Declaración de la agrupación juvenil anticapitalista y revolucionaria, Contracorriente, ante el nuevo plan de ajuste contra la universidad pública de Ayuso en Madrid.
Jueves 29 de agosto
Ayuso planea un nuevo plan privatizador, esta vez contra la universidad pública. Se trata de un recorte del 30% del presupuesto, que va acompañado del endurecimiento del régimen disciplinario para poder imponerse. Este recorte obliga a las universidades a “hacerse cargo” de un tercio de su financiación pese a formar parte de un derecho esencial como es el de la educación pública. Otro ataque brutal a les estudiantes de la clase obrera, que abre la puerta a subidas de las tasas y expulsiones por no poder pagarlas, pero también un ataque a docentes e investigadores y trabajadoras de la universidad porque el plan se va a traducir en una mayor precariedad laboral.
El PP madrileño busca expulsar a una parte del profesorado e investigadores de la pública que no puedan aguantar la degradación de sus condiciones de trabajo, para que tengan que trabajar en las nuevas universidades privadas. De esta manera, Ayuso asegura trabajadores “baratos” y nuevos nichos de mercado para las empresas de enseñanza superior. En los últimos años, su gobierno ha aumentado el número de universidades privadas en la CAM a 17, mientras infrafinanciaba a las 6 universidades públicas, un claro ejemplo de cuál es el modelo educativo que impulsa la derecha madrileña.
La ley también empuja a las universidades públicas a una mayor “colaboración” con empresas y universidades privadas para su financiación. Es decir, cubrir las deficiencias del negocio de la privada con recursos públicos, y empeorar la calidad de la enseñanza e investigación de la pública subyugándola aún más a los beneficios de los capitalistas.
Por otro lado, el proyecto de ley es un avance importante en la criminalización de la protesta estudiantil. Ayuso y los capitalistas para quienes gobierna tienen claro que el plan privatizador no puede aplicarse sin represión. Así, la ley permite la sanción por parte de la Comunidad de Madrid a las universidades que no mantengan “el orden y el decoro en la vida académica” reforzando el régimen represivo que ya venían aplicando rectores y decanos en los campus gracias a la ley mordaza universitaria de Unidas Podemos, la LCU. Esto se produce, a su vez, en un contexto en el que tanto las autoridades universitarias madrileñas como el propio gobierno de la Comunidad pretenden impedir la movilización estudiantil que se dio, por ejemplo, a finales del curso pasado con el movimiento estudiantil en solidaridad con el pueblo palestino en las universidades. Según estas nuevas ordenanzas, actividades como las que llevaron a cabo les estudiantes en repulsa al genocidio podrían ser más duramente reprimidas. Todo un ataque a la organización estudiantil que pueda aparecer también en contra de este plan y recorte.
Este nuevo ataque del PP no avanza sobre el vacío, sino sobre la alfombra roja desplegada por las leyes universitarias de Unidas Podemos, maquilladas de progresistas. La LOSU ha consolidado la subida de tasas, reforzado la posición de las empresas en el gobierno de las universidades y ha mantenido la infrafinanciación de la educación. Mientras, la LCU permitía que los rectores y decanos pudieran sancionar y hasta expulsar a los estudiantes que “atentaran contra la convivencia en la universidad” y la propia Ley Mordaza del PP ha sido aplicada por el progresismo para perseguir a los estudiantes que se organizan, como ocurrió en febrero de 2023 cuando el estudiantado protestó contra la presencia de la embajadora de Israel en la Complutense y fue identificado y multado por la policía.
Además, el avance represivo de los últimos años demuestra que, en última instancia, los rectores se oponen a las únicas medidas que sirven para defender la universidad de los ataques privatizadores: la autoorganización, las huelgas y movilización de docentes, trabajadores y estudiantes. No podemos olvidar cómo apenas rechistaban contra el privatizador Plan Bolonia mientras estudiantes y docentes enfrentaban las cargas policiales para defender la gratuidad de la enseñanza universitaria, o el galardón que le dio Goyache a Ayuso -asegurado por la militarización de Ciudad Universitaria- mientras ésta asfixiaba la sanidad pública.
Sin duda esta medida del PP de la comunidad se trata de una reacción a las acampadas en solidaridad con Palestina y el resurgimiento del movimiento estudiantil, que teje nuevas alianzas con docentes y trabajadores de las universidades. Les estudiantes y docentes en solidaridad con Palestina, además de confrontar a la casta académica y empresas que gobiernan las universidades, señalan al gobierno central de PSOE-Sumar y al del PP de la Comunidad de Madrid por su complicidad en el genocidio del pueblo palestino. Temen el potencial que tiene el movimiento estudiantil como un altavoz de denuncia e impulsor de la movilización y de la lucha de clases.
En los últimos años hemos visto como el gobierno central ha aumentado los presupuestos militares y en pleno genocidio ha continuado suministrando ayuda a Israel, y el PP de forma aún más brutal acusa a los estudiantes de antisemitismo. Mientras, la situación de la juventud y de la clase trabajadora es cada vez más crítica: inflación, precariedad laboral, crisis de la vivienda y ataques a los derechos de la salud y de la educación. Además, debido a un capitalismo crecientemente contradictorio, la situación internacional es cada vez más convulsa. Crece la extrema derecha y las tendencias a la guerra, pero también surgen movilizaciones y revueltas en todo el mundo de las que la juventud es protagonista. Ante esta perspectiva, Ayuso se prepara para reprimir las luchas que vendrán, de las cuales las acampadas por Palestina son solo un anticipo.
Para tumbar las políticas reaccionarias de Ayuso en favor de las ganancias de la clase capitalista es necesario pegar con un solo puño. Con la movilización del conjunto de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y no docentes) en alianza con aquellos sectores de la clase trabajadora a los que se expulsa de la universidad (como la juventud precaria, las familias obreras o las personas migrantes) que sufren este plan privatizador del derecho a la educación superior. La experiencia y lecciones de lucha que nos dejan las acampadas por Palestina, de autoorganización en asambleas democráticas y con independencia del gobierno de turno, los partidos del régimen y las autoridades universitarias, nos marca el camino para enfrentar el ataque.
Por todo esto, es fundamental poner en pie un movimiento estudiantil que pelee contra los ataques a la universidad pública, pero también por mucho más. Luchar para imponer que las universidades sean 100% gratuitas, financiadas por impuestos a grandes fortunas, con becas y ayudas para quien lo necesite. Forzar la derogación de todas las leyes liberticidas (desde la LCU, pasando por la última reforma del Código Penal, hasta la ley mordaza) es imprescindible para enfrentar el plan privatizador, pero también para que pueda continuar el movimiento por Palestina. Y, frente a los capitalistas de la educación, luchar por la expulsión de las empresas de las universidades y por la expropiación de las universidades privadas. Por que las universidades estén bajo control estudiantil, docente y obrero, autoorganizadas en asambleas democráticas que pongan la educación y el conocimiento al servicio de resolver los grandes problemas sociales.
