Frente a la crisis socio-sanitaria generada por el COVID-19 que azota al mundo, en la Argentina, el Gobierno de Fernández dictó una cuarentena obligatoria con la vigilancia de las fuerzas represivas. Medida que fue extendida hasta el 12 de abril en conferencia donde el presidente habló de un "falso dilema" acerca de si se debía priorizar la salud o la economía, además agregó que "de la economía se vuelve, de las muertes no". Pero mientras, se impulsa el #QuédateEnCasa, se estima que cerca de 6 millones de trabajadores continúan asistiendo a sus lugares de trabajo pese a la cuarentena en el país.
Viernes 3 de abril de 2020 12:35
Foto: La Nación
Quienes no se quedan en casa se ven expuestos diariamente a riesgos de contagio de COVID-19 en las fábricas, hospitales, supermercados o en el campo ya que no se garantizar condiciones de higiene o porque se encuentran hacinados en los ingresos de los subtes y ferrocarriles o colectivos internos para llegar a sus trabajos. Como los aeronáuticos expuestos en primera línea en la repatriación de argentinos varados en el exterior o frente al combate del virus como las y los trabajadores de la salud. Entonces no está claro cuál es la situación de las y los trabajadores que tienen que salir a trabajar exponiéndose a enfermase. Y si se enferman o fallecen, no hay garantía si la ART va a cubrirlos. Entonces el verdadero dilema es quiénes arriesga más en esta crisis: ¿trabajadores o empresarios?.
Mientras trabajadores de distintos sectores, estudiantes, laboratorios y fábricas recuperadas como Maygraf, Farmacoop, entre otras, proponen comenzar a producir elementos indispensables para combatir la pandemia, los principales grupos económicos nacionales y multinacionales siguen centrados en su única preocupación: no ver afectadas sus ganancias.
Ahora bien en el marco de esta situación extraordinaria que pone la vida en peligro es urgente que las plantas imponentes de diversas ramas de la economía que han acumulado y multiplicado sus ganancias a costa de los trabajadores estén puestas al servicio de una salida colectiva. Para esto las industrias tienen que ser reconvertidas y puestas al servicio del plan nacional de salud dirigido por especialistas de las universidades públicas junto a los trabajadores. Pues lejos de esperar un gesto solidario de las patronales, cuando es de público conocimiento el rol genocida de importantes industrias durante la última dictadura cívica-militar. Es la clase trabajadora la única que históricamente y actualmente está demostrando que su intervención es esencial para enfrentar esta crisis y brindar medidas de fondo para que el conjunto de la población tenga asistencia médica, alimentos y los servicios necesarios.
Como vemos la pandemia del coronavirus vino a desnudar no sólo las condiciones de un sistema de salud desfinanciado, fragmentado y obsoleto hecho a medida de los planes neoliberales del FMI y el Banco Mundial, sino también la sed de ganancias de las patronales. Esto queda al descubierto cuando numerosas fábricas y establecimientos que no son considerados sectores esenciales, las patronales quieran total normalidad para producir como se plasmó con los ejemplos de Tenaris/Siderca del grupo Techint o en las grandes empresas bodegueras de Mendoza.
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En el caso del personal de salud, que son unas de las poblaciones más expuestas, son moneda corriente las denuncias y exigencia de los elementos de bioseguridad adecuados y en cantidades suficientes para no infectarse, como expreso la trabajadora del Hospital Pirovano: “no somos héroes, somos trabajadores precarizados”.
En este sentido, consultamos a la Licenciada en Higiene y Seguridad Sandra Collado, quien afirmó en esta entrevista que en el sector "la tendencia a contratar prestaciones de servicio donde se los considera un proveedor temporario, no garantiza cuestiones básicas de seguridad social como respaldo de una ART que cubra a los posibles accidentes de trabajo (cortes, golpes, caída, resbalones) o el contagio de una enfermedad como el propio coronavirus que los deja en una posición de vulnerabilidad que no solo estresa, sino que también puede matar al “sanador”.
Idealmente si un trabajador contrae una enfermedad producto de su labor, debería considerarse una enfermedad profesional y por lo tanto ser atendido y recibir las prestaciones médicas pertinentes por parte de una ART. Pero una vez más las aseguradoras se desligan del problema.
Nuestra salud y nuestras vidas valen más que sus ganancias
Las ART son organismos aseguradores que ingresaron al ámbito de la salud laboral de la mano del menemismo, sostenidos por los sucesivos gobiernos hasta la actualidad. La Ley de Riesgo de Trabajo rige cómo se responsabilizará la patronal y sus aseguradoras frente a los accidentes y enfermedades laborales. Su diseño que revela su carácter pro empresario tuvo como fin garantizar la ganancia de un grupo de especuladores, hoy agrupados en la UART. La cobertura es muy limitada porque muchas enfermedades laborales no son cubiertas, por más que una enfermedad tenga una directa conexión con el trabajo por no aparecer en el listado elaborado por el Poder Ejecutivo en el Decreto 658 del año 96 y sus sucesivas modificaciones. O queda en la Secretaria de Riesgo de Trabajo, en un acto de caridad, considerar como enfermedades laborales determinados casos particulares, cosa que rara vez sucede en tanto dicho organismo de control se encuentra financiado por las ART. Este sistema nefasto de enfermedades listadas que ha recibido críticas de abogados laboralistas desde su creación y que fue declarado inconstitucional por la CSJN a la fecha se mantiene vigente.
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Ante las primeras manifestaciones del CORONAVIRUS en el país, estas no tardaron en negar su responsabilidad frente a los casos en los que deberían responder, como ha sido reflejado en los medios de circulación nacional. El lucro de la ART no se detiene ni en plena pandemia y llega un nivel de irracionalidad tan brutal y deshumano que ni siquiera aceptan cubrir las prestaciones médicas de las y los trabajadores de salud. Es escandaloso que estos organismos que en el último año tuvieron ganancias cercanas a los 50 mil millones de pesos pero al momento de tener que asegurar el cuidado de la salud de los trabajadores nieguen lisa y llanamente las míseras prestaciones que tienen que garantizar.
Contra a esto el Presidente balbucea amenazas contra los grandes grupos empresario, pero, así como no se prohibieron los despidos desde el inicio de la cuarentena, tampoco se adecuó la normativa para proteger la salud de los trabajadores. Todos los días miles ponen en riesgo su salud sin tener las condiciones de higiene y seguridad aseguradas. Por eso frente a la prepotencia patronal que juega con nuestras vidas exigimos la aplicación de test masivos para la población, eliminación de sistema de enfermedades listadas, cualquier enfermedad laboral debe ser cubierta por las ART, incluso el COVID-19. La creación de comisiones de higiene y seguridad dirigidas por los trabajadores para una adecuada prevención de los riesgos laborales.
De la mano de un sistema público y centralizado de salud que asegure la restitución de la integridad psicofísica una vez afectada la misma porque nuestras vidas valen más que sus ganancias. Basta de dejar la vida en los lugares de trabajo.