JxSí y CUP han registrado la apertura de las ponencias de tres leyes con las que iniciar la “desconexión” con el Estado español. Se inicia así el desarrollo de una resolución, la del 9N, que sigue dejando la última palabra a una negociación con el siguiente gobierno central.
Viernes 5 de febrero de 2016
Foto: EFE
Este miércoles, los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la CUP registraban en el Parlament la solicitud para crear las tres ponencias encargadas de la redacción de las primeras leyes de “desconexión” con el Estado central.
Esta fórmula, la de la redacción por la vía de ponencias, permite que todos los grupos parlamentarios puedan integrase en la discusión y elaboración de las mismas. Las leyes previstas serán la de “régimen jurídico catalán”, la de la “administración tributaria catalana” y “la ley integral de protección social catalana”.
La primera será la encargada de posibilitar el proceso constituyente, según sus impulsores. La han presentado como una ley de transitoriedad jurídica, que pretende preparar los pasos necesarios para ocupar el posible vacio legal que se abra entre la legislación española y la futura legislación catalana.
La segunda de ellas, sobre la administración tributaria catalana, pretende generar una estructura que pueda gestionar para la Generalitat todos los impuestos de los catalanes. Es decir poner en pié una Hacienda propia, alternativa a la Agencia Tributaria.
Y la tercera se propone lo mismo respecto a la formación de un servicio de seguridad social que pueda ofrecer las prestaciones que hasta hoy están cubiertas por la Tesorería General de la Seguridad Social.
JxSi y la CUP han defendido este paso con un idéntico discurso. Para ambas formaciones se trata de la puesta en marcha de la declaración de “deconexión” que acordaron y fue aprobada con sus votos en el Parlament de Catalunya el pasado 9N. Ésta preveía, en su quinto punto, que en el plazo de un mes tras la constitución del nuevo gobierno se pondrían en marcha los mecanismos para la elaboración de estos tres textos.
En ella también se proclamaba la “desconexión democrática” de las instituciones del Estado español, en especial del Tribunal Constitucional (TC) que viene actuando como el brazo ejecutor del centralismo, y la predisposición a formar una república catalana.
Benet Salelles, diputado de la CUP, destacó la importancia de empezar a desarrollar la resolución del 9N y confirmó que los diputados de la CUP estaban muy satisfechos con los pasos dados desde el Parlament hacia la construcción de la república.
No se entró a valorar los peros de la fórmula elegida para ponerlas en marcha. La via de las ponencias es la más lenta para tramitar las leyes, ya que no es un redactado entre las formaciones que quieren que salgan a delante estas leyes, por lo que el proceso puede demorarse en función de la participación de los demás grupos parlamentarios. Por el momento PP, Ciutadans y el PSC han dicho que no serán parte de las ponencias.
Sin duda, las instituciones y el Gobierno central -actualmente en funciones- impugnarán las ponencias como parte de la ofensiva españolista llevada adelante por el PP. El TC ha ido anulando cualquier paso dado por el bloque soberanista catalán, siempre a instancias del gobierno del PP, y con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. La última fue la misma declaración del 9N. En aquel momento, fuentes del ejecutivo español señalaron que estarían capacitados para para iniciar un seguido de acciones que podrían acabar incluso con la suspensión de la autonomía de Cataluña, por medio la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
Sin embargo, las ponencias registradas el pasado miércoles y la misma declaración del 9N chocarán también con una auto-limitación infranqueable. El noveno punto de la declaración de “desconexión” se manifiesta abiertamente por abrir un proceso de negociaciones con el Estado central para conseguir el reconocimiento de la Constitución de la posible república catalana. Es decir los ocho puntos anteriores se supeditan a lograr un acuerdo con el Estado español que los termine avalando.
El proceso, o mejor dicho el “procesismo”, encorseta toda la prosa, más o menos encendida, de “ruptura” y “desconexión”, y hasta las resoluciones y leyes que se pretenden sacar adelante en esta legislatura como parte del pacto entre JxSí y la CUP, a que sean avaladas o no por el Estado español en una mesa de negociación.
Todo un engaño por lo tanto, para los millones de catalanes que vienen expresando masivamente desde 2012 sus aspiraciones a ejercer el derecho a decidir y abrir un verdadero proceso constituyente en contra del Régimen del 78.
La hoja de ruta marcada por Artur Mas y CDC -ahora con Puigdemont a la cabeza-, sigue su curso sin oposición a la vista dentro del bloque soberanista. La desactivación de la movilización social por el derecho a la autodeterminación y la conducción de todo el proceso a la vía institucional y de negociación, se sigue imponiendo.
CDC sigue ganando tiempo, evita que se le mande al “basurero de historia”, mientras intenta redundarse, salvar los muebles y continuar aplicando las políticas de ajuste de los últimos años. Y a la vez, logra que el movimiento democrático catalán no salga de una permanente postergación, a la espera de poder entablar negociaciones con el siguiente gobierno central, con la esperanza de que no repita el PP.
Que los diputados de la CUP avalen y sea parte de esta hoja de ruta embellece las tretas e intento de desvío de CDC y le hace un flaco favor a la lucha por el derecho a decidir. En vez de ser parte de una estrategia que se pretende supeditar a una futura negociación, es necesario que la izquierda independentista rompa su acuerdo con JxSí, y junto al resto de la izquierda anticapitalista y los movimientos sociales, trabaje por fortalecer la organización y movilización social por el derecho a decidir y por la agenda de los trabajadores y sectores populares.
El Régimen del 78 no concederá el derecho a decidir en una mesa, menos aún un proceso constituyente. Y los representantes políticos de la burguesía catalana ni pueden ni quieren poner en marcha las fuerzas sociales para conquistarlo. La única vía realista es la de la movilización social, con los trabajadores al frente y en alianza con el resto de sectores populares del Estado. Solamente poniendo en pie un gran movimiento por el derecho a decidir y por abrir un verdadero proceso constituyente podremos oponer una lucha efectiva contra la ofensiva españolista y luchar por imponer las aspiraciones de millones de catalanes.
