Las autoridades se quieren lavar las manos, exculpando a los policías responsables de la desaparición forzada de Marco Antonio y criminalizando al joven. Sin más avances en la investigación, organismos de derechos humanos exigen una investigación independiente.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 23 de febrero de 2018
Se cumple un mes de la desaparición forzada del joven estudiante de la UNAM, Marco Antonio Sánchez Flores a manos a de elementos de la Policía de la Ciudad de México. A pesar de haber sido encontrado días después con evidentes signos de tortura, al grado de que sus familiares lo consideraran "irreconocible", las autoridades capitalinas continúan negando su responsabilidad.
Esta negativa de atender a las pruebas por parte de las autoridades del gobierno de Miguel Ángel Mancera ha derivado en el intento de imponer una nueva "verdad histórica", una versión oficial que se ajuste a los tiempos electorales y por la que pretenden hacer creer a los padres de Marco que su hijo deambuló solo por cinco días y que, de alguna manera, él mismo es responsable de lo que le ocurrió.
Así, lo único que han aceptado hasta el momento las autoridades, sin que eso implique ningún cambio en la investigación, es que hubo "errores de protocolo" y "abuso de autoridad", constatados en el hecho de que Marco es menor de edad y fue presentado y presuntamente liberado sin haber contactado a sus padres y en las imágenes que recorrieron el país, en donde se puede mirar a Marco en shock, sometido brutalmente en el suelo por un policía.
Hasta el momento la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México sigue sin investigar lo que ocurrió con Marco los cinco días en que no se supo su paradero.
Otras violaciones en las que han incurrido las autoridades capitalinas es la filtración de información confidencial en dos ocasiones.
La primera, un diagnóstico preliminar, incompleto, de Marco, en donde se indican algunas observaciones clínicas de su estado psicológico, mismo que fue reproducido por medios a nivel nacional y la segunda, una serie de videos con los que pretenden lavarse las manos, asegurando que el menor fue liberado "minutos después" de haber sido presentado en el ministerio público.
Esto a pesar de que los padres negaron con firmeza de que la persona que les mostraban en el video fuera su hijo y habían obtenido un amparo para "evitar" que las autoridades continuaran publicando ante los medios información sobre el caso.
El calvario, sin embargo, no terminó con su aparición. Actualmente, Marco continúa internado en el Instituto Nacional de Pediatría y el Instituto Nacional de Neurología, casi incomunicado, con sujeción a su cama, sin poder decir qué le pasó durante los cinco días que el país entero exigió su presentación con vida. Sus padres denuncian que han tenido restricciones para acompañarlo y que únicamente reciben informes verbales sobre su salud.
Estas violaciones no sólo buscan exculpar a los policías que detuvieron a Marco y al gobierno de Miguel Ángel Mancera, sino criminalizar al joven y revictimizarlo. Es decir, en México no basta con haber sobrevivido a una desaparición forzada, también tienes que sobrevivir a protocolos de atención a víctimas que no funcionan, vivir una y otra vez la impotencia de que las autoridades, que dicen garantizar justicia, sean más bien garantes de la impunidad.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado ya información oficial sobre el caso. El plazo venció el 20 de febrero pasado y junto a otras organizaciones de defensa de derechos humanos, han exigido una investigación independiente a la de la Procuraduría, que cuente con la participación de la familia y su equipo de asesoría legal, así como con la asesoría de organismos de DDHH como Amnistía Internacional y la misma CIDH.
Sobre el tratamiento médico que está recibiendo el menor, informaron que se ha integrado un equipo de diagnóstico interdisciplinario que ofrezca a la familia un diagnóstico independiente, así como recomendaciones para recibir un tratamiento que reduzca los daños en Marco.
