Luego de que el caso de la docente jubilada de Antofagasta se hiciera famoso por demandar a las AFP ante el Tribunal Constitucional, ha habido un explosivo cuestionamiento por parte de la población al sistema de las AFP. Ahora, al caso se suma una funcionaria de 60 años, perteneciente a la Atención Primaria de Salud Municipal de Puerto Montt.
Sábado 5 de octubre de 2019
Se trata de una enfermera de 60 años, perteneciente al servicio de Atención Primaria de la municipalidad, quien, al igual que el caso antofagastino, recurrió a la Corte de Apelaciones, para llevar su causa al Tribunal Constitucional.
La funcionaria afirma estar afiliada al sistema de AFP desde 1981, es decir, desde el momento de su creación, abultando una suma de un ahorro total de más de $51 millones aproximadamente.
Sin embargo, y como era de esperarse, la AFP Habitat, a la cual pertenece, se reusó ante el requerimiento de la mujer, afirmando que: “no podemos acceder a estas solicitudes cualquiera sea la causa invocada para ello, hasta que se cumplan los requisitos para pensionarse por vejez anticipada por vejez normal”, amparándose, según ellos, en el Decreto ley 3.500 de 1980.
Ante esto Patricia Romo, Presidenta Colegio de Profesores Comunal Antofagasta, militante de la Agrupación Nuestra Clase y del Partido de Trabajadores Revolucionarios, afirma que estos casos corresponden a “la realidad de cientos de miles de trabajadores jubilados en Chile es similar: nos imponen una vejez de pobreza, con pensiones miserables que se encuentran sumamente lejos del costo de una canasta familiar básica o incluso de un salario mínimo. Y con derechos básicos que no están asegurados en el Chile neoliberal (como salud o vivienda), la realidad de la tercera edad es dramática en el país.”
Además, Romo cuestionó que las empresas de AFP impidan que las y los jubilados puedan decidir qué hacer con su dinero, aseverando que: “A toda esta situación de abuso que viven las y los jubilados, se suma el hecho de que ni siquiera tienen acceso a ocupar libremente sus ahorros previsionales, el cual es fruto de la explotación laboral de toda una vida. Cabe preguntarnos de qué forma derribaremos el actual sistema miserable de pensiones, del cual se nutren todos los grandes inversionistas y empresarios en Chile, y que, por lo mismo, no podemos contar con que los empresarios se “convenzan” de que las AFP no deben existir, sino que debemos conquistarlo, y para ello se requiere de un combate y grandes movilizaciones que debemos dar entre todos.”
Sin duda alguna, ambos casos, como afirma la dirigenta del Colegio de Profesores Comunal Afta., representan una realidad de las y los adultos mayores en Chile. Personas que han dejado la vida en el trabajo, para luego recibir pensiones que muchas veces no superan los $150 mil mensuales. Todo esto, mientras el Gobierno busca por el contrario asegurar las ganancias de las AFP. Queda así patente la necesidad de un sistema de pensiones solidario y tripartito, gestionado por sus propios trabajadores, profesionales y usuarios.
