Crisis hídrica. Un problema estructural sin soluciones a la vista

La sequía que atraviesa nuestro país desde el año pasado fue el detonante de una importante crisis hídrica que ha llevado a que desde hace más de 2 meses se este consumiendo en Montevideo y zona metropolitana agua no potable con elevados niveles de sodios, cloruros y trihalometanos.

La situación repercute especialmente en aquellos sectores vulnerables que no tienen acceso al agua embotellada para el consumo diario y grupos poblacionales de riesgo (personas con enfermedad renal crónica, insuficiencia cardiaca, cirrosis, embarazadas, etc.)

A pesar de las lluvias de los últimos días la escasez de agua potable puede agravarse aún más. Paso Severino se encuentra con reservas en mínimos históricos, en el entorno de 3millones de metros cúbicos de un total de 70 millones.

Mientras se construye y pone en funcionamiento la represa de Paso Belastiquí, que fue definida por el gobierno como una solución transitoria y a corto plazo, el presidente Lacalle Pou ya anunció que el agua por un tiempo puede dejar de ser apta para el consumo humano; es decir empeoraría aún más en relación a los parámetros actuales.

Las responsabilidades políticas de los gobiernos

Si en el comienzo de la crisis hídrica el gobierno de Lacalle centraba el problema en la falta de lluvias, con el correr de los meses este argumento ya resulta poco creíble.

Es evidente que ha existido falta de previsión, y ante una situación que venía empeorando no se tomaban medidas que pudieran dar alguna respuesta.

La construcción de la represa de Paso Belastiquí, que no es más que un mínimo parche en una situación de por si extremadamente complicada, podría haberse comenzado hace varios meses, y no cuando ya las reservas de Paso Severino están próximas a agotarse.

Desde el gobierno también intentan trasladar la responsabilidad del problema al Frente Amplio, por no haber realizado otras obras durante sus periodos de gobierno.

Todos se pasan la pelota, porque en definitiva el problema responde a una política de Estado en el que todos los partidos están comprometidos.

La falta de inversiones en infraestructura, así como sucede con la salud o con la educación, es parte de una política general de austeridad y bajos presupuestos para las necesidades populares, la que está diseñada en función de los intereses empresariales y siguiendo los lineamientos de los organismos multinacionales que responden al imperialismo.

Esta lógica atraviesa a todos los gobiernos, por eso podemos ver una continuidad entre la ley de riego impulsada por el Frente Amplio en 2017 que promovió los embalses y represas para uso privado y la falta de inversiones en OSE que ha acentuado el gobierno de la Coalición multicolor.

Recortes presupuestales en OSE y persecución sindical a sus trabajadores y trabajadoras

Aunque la crisis hídrica se veía venir, el gobierno continuó con su plan de reducción presupuestal en OSE.

Así lo vienen denunciando sistemáticamente sus trabajadores, planteando la reducción de las cuadrillas, la falta de personal para reparaciones, las pérdidas cuantiosas en las cañerías y otras situaciones que han contribuido a que se agudice el problema actual. La falta de personal, la política de no reponer cargos vacantes, los nombramientos a dedo y la falta de concursos impactan directamente sobre la disponibilidad de recursos humanos para hacer frente a la crisis.

Por otra parte, y en consonancia con la visión privatista del gobierno, los recortes en OSE tienen como correlato la mayor injerencia de empresas privadas y la profundización de la tercerización de tareas que corresponden al Estado.

Como parte de las acciones del gobierno no se puede dejar de lado el proyecto Neptuno, anunciado en la última etapa del año 2022. El proyecto prevé una importante inversión en la zona Arazati en San José para la provisión de agua potable y se realizará de manera privada a través de un consorcio de empresas llamado Agua de Montevideo. Se trata de una mega privatización del agua que no respeta el plebiscito del 2004 (reforma constitucional referida la política nacional de aguas y saneamiento) y que transforma a la provisión de agua potable para la población en una simple mercancía que asegura ganancias en el entorno de 700 millones por 30 años para las empresas privadas a cargo de la propuesta.

A este panorama se suma que el gobierno, en un intento burdo por distraer la atención pretende persigue y hostiga a las y los trabajadores que se movilizaron en la OSE el día que se abrían las ofertas del proyecto Neptuno.

Como bien señala el sindicato parece que importa más el humo en una movilización, que 60 días sin agua potable, o que un proyecto que compromete por 20 años un presupuesto total de 800 millones de dólares que pagará toda la población.

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Extractivismo Agronegocios, y modelo forestal

El riesgo de falta de agua potable dista de ser un problema atribuible a “la naturaleza”; hay decisiones políticas de décadas y que fueron sostenidas por todos los gobiernos que son fundamentales a la hora de entender la situación actual del agua y del medio ambiente.

Este modelo de país, que primariza al economía y coloca al Uruguay en un lugar de simple proveedor de materias primas está al servicio de generar “oportunidades de negocios” para los grandes empresarios del agrobusiness sin detenerse a considerar que tiene nefastas consecuencias sobre el medio ambiente y la calidad de vida de la población. Por años se ha denunciado el alto impacto negativo de las plantas de celulosa y la afectación en los suelos y el agua que estas generan.

Los trabajadores de OSE lo han dicho claramente en un comunicado difundido tiempo atrás: “las causas de fondo de la falta de agua disponible para potabilizar, así como de la calidad de la existente, se hallan en el modelo productivo que se aplica en nuestro país desde hace décadas y tiene como consecuencia un uso del suelo y cursos de agua que prioriza el lucro del capital por encima de las necesidades de nuestro pueblo”.

Por otra parte tampoco debemos olvidar el uso del agua por parte de las grandes empresas:

Mientras que el consumo total de agua de toda la población del país se ubica entre los 231 y 274 millones de m3, el consumo habilitado para uso privado se encuentra en el entorno de los 2.586 millones de m3 por año (dejando por fuera de esta cifra lo que corresponde a extracciones de agua de empresas públicas), es decir casi 10 veces más. Por el uso de esta impresionante cantidad de agua las empresas no pagan nada, aunque al usarse para los procesos productivos son un insumo cuyo uso redunda en las grandes ganancias que obtienen los empresarios.

19 empresas utilizan más agua que todos los habitantes del país (296 millones de metros cúbicos anuales para el desarrollo de sus actividades) y solo UPM dispone de más de 129 millones de m3 para su funcionamiento, seguida de cerca por Agriculture Investment Group con más de 106 millones de m3, entre otros ejemplos; es decir que empresas tomadas individualmente se llevan el equivalente a la mitad del agua consumida por los uruguayos. Mientras tanto las empresas productoras de arroz utilizan unos 1.437 millones de m3 (5 veces el consumo de agua potable de toda la población).

En el Código de aguas del año 1978 y en la Ley de políticas de agua del año 2009 se establece que el Poder Ejecutivo debe fijar cánones para el aprovechamiento de aguas públicas, destinadas a riegos o usos industriales o sea que el Estado debe cobrar por esa explotación del agua, pero como nunca se reglamentó, las empresas obtienen el agua gratis. Se da la paradoja que mientras la población debe pagar por el agua embotellada que consume, las empresas que la venden la obtienen gratis sin pagar nada.

Los cincos rubros de producción más importantes destinados a la exportación en Uruguay (celulosa, lácteos, soya, carne vacuna y arroz), son parte del agronegocio y a su vez consumidores intensivos de agua. Un concepto llamado huella hídrica da una imagen de las proporciones que involucra. La huella hídrica se refiere al uso directo e indirecto (esto incluye el uso de agua subterránea y superficial, sumado a la cantidad de agua necesaria para diluir la contaminación volcada a los cursos de ríos en el proceso de producción) del agua dulce para la producción medido a lo largo de toda la cadena de suministro.

Un estudio [1] que comparó la producción de agua potable con las actividades agrícolas, concluyó que en términos de huella hidríca, considerando valores de 2019 “la producción de arroz equivale a cuatro veces la cantidad de agua producida para el consumo humano, la celulosa la multiplica por diez, la soya por 17 y la carne por 20.” [2]

Como decíamos más arriba el agronegocio no paga nada por este uso del agua y de lo extraído según esta estimación y considerando solo estos rubros “la relación entre el agua con destino a la potabilización y el agua que se destina a producción es de 1:50” [3]. Y no solo esto, como más adelante demuestra este estudio citado [4], los consumidores de agua potable somos subsidiarios ambientales de la contaminación generada por estas actividades económicas, a través del pago de la tarifa de OSE y el creciente encarecimiento de la misma para el tratamiento de las aguas cada vez más contaminadas.

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Una respuesta obrera a la crisis del agua

Las y los trabajadores tenemos que luchar por una salida obrera y de una solución estructural al problema del agua. Esto incluye terminar con este modelo productivo extractivista y del agrobusiness, en manos de un puñado de empresas que saquean los recursos del país.

La lucha por el acceso a agua de calidad, es parte de la lucha contra la contaminación ambiental que impone el capitalismo, un sistema irracional que está llevando al propio planeta a la catástrofe, solo por garantizar el enriquecimiento de una minoría privilegiada.

A corto plazo y de manera inmediata hay que exigir que el gobierno la exoneración del pago del servicio de OSE mientras que el agua no sea potable y apta para consumo humano sin riegos.
Hay que terminar con los privilegios de los empresarios del agrobusiness y las empresas embotelladoras que obtienen agua para sus negocios de manera gratuita. Que todas las empresas que usan agua paguen por su uso.

Basta de criminalizar la justa protesta de las y los trabajadores de OSE que se movilizan contra la estafa privatizadora del proyecto Neptuno y en rechazo a los recortes en la empresa.

Es necesario dotar a OSE de todos los recursos necesarios, terminando con la falta de personal y carencia de inversiones y hay que acabar también con las tercerizaciones que son formas encubiertas de privatización; así como poner a OSE bajo control de trabajadores y usuarios, los que podrán disponer de las prioridades en función de las necesidades y demandas del pueblo trabajador.

A partir de esto se podrá avanzar en un plan de obras de infraestructura que resuelva la provisión de agua en la zona metropolitana, protegiendo a su vez la cuenca del Santa Lucia con un control estricto de los contaminantes y desechos industriales.

Son las y los trabadores organizados y movilizados, confiando en sus propias fuerzas y con un programa de cambios profundos y reformas estructurales de la economía del país, los que pueden asegurar una salida progresiva a la crisis hídrica que atraviesa el país.

Colectivos, organizaciones, activistas, trabajadoras y trabajadores vienen movilizándose activamente y con distintas iniciativas desde hace meses para reclamar medidas concretas y populares para la crisis hídrica.

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Sigamos el ejemplo de Jujuy, Argentina, donde el pueblo trabajador y las comunidades originarias se pusieron de pie contra el modelo extractivista que en esa zona se expresa en el saqueo del litio por parte de las grandes multinacionales; y hoy están dando una heroica lucha contra el gobierno represor de Morales.

Hay que ganar las calles para que el reclamo sea masivo por eso desde La Izquierda Diario y Pan y Rosas Uruguay adherimos y convocamos a participar activamente de la marcha por el agua del próximo miércoles 19 de julio.

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