Minero asesinado. Un nuevo asesinato en la Gran Minería del Cobre efectuado por el Estado de Chile

Vicente Mellado Carrasco. Licenciado en Historia. Universidad de Chile

Otro obrero asesinado en la democracia pactada por la Concertación (hoy Nueva Mayoría) y la derecha pinochetista

El 24 de julio de 2015 ha pasado a la historia de Chile como una nueva fecha de conmemoración a los mártires de la clase trabajadora. Desde el retorno a la democracia en 1990, decenas de estudiantes, trabajadores y mapuche han caído por las balas lanzadas por el Estado democrático y republicano de Chile.

Desde el momento en que las nuevas capas de trabajadores contratistas—surgidas de las transformaciones económicas neoliberales aplicadas desde la década del 80— comenzaron a movilizarse, la represión y el asesinato por luchar ha desplazado su foco hacia ellos.

El 3 de mayo de 2007 fue Rodrigo Cisterna, obrero forestal de una empresa contratista que prestaba servicios a Forestal Arauco, perteneciente al poderoso grupo económico de los Angelini. Rodrigo fue asesinado por Carabineros en la huelga de los subcontratados, y pese a las indemnizaciones por daño, su crimen quedó en completa impunidad hasta el día de hoy.

En febrero de 2013 fue asesinado Juan Pablo Jiménez, dirigente sindical de la empresa contratista AZETA, que presta servicios a empresas como CHILECTRA por mantención de transformadores eléctricos, torres de alta tensión, entre otras actividades. Juan Pablo estaba preparando un proyecto para la siguiente negociación colectiva. Un día apareció muerto al interior de la empresa localizada en la comuna de San Joaquín, ciudad de Santiago. La justicia sentenció que la causa de la muerte del dirigente obrero fue una “bala loca”. Hasta el día de hoy no se tiene pista alguna de los culpables. Sin embargo, todos sabemos quiénes son.

El 24 de julio de 2015, a las 2 de la madrugada, en la carretera que se conecta con el mineral de El Salvador, división de CODELCO, fue asesinado con una bala de 9 mm, Nelson Quichillao. Este se encontraba en las barricadas con sus compañeros de trabajo en demanda a la cuprífera estatal por el cumplimento del Acuerdo Marco del año 2015. Acuerdo que la empresa estatal no reconoció para este año, sino que para el año 2016.

Algo tiene en común este asesinato con el de Rodrigo Cisterna. Ambos se efectuaron bajo el gobierno de Michelle Bachelet. El actual Gobierno está integrado por el Partido Comunista (PC). La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) que impulsa esta movilización obrera es dirigida por el PC, así como el Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La represión de Carabineros a los mineros es avalada por el Ministerio del Interior, este es comandado por el demócrata cristiano Jorge Burgos. Cuando asumió el cargo, Burgos fue legitimado en declaraciones por el PC (ver: “Teillier y nombramiento de Marcos Barraza”, http://www.pcchile.cl/?p=10463).

La CTC publicó un comunicado exigiendo al Gobierno de Chile “que cesen con la escalada de violencia policial e institucional dispuesta por el Ministerio del Interior en las zonas movilizadas, a quien responsabilizamos de este homicidio por -al menos- incitar a la violencia y el enfrentamiento de FFEE y trabajadores".

Luego de esta declaración, ¿llevará a cabo acciones la dirección de la CTC para exigir juicio y castigo a los culpables? Y si llevan adelante acciones, ¿permitirán a los mineros movilizados que hagan un llamado a un paro nacional con la afluencia de todos los mineros del país y de los profesores que todavía mantienen su lucha? Es ahora el momento de hacerlo.

Es el momento de que los trabajadores de Chile pongan a prueba a sus direcciones sindicales. Los profesores municipales movilizados ya han puesto a prueba a Jaime Gajardo, militante del PC, presidente del gremio docente. Le toca ahora a los mineros del cobre poner a prueba a sus máximos dirigentes, que también son del PC (Manuel Ahumada), si son capaces de llevar la lucha hasta el cumplimiento íntegro de las demandas de los trabajadores y por el juicio y castigo a los asesinos de Nelson Quichillao. Esto exige un paro nacional de toda la minería, privada y estatal. La dirección de la CUT se pondrá a prueba una vez más.

Otra vez en El Salvador. Otra huelga más. Otro asesinado por el Estado

Las masacres en la Gran Minería del Cobre constituyen una práctica recurrente en la historia de Chile. Desde 1911 hasta la fecha se han producido más de 100 huelgas en las mineras. No es la primera vez que un obrero del mineral de El Salvador cae muerto en una huelga.

El 11 de marzo de 1966, un destacamento militar abrió fuego contra los mineros que se encontraban en huelga en El Salvador, solidarizando con sus compañeros en lucha del mineral de El Teniente. En el lugar fallecieron seis obreros y dos mujeres. La respuesta de la CUT ante estos hechos fue el llamado a un paro nacional para el 15 de marzo. Con relativo éxito, paralizaron obreros textiles, metalúrgicos, salitreros, carboníferos, del calzado, panaderos, trabajadores de la salud, por nombrar los más importantes.

La “masacre de El Salvador” ocurrió bajo el gobierno del demócrata cristiano (DC), Eduardo Frei Montalva. Dicho partido hoy día compone el gobierno de Bachelet, y otra vez la cartera del Ministerio del Interior. Otra vez El Salvador es escenario de un asesinato de trabajadores en huelga, sin contar los tres heridos registrados hasta el momento. Otra vez bajo un Gobierno donde integra la DC. Otra vez el Estado es el único responsable, un Estado al servicio de los empresarios, que legisla para la Penta Casta, que modera todas las reformas. Un Estado dirigido por la Nueva Mayoría, donde está la DC y el PC, juntos en el Gobierno.

Hagamos como el año 1966. Que la CUT llame a paro nacional. La historia es para extraer lecciones, para transformar la realidad y construir un nuevo futuro. ¿Tomará esa lección la CTC y la CUT?