Una familia con dos hijos compró un terreno baldío a pocas cuadras de la ruta 25, en Villa Rosa. Luego de construida su casa, la empresa FV los denunció penalmente alegando que es de su pertenencia.
Viernes 5 de agosto de 2022
La causa fue iniciada en 2018, un año después de la compra. Además de ellos, otras 5 familias compraron en simultáneo pero solo su terreno es el que FV dice que le pertenece.
La familia intentó contactarse con el intendente Federico Achával del Frente de Todos, pero no obtuvo una respuesta.
La vivienda, un derecho elemental
Pasan los gobiernos y el déficit habitacional sigue siendo un grave problema estructural; tener un techo en un terreno propio se ha vuelto un sueño imposible para las familias trabajadoras.
En Argentina se calcula que existen alrededor de 8, 8 millones de familias con problemas habitacionales. Como paradoja, al mismo tiempo existen 2 millones de viviendas vacías (Fuente: La izquierda diario).
En Pilar, una familia tipo (4 integrantes) necesita al menos 60 mil pesos al mes para alquilar un piso con dos dormitorios, equivaliendo al 50% del salario promedio, aunque la mayoría de las ofertas publicadas superan los $100 mil y un 35% está dolarizada (Fuente: Pilar a Diario) teniendo en cuenta que las grandes mayorías cobran entre 50 mil y 70 mil pesos.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso en marcha hace unas semanas el programa Buenos Aires Crea, que solo otorga pequeños créditos para la refacción de viviendas pero no brinda soluciones para resolver este problema de fondo.
Ubicada en la localidad de Villa Rosa, Pilar, la planta de FV tiene 60.000 m² y ha mantenido un vínculo cercano con los intendentes de Pilar como Ducoté en 2018 y actualmente Achával, quienes realizaron múltiples visitas y donde hasta fue instalada una posta de vacunación el año pasado.
Mientras las grandes constructoras ganan muchísimo dinero con la especulación inmobiliaria en un contexto económico donde, según un informe de Cifra-CTA, desde 2016 la transferencia de recursos de los trabajadores a los grandes empresarios fue de 70.000 millones de dólares, y de ese total, 41.000 millones fueron transferidos durante el gobierno del Frente de Todos, resulta urgente un plan de obras públicas controlado por los mismos trabajadores y las familias, para construir viviendas.
Frente a esta situación hay muchos sectores que se vienen organizando para vivir dignamente y no ser desalojados, como recientemente lo hicieron las familias del barrio Ferrum, también estafados y en defensa de sus viviendas, los vecinos del Barrio Obligado en San Miguel, así como en La matanza y la lista de barrios que vienen exigiendo que se garantice el derecho a la vivienda sigue, mientras los municipios responden con represión y desalojos ante esta gran crisis habitacional.
