandemia que fueron denunciados. Trabajadoras de la salud del Hospital Doctor Andrés Ísola, de Puerto Madryn presentaron una carta al intendente Gustavo Sastre, y al jefe de la Unidad Regional de la Policía de Chubut con el objetivo de «poner en conocimiento» a las autoridades de «los reiterados episodios de abuso policial que hemos sufrido por parte del personal de la policía». Un trabajador, Gabriel Ricardo Fredes, albañil del barrio INTA, de Trelew fue víctima de un violento operativo encabezado por el ministro de seguridad, Federico Massoni, donde le dispararon a quemarropa, hiriéndolo en la cara con munición anti-tumulto en la puerta de su casa.
Para finalizar, esta violencia estatal que desarrollaron Arcioni y Massoni durante todo el año, finalizó con la reglamentación del uso de armas de la Policía de Chubut.La resolución 145/2020 del Ministerio de Seguridad reglamentael uso de armas de fuego por parte de la policía. Esta nueva ofensiva reaccionaria contra las libertades democráticas se dio en el marco de la lucha estatal contra el ajuste y contra la megaminería en la provincia. Los organismos de Derechos Humanos de la provincia y del país han repudiado este nuevo código contravencional que habilita el gatillo fácil y avala la mano dura con la que actúa la policía de la provincia.
