Sin la presencia de una oposición desflecada, el kirchnerismo firmó un dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales para dar inicio a una reforma en los servicios de inteligencia. Así el gobierno de Cristina se propone sancionar el proyecto de ley que disuelve la Secretaria de Inteligencia (SI) y la reemplaza por la Agencia Federal de Informaciones antes del 1º de marzo, cuando el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa auspician la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. De esta manera, el kirchnerismo pretende tomar una bocanada de oxígeno y recuperar la iniciativa política tras el brutal revés propinado por la dudosa muerte del fiscal Alberto Nisman que lo arrojó contra las cuerdas, en medio de la feroz interna entre los servicios de inteligencia que el mismo gobierno alentó, a sabiendas de sus vínculos orgánicos con la CIA y el Mossad. Por eso es una iniciativa sin ninguna épica para cubrir su retirada lo menos deshonrosamente posible.
Jueves 5 de febrero de 2015
Milani
El proyecto de reforma del sistema de inteligencia presentado por el kirchnerismo afecta solo a la SI, excluyendo los servicios de inteligencia de las FF.SS. y de las FF.AA., controlados por el teniente general Milani, quien incorporó la mas moderna y sofisticada tecnología para actividades de espionaje y cuenta con un presupuesto de $818 millones, una suma increíble por donde se la mire cuando no existe ninguna hipótesis de conflicto militar.
De ese modo, Milani pasa a ser el hombre fuerte de la inteligencia en las sombras, restaurando ese servicio estratégico al dominio de las FF.AA., tal como lo mantuvieran durante el régimen libertador (entre la Revolución Fusiladora de 1955 y la dictadura del general Agustín Lanusse) y la dictadura genocida. Parece que esas instituciones escapan a la “deuda de la democracia” por la que hoy se rasgan las vestiduras progresistas y derechistas de todos los pelajes.
Impunidad
La iniciativa de marras se limita a un cambio en el orden jurídico “que apunta fundamentalmente a jerarquizar la actividad de inteligencia en el marco de la democracia y los derechos humanos”, como declaró el legislador del FPV Marcelo Fuentes, titular de la comisión de Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales. Si el mismo gobierno de Cristina alimenta la hipótesis de que detrás de la misteriosa muerte de Nisman están los servicios de inteligencia, será por gracia divina que se subordinen a los “derechos humanos” los 2000 agentes orgánicos (y la indeterminada cantidad de inorgánicos) que pasarán a formar parte de la AFI.
Al mismo tiempo, Antonio “Jaime” Stiusso, el temible ex director de Operaciones y treinta de sus cuadros jerárquicos, desplazados en la purga de diciembre, gozaran de plena impunidad. Stiusso y los suyos tendrán plena capacidad para hacer de las suyas, a partir de sus vínculos con todo el régimen, abriendo una caja de Pandora de consecuencias impredecibles. Al respecto, conviene recordar que durante el gobierno de Raul Alfonsín la purga efectuada en la SIDE libró al azar personajes como Aníbal Gordon, un ex delincuente devenido en parapolicial de la Triple A, amo y señor del centro clandestino de detención Automotores Orletti, uno de los “pesados” de la “Casa” que como “mano de obra desocupada” se dedicó al gran delito y a los secuestros extorsivos (entre ellos, el secuestro del dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly), presuntamente con el siniestro clan de Arquímedes Puccio.
Escuchas
Entre otros puntos, el proyecto reserva la facultad de las escuchas telefónicas legales en manos del Ministerio Publico Fiscal de la procuradora Alejandra Gils Carbó, desplazando de esa actividad a la Dirección de Operaciones Judiciales, conocida como la nefasta “Ojota”, donde pisaban fuerte Stiusso y sus sicarios. La objeción declamada por la oposición resulta una hipocresía. En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de escuchas está bajo la responsabilidad del procurador general Martín Ocampo, un peón incondicional de Mauricio Macri, sin ninguna observación de los “republicanos”. Lejos de ser un “cuarto poder” o un “extra poder independiente”, el Ministerio Publico, creado tras la reforma constitucional de 1994, es una institución estrechamente vinculada al Poder Ejecutivo, como lo demuestra la misma Gils Carbo quien, recostada sobre las prerrogativas del Código Procesal Penal, se propone la designación de 18 fiscales generales y cerca de 2000 funcionarios para garantizar impunidad post 2015 a varios kirchneristas procesados por denuncias de corrupción.
En otras palabras, las tareas de espionaje seguirán respondiendo a los gobiernos de turno, como sucedió históricamente.
Cabe añadir una pregunta obligada: ¿qué sucederá con las escuchas “ilegales” de agentes como el extinto Pedro “el Lauchón” Viale? el prototipo de lumpen que puebla esos “sótanos de la democracia” al servicio de los poderosos como moneda corriente.
Control
Más de una humorada arranca la creación de una comisión bicameral de control, sin ninguna otra definición más que establecer “mayor transparencia”. La vigente Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia con un presupuesto anual de casi $11 millones fue un cero a la izquierda durante toda la década ganada con consentimiento explícito del kirchnerismo y la oposición. Cristina utilizó discrecionalmente la AFIP, ocultando el movimiento de los fondos reservados de la SI, estimados en más de $800 millones. Esa “cadena de la felicidad” estaba montada sobre los pagos millonarios a periodistas y medios de difusión, jueces y funcionarios de los tres poderes que actuaban simultáneamente como informantes y difusores de la SI.
La ironía es que este órgano de contralor surgió en 2001 para sustituir la entonces comisión de control que hizo la vista gorda cuando la SIDE de Fernando de Santibañez aportó las coimas a los legisladores del PJ y la UCR para sancionar la reforma laboral antiobrera, recordada como la Ley Banelco. Como decía el general Perón, la mejor forma de hacerse el burro es crear una comisión.
De todos modos, el control de una institución de ningún modo modifica su naturaleza. La Comisión de Control de Inteligencia del Congreso de EE.UU. supervisa los planes y fondos de la CIA, la organización de asesinos profesionales por excelencia más importante del mundo.
Ocupar espacios
Las feligresías populistas que orbitan junto a la llamada izquierda k reivindican la reforma en la inteligencia estatal orientados bajo la idea de ocupar espacios de un “Estado en disputa”, “colonizado por el neoliberalismo”, en la perspectiva de “un desplazamiento de las relaciones de poder dentro del poder estatal” a favor del pueblo, como alguna vez escribió el teórico de la socialdemocracia alemana Karl Kautsky. Sin embargo, la experiencia del gobierno de Alfonsín demuestra todo lo contrario.
Tras la purga de 1983, la entonces “progresista” juventud radical nucleada en la Junta Coordinadora Nacional entró con más de un centenar de sus cuadros a la SIDE, desplegando sus banderas “democráticas” para terminar infiltrando los sindicatos. Los desmanes en el local de Modart durante una de las más grandes marchas convocadas por la CGT y la infinidad de provocaciones y operaciones confucionistas (masacre de los militantes del MTP en el asalto al cuartel de La Tablada) desde ya no les fueron ajenos. ¿Acaso el destino a seguir de La Cámpora cuando asoma el crepúsculo?
El genuino interés de terminar con todas estas instituciones que conspiran contra el pueblo trabajador hunde sus raíces en las bases del mismo Estado mediante el cual los capitalistas garantizan su dominación sobre las clases subalternas. La movilización independiente en las calles y el legítimo derecho a la autodefensa de las organizaciones obreras y populares son la única forma de hacer efectiva de disolver todas las letrinas del Estado y la apertura de todos sus archivos secretos, en oposición a la impunidad que propician todas las fracciones del régimen, las mismas que encubrieron la causa AMIA durante más de 20 años.
