El “Acuerdo por la Paz social y la Nueva Constitución” suscrito Chile Vamos, la ex Concertación, el Partido Liberal, el Partido Comunes y el diputado de Convergencia Social Gabriel Boric; busca evitar que el régimen caiga producto de la lucha de clases.

En el caso de que gane la opción de “aprobación a una nueva Constitución”, que será consultada en la primera pregunta del plebiscito de abril, podría derivar o en una “Convención Mixta Constitucional” con miembros del Congreso actual y “miembros electos para el efecto”, o una “Convención Constitucional” con “integrantes que serán electos íntegramente” para el efecto de redactar esa nueva constitución. Ambas instancias implican una adaptación al régimen existente y revelan el intento de imponer un consenso de “los de arriba” para evitar que “los de abajo” irrumpan con una salida propia.

El respeto por los poderes constituidos y las barreras de lo posible

Los defensores del acuerdo, dicen que se trata de un “proceso constituyente”, pero en realidad, si predomina este camino, se respetarán con fervor los poderes constituidos. Mientras se redacte la nueva constitución, según el “acuerdo”, no se verán afectadas “las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado”. [1] Básicamente, eso significa que el régimen político queda intacto hasta julio o incluso hasta octubre de 2021 —dependiendo de cuánto tarde la redacción de la nueva constitución en la “convención constitucional” en cualquiera de sus dos formas.

Es llamativo que el “acuerdo” plantee que los miembros de cualquiera de las dos formas que tome la convención constitucional, serán escogidos por “el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados en la proporción correspondiente” [2] y que la “determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado”, pasará por una comisión con miembros designados de manera paritaria entre la oposición y el oficialismo [3]. Si rige el mismo sistema que en las elecciones a la cámara, miles de activistas y dirigentes sociales quedarán excluidos de antemano de la posibilidad de ser electos (o los menores de 18 que iniciaron la rebelión), y las chances de influir serán para los partidos del régimen, los mismos que negociarán los aspectos indispensables para “materializar” el pacto. Si oficialismo y oposición se pondrán de acuerdo para ver vías de materialización del acuerdo de manera paritaria, se está gestando una nueva cocina ajena al pueblo en las calles.

¿Y dónde quedó la idea de convocar a una asamblea constituyente? Nadie lo sabe. Porque decirle “asamblea constituyente” (como los militantes de RD) no hace que la “Convención”, en cualquiera de las dos formas que se de en un año más, sea una verdadera constituyente. En el momento en que se supedita a los poderes políticos existentes no es constituyente, renuncia a una soberanía y niega la expresión de la voluntad popular. Christian Castillo y Emilio Albamonte, algún tiempo atrás, citaban al Toni Negri de El poder constituyente para referirse a este tipo de absurdos: “¿Cómo puede un hecho normativo consuetudinario hacer justicia a la innovación? ¿Cómo puede una «clase política» preconstituida ser el garante de una nueva Constitución? Ya el esfuerzo de cerrar el poder constituyente en una jaula de limitaciones espacio-temporales resulta insostenible −pero el intento de bloquearlo dentro de una prefiguración institucionalista llega a ser inconcebible: en efecto, se puede tratar de limitar el alcance del acontecimiento, pero seguramente no es posible definir por anticipado su singularidad innovadora”. [4]

El paro del 12 de noviembre y la perspectiva de la huelga general

Ahora bien ¿cómo es posible que habiendo transcurrido un mes de revueltas, el régimen dé una respuesta tan restrictiva? Responder a esto, nos conduce a una primera lectura del desarrollo de la lucha de clases durante el proceso.

Tengamos en cuenta que, en cierto modo, el anuncio del 14 por la noche de un “acuerdo por la paz y una nueva constitución” es en respuesta al paro del pasado 12 de noviembre. En un reciente artículo escribíamos que el paro podía tomar dos caminos: “A) Si es una acción contundente, con clara determinación combativa de las trabajadoras y trabajadores, con mayores elementos de coordinación entre distintos sectores, puede dar el empuje para que podamos realizar una huelga general que no dure un día o dos, sino que tenga un carácter indefinido. Una huelga que, además de realizarse en los sectores estratégicos de la economía como la minería o el sector portuario, le otorgue a la clase trabajadora una libertad de acción suficiente para autoorganizarse, coordinarse con el movimiento estudiantil y el movimiento de mujeres y elaborar un plan de lucha que tenga como objetivo echar abajo al gobierno de Piñera y al régimen de la dictadura. Una huelga que permita ir discutiendo los objetivos políticos en organismos de autoorganización que se desarrollen, por ejemplo las vías para convocar a una Constituyente. B) O bien puede permanecer como una pieza en los cálculos de los dirigentes burocráticos de la Mesa de Unidad Social y los partidos de oposición, que usan las manifestaciones masivas para su estrategia de presionar en el régimen, sosteniendo a Piñera manteniéndolo como interlocutor, como explicábamos más arriba.” [5] A nuestro modo de ver, lo que ocurrió el martes 12 y los días posteriores, es más contradictorio y no se limitó a esas dos hipótesis.

El paro sí fue una “acción contundente” contra el gobierno, con “clara determinación combativa”, pero precisamente por esa razón, los partidos del régimen, ayudados por la ex Concertación, y el Partido Liberal, RD, y Gabriel Boric del Frente Amplio, se apresuraron en buscar una salida política que no atente contra la institucionalidad.
El martes 12 la adhesión a la paralización había sido masiva e interrumpió la vida económica y la cotidianidad de las ciudades más importantes y una parte de los trabajadores que marcharon permanecieron en las calles con los jóvenes a diferencia del 23 y el 30 de octubre donde hubo más separación. Pero la clase trabajadora todavía no logra actuar como sujeto diferenciado, aunque los portuarios y los mineros ya han paralizado contra el gobierno y los recolectores de basura aparecieron en la escena. Esto es porque las burocracias sindicales están obstaculizando el desarrollo del ánimo de lucha que hay contra el gobierno, negándose hasta ahora a convocar a una huelga general continua y a un plan de lucha discutido desde las bases.

La combatividad viene estando claramente del lado de la juventud y los sectores populares que durante todo el día 12 tuvieron choques con las fuerzas estatales como en San Antonio —donde fue atacado un cuartel del ejército— o Peñalolén —donde una comisaría tuvo que vérselas con los pobladores hastiados de la represión en Lo Hermida. Si la clase trabajadora supera a sus direcciones burocráticas, la fricción directa con las fuerzas estatales podría dar un salto.

En los lugares de trabajo “nada ha vuelto a ser como antes” después del 18 de octubre: la prepotencia, arbitrariedad y miseria propia de muchos centros laborales, es cuestionada en distintos grados. La huelga que realizaron estos días los recolectores de basura, denunciando no contar con servicios básicos como casino o ducha, son una expresión de este incremento en las expectativas de millones de trabajadores que no quieren tolerar las cosas como han sido hasta ahora. En este marco, el paro del martes 12, sí puede ser un empuje para la realización de una huelga general que, “además de realizarse en los sectores estratégicos de la economía”, le facilite “a la clase trabajadora una libertad de acción suficiente para autoorganizarse” y ampliar sus objetivos políticos tomando en sus manos la discusión acerca de las vías para una constituyente.

El régimen se está apresurando en montar una trampa con la farsa de la nueva constitución acordada por los poderes constituidos. Mantenerse en una posición de defensa absoluta y cerrada de la constitución existente –como la que sostiene el Partido Republicano de Kast-, era insostenible para el gobierno y el régimen. Al menos por ahora.

El “acuerdo” señala que los partidos que lo suscriben, “vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente.” Lo que calla el documento es que el empeño del gobierno ha sido lograr esa paz y ese orden público atentando en contra del derecho a manifestación con una violencia policial inusitada, con torturas, mutilaciones de ojos, detenciones ilegales y violaciones. Sólo horas después del acuerdo de paz un joven moría en Plaza de la Dignidad de un paro cardíaco mientras carabineros impedía la llegada de la ambulancia y lanzaba lacrimógenas. Pero si el gobierno eligió el camino del acuerdo es porque calculó que implica menos costos políticos que un nuevo estado de excepción, esta vez con ampliación de facultades al ejército.

El poder policial

Es esa violencia represiva la que quieren desatar los sectores a la derecha del gobierno, pero sin ceder absolutamente nada ni en términos políticos ni sociales —como José Antonio Kast y su Partido Republicano—, ampliando las facultades de carabineros y militares. Consideran que el gobierno ha cedido demasiado a la calle y sienten que el ejército fue humillado.

El hecho de que el general Rozas de carabineros haya declarado que no dará de baja a ningún carabinero en medio de los cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos, es un signo de falta de control pleno del poder ejecutivo sobre carabineros y recuerda mucho lo que decía el filósofo Walter Benjamin sobre la policía: “Lo ignominioso de esta autoridad consiste en que para ella se levanta la distinción entre derecho fundador y derecho conservador. La razón por la cual tan pocos sean conscientes de ello, radica en que las competencias de la policía rara vez le son suficientes para llevar a cabo sus más groseras operaciones, ciegamente dirigidas en contra de los sectores más vulnerables y juiciosos, y en contra de quienes el Estado no tiene necesidad alguna de proteger las leyes. Del derecho fundador se pide la acreditación en la victoria y del derecho conservador que se someta a la limitación de no fijar nuevos límites. A la violencia policial se exime de ambas condiciones. Es fundadora de derecho, porque su cometido característico se centra, no en promulgar leyes, sino en todo edicto que, con pretensión de derecho se deje administrar, y es conservadora de derecho porque se pone a disposición de esos fines.” [6] O, dicho en otros términos: resulta estéril “argumentarle” a la policía que no está respetando el derecho constitucional de proteger la integridad de las personas y que su violencia es “desmedida”: es inherente a su carácter exceder sus propias competencias y en brindarle a sus propios edictos el poder del derecho, aprovechando a su favor ser una de las instituciones que gestiona el “monopolio de las armas” del Estado. No se trata de un problema de “protocolos” si no de lo que la policía es.

Que este hecho esté aconteciendo todos los días en las principales ciudades del país es un signo claro en el sentido de una bonapartización del régimen político. También lo es el hecho de que la noche del martes 12 de noviembre, el Ejército, según trascendió en algunos medios de prensa, se negó a participar de un nuevo estado de excepción si no tenía la garantía de no sufrir posteriores acusaciones por violaciones a los derechos humanos. Querían evitar un segundo papelón y de salir, contar con margen para abrir fuego mortífero y evitar una pérdida de autoridad. Finalmente, y por ahora, esa opción fue desechada. Pero esta “relativa independencia” del aparato policial y militar habla de un importante cambio en la política chilena que se apronta para momentos cada vez más convulsivos.

La urgencia de la autoorganización y un partido revolucionario de la clase trabajadora

El respeto por la “institucionalidad democrática vigente” que se expresa en las cláusulas del acuerdo significa que después de un mes de rebelión las fuerzas políticas del régimen han optado por conservar el régimen, postergando las demandas que apuntan contra la herencia de la dictadura. El cambio de constitución que quieren realizar, otorgándole poder de veto a la derecha y negociando con ellos en igualdad de condiciones la materialización del acuerdo, es un acto sobre la sangre de los asesinados y asesinadas del pueblo.

No es predecible cuánto tiempo persista la presencia más activa del aparato policial (y militar) en la vida política y con presencia provocadora en las calles y a nuestro modo de ver no podemos descartar de plano que la situación tenga nuevos giros que le den mayor o menor peso a este factor de violencia estatal. Pero sean cuales sean los escenarios que se den, ya es una necesidad la expansión de organismos como el comité de resguardo y emergencia de Antofagasta o de iniciativas como el encuentro de trabajadores, mujeres y jóvenes en el hospital Barros Luco el pasado 9 de noviembre. Con más de 800 participantes de diversos centros laborales, educativos y poblaciones, ambas instancias, convocan a profesoras, trabajadores/as, secundarias/os, universitarias/os, trabajadores de la salud, u organizaciones como NO+AFP en Antofagasta, y discuten desde la seguridad y los primeros auxilios en las marchas hasta la perspectiva política de la caída del gobierno de Piñera y el llamado a una Asamblea Constituyente; o el llamado a las grandes organizaciones de masas como las que están nucleadas en el MUS a llamar a una “huelga general”. Se trata de dos ejemplos de autoorganización que son avanzados y que impulsamos desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios y que son parte de una serie de experiencias novedosas que se desarrollan de norte a sur de asambleas territoriales o cordones que buscan superar las formas rutinarias que imponen las burocracias.

La necesidad de una huelga general y un plan de lucha, tiene que ver con dar un salto en la capacidad de combate del movimiento. Pensar ese problema, implica romper con el relato oficial que divide a dos tipos de manifestantes: pacíficos y vándalos. La huelga del martes 12 es un gran ejemplo de huelga combativa que es necesario profundizar. Para eso es necesario que seamos los propios trabajadores y trabajadores junto a la comunidad quienes discutamos los pasos a dar en un plan de lucha que prepare la huelga general. Eso nos dejará menos susceptibles a los montajes policiales y permitirá al mismo tiempo que la fuerza de la clase trabajadora ingrese como factor nuevo en la lucha de clases, golpeando en la economía y poniendo a disposición de la lucha en las calles las capacidades específicas de los trabajadores de las ramas estratégicas como el transporte público, el sistema portuario, las minas, la industria forestal o el sistema financiero. Sólo sí estos batallones centrales de la clase trabajadora entran en la escena, podremos materializar la convocatoria a una constituyente sobre las ruinas del régimen existente.

Las y los marxistas revolucionarios, consideramos que los organismos de autoorganización en su desarrollo, son la base de una república de trabajadores y no son lo mismo que una asamblea constituyente, que a decir de Trotsky es “una institución del estado bur­gués” [7] . Mientras lo primero expresa nuestra “fórmula de gobierno” lo segundo es una consigna más circunstancial. Sin embargo, mientras la perspectiva de un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo no sea acompañada por la mayoría de la clase trabajadora, y más aún en el actual escenario chileno, después de décadas sin “grandes acciones independientes de las masas”, consideramos que la consigna de “asamblea constituyente libre y soberana YA”, es muy urgente. Remarcamos que debe ser “sobre las ruinas del régimen” porque nos permite diferenciarnos de la estrategia de gente como Catalina Pérez de RD o Gabriel Boric de CS, que consideran que es un gran logro haber logrado un plebiscito para abril, y eventualmente convocar a una Convención Constitucional para un año más, mientras siguen intactas las AFP o las Isapres y las farmacéuticas, mientras siguen impunes los represores y en pie las instituciones de la constitución de 1980. La huelga general y un plan de lucha, la autoorganización, pueden ingresar en la escena como factores que desequilibren la balanza y permitan convocar a esa asamblea constituyente sobre las ruinas del régimen y prepararnos para la reacción de la extrema derecha y los factores de polarización que puedan desarrollarse al interior de las fuerzas militares y policiales desarrollando organismos de autodefensa.

Si en 1938, Trotsky hipotetizaba bajo el gobierno de Hitler que “los comités de fábrica […] surgirán antes de que los burócratas se pongan a organizar los sindicatos desde sus oficinas” y que “los soviets cubrirán Alemania antes que una nueva Asamblea Constituyente se reúna en Weimar” [8], bajo un gobierno como el de Sebastián Piñera –de carácter pre-bonapartista y no fascista-, está aún más planteado el desarrollo de la autoorganización y ya hay ciertas experiencias iniciales en curso.

Sin un programa transicional que combine tareas democráticas y tareas anticapitalistas y que articule la lucha por el poder con la autoorganización de los trabajadores, siempre serán los poderes constituidos los que impondrán sus límites a los procesos constituyentes. Nunca será el pueblo el que ponga las reglas. En rigor, convocar a una constituyente verdaderamente libre y soberana es impensable sin impulsar paralelamente la extensión de la autoorganización, la huelga general y el plan de lucha; y realizar las aspiraciones del pueblo, dejar atrás estos “30 años”, es impensable sin un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo.

Esta concepción está directamente ligada a la construcción de un proyecto político alternativo al de la izquierda del régimen, del Frente Amplio o el Partido comunista: una izquierda socialista de la clase trabajadora, que busque basar su estrategia en la lucha de clases. Es el proyecto al que buscamos contribuir desde Ideas Socialistas y el Partido de Trabajadores Revolucionarios.